La Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda recibió a la delegación del Instituto Nacional de Colonización integrada por su presidente, doctor Julio Cardozo, su vicepresidente, ingeniero agrónomo Guido Machado, los directores Rodrigo Herrero, profesor José Amy e ingeniero agrónomo Andrés Berterreche y demás autoridades.

El tema arriba de la mesa y de conocimiento público era la propuesta de fideicomiso presentada a última hora en la Rendición de Cuentas para intentar dar solución a los asentamientos irregulares.

El primero en hacer uso de la palabra fue el presidente Julio Cardozo, que historió: “El instituto tiene dos leyes que fortalecen su funcionamiento; una del año 2006 y la otra de 2012: una norma que deriva del ICIR y otra de Rentas Generales, del ITP. Una nos permite comprar tierras en un 90% -la Ley 18.064- y un 10% nos queda para inversiones. En la ley de presupuesto esa norma ya fue topeada por el Poder Ejecutivo en $ 100.000.000. La otra ley, para inversiones y estructura, ingresa también en el fideicomiso. Como primera opinión y referencia, queremos señalar que nosotros no estamos en desacuerdo con que esas leyes formen parte del fideicomiso, tal como establece al proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Lo que sucede es que tenemos compromisos planificados y asumidos en el plan estratégico y en los programas de desarrollo de los presupuestos anuales, que involucran cierta cantidad de dinero de esas dos leyes que hoy pasarían al fideicomiso. En este proceso -es bueno decirlo también- ya habíamos recibido por parte del gobierno nacional la limitante de los $ 100.000.000, establecidos en el presupuesto nacional”.

 

El anuncio del fideicomiso

Cardozo ante los miembros de la comisión narra: “Posteriormente, a través del Ministerio de Ganadería se nos habló de un proyecto para utilizar los recursos que teníamos para atender, no solo a los colonos, sino también a productores lecheros con dificultades a escala. Luego, recibimos el llamado de la señora ministra de Economía, manifestándonos la intención de hacer el fideicomiso del que estamos hablando. En ese interín, entre que conocemos el tenor del proyecto de ley, su redacción, nosotros estábamos trabajando en el presupuesto y tuvimos que modificarlo unas tres veces. Nuestra preocupación fue tal, que se la planteamos a la señora ministra, quien nos encomendó hablar con técnicos del Ministerio de Economía y nos aseguraron que teníamos esos $ 100.000.000 seguros. Nuevamente hubo un cambio en la redacción del proyecto de ley y fuimos a hablar con el señor presidente de la República para explicar la problemática que teníamos, quien entendió y justificó el tema de la importancia del Instituto Nacional de Colonización, pero también nos hizo ver la relevancia de los fines que se perseguía con la ley de creación del fideicomiso. Por eso hoy tenemos la preocupación, justamente, de cómo terminar la redacción del artículo 209 que involucra al Instituto Nacional de Colonización en el marco de lo que estamos elaborando hoy y que en estos días debemos presentar: el presupuesto del año 2022. Es bueno decir, además, que los fondos que tenemos de esta ley no los usamos indiscriminadamente. El Ministerio de Economía y Finanzas marca claramente el perfil y de acuerdo a nuestras demandas nos pregunta para qué queremos los fondos; de esa manera, nosotros los recibimos”.

 

Defensa del rol del INC

Varios dirigentes del oficialismo han cuestionado el rol del instituto en declaraciones a los medios públicos. En ese sentido Cardozo refirió: “Se nos ha cuestionado la compra de tierras. Las compras de tierra no son antojadizas, interviene el artículo 35 de la Ley 11.029 y las compras directas necesitan la aprobación de Presidencia de la República. Digo esto porque es bueno aclarar que el instituto, si bien es un ente autónomo, es muy cuidadoso de las necesidades del país, de su accionar y de usar esas divisas que nos permiten estas leyes que hoy estamos discutiendo. Si la norma se aprueba así como está, comenzaría a regir el primer día del año que viene y nosotros, mientras tanto, estamos recibiendo fondos de las leyes del instituto, que se encuentran en el fideicomiso del proyecto y en el artículo 209. Por otro lado, queremos saber a ciencia cierta de esos $ 100.000.000 que necesitamos para el presupuesto, que se nos habían asignado para todos los años: si van a ser efectivos en su momento, de acuerdo a las modificaciones que se puedan lograr en la redacción del articulado”.

El director Guido Machado presentó números concretos sobre la gestión del instituto. “En el instituto, cuando comenzó esta administración, había cerca de 40.000 hectáreas para distribuir; se han distribuido aproximadamente 20.000; a fin de año estaremos completando la entrega de 12.000 hectáreas más y calculo que en mayo o junio del año 2022 el instituto habrá culminado la adjudicación de todas las tierras que tenía en su cartera. ¿Y cómo se han adjudicado estas tierras? Con la difícil tarea de adjudicar tierras a una familia cuando hay, a veces, cincuenta, sesenta o cien postulantes. Debe haber 10.000 familias en Uruguay que tienen la vocación de ser colonos y podríamos decir que debe haber 2.000 con excepcionales condiciones para ser colonos exitosos que cumplan a cabalidad con todo lo que establece la norma y las leyes posteriores. En nuestro plan estratégico hay una cantidad de cosas que nosotros queremos promover, por ejemplo, la compra de tierra por parte de los colonos -esto está establecido en la ley original, la Ley 11.029 de 1948- y una serie interminable de cuestiones que son importantes para mejorar la gestión de los colonos al frente de sus fracciones. Ahora, todas estas cosas suponen un presupuesto y estas propuestas las hicimos con base en un presupuesto que estaba ya terminado y con el cual contábamos. Hay un proyecto que realmente me parece muy importante, que es el de la calidad de la colonización, que he apoyado enfáticamente, que supone una inversión relevante en las colonias y hace a su mejoramiento hacia adentro. Supone mejorar, fundamentalmente, la calidad de vida de los colonos y su capacidad de producción. Allí también, nosotros, en nombre del Partido Colorado, establecimos la posibilidad de generar un fideicomiso porque, leyendo entre líneas, veíamos venir algo parecido a la situación que estamos viviendo hoy, y este es uno de los planteamientos que venimos a hacer. Si bien es cierto que nosotros estamos absolutamente de acuerdo con que se vuelquen esfuerzos y recursos de la nación a erradicar los asentamientos, estamos convencidos de que hay que proseguir con esta gran acción colonizadora que ha realizado el instituto lo largo de todas estas décadas. Concretamente, nosotros estamos planteando a esta comisión mantener los $ 100.000.000 que estaban presupuestados, que contaron con la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas. Queremos contar con los US$ 30.000.000, que son del Instituto Nacional de Colonización, porque no se puede votar una ley retroactiva y esos fondos están direccionados al Instituto Nacional de Colonización. Por último, como decía anteriormente, queremos abrir por nuestros propios medios, ya que se nos cierran determinadas puertas, la posibilidad de tener un fideicomiso que nos permita continuar con la acción colonizadora, por lo menos, por 15 años más para adelante. Luego, las nuevas administraciones, los nuevos poderes legislativos que se conformarán en esta democracia preciosa que tenemos los uruguayos verán el rumbo que le darán a este instituto”.

El director por el Frente Amplio, Andrés Berterreche, ratificó lo expresado por los integrantes del directorio y agregó: “El instituto no solamente compra y asigna tierras a quien más lo merece y no puede acceder a ellas por vía del mercado: también genera soberanía. En muchas fracciones en la frontera, donde antes había extranjeros, hoy hay productores nacionales afincados, en la mejor defensa de nuestra soberanía. También le da cristalinidad a un mercado de tierras que, muchas veces, se ve tentado de ir por caminos no adecuados, ya que cuando se presentan sistemas de compraventa por precio vil, el instituto puede hacer opción por esas tierras y, entonces, se obliga a que ese mercado sea por la vía legal. Hace poco tiempo, en esta misma casa se aprobó una serie de medidas para el sector lechero. Es muy difícil ver el desarrollo de un sector lechero sin el Instituto Nacional de Colonización. El cien por ciento de los campos de recría, miles de hectáreas de campo de recría del sector lechero son del Instituto Nacional de Colonización. Los bancos de forraje, los bancos de semilla, que tienen varias organizaciones lecheras son del Instituto Nacional de Colonización. El 25% de los productores lecheros y, principalmente, el 50% de los arrendatarios del sector lechero son colonos. Es por eso que defendemos los fondos del instituto sin egoísmo, con la generosidad de entender situaciones que también es importante que se las atienda. En la ley de presupuesto se le sacaron al instituto, por la vía del tope, $ 380.000.000; esos US$ 8.000.000 fueron retirados de la capacidad de compra de tierras del instituto y, perfectamente, pudieron y pueden ser utilizados para un fideicomiso para los asentamientos. Es más: si se precisara algo más para generar el fideicomiso, el instituto tiene buena disposición a negociarlo. El hecho es que si se retiran todos los fondos por 15 años, más allá de si la medida es o no constitucional -no me corresponde meterme en este tópico-, se inmoviliza al instituto, que no tiene como finalidad solamente, como se dice, comprar tierras: también están ahí las casas de los colonos, los tambos de los colonos; los caminos; los apoyos que muchas veces se le da a la escuela rural; el apoyo para un desarrollo rural en el territorio, verdadero. No se trata solamente de compra de tierra. Y, bueno, sacarle estos recursos, que están destinados para compra de tierra, pero también para inversiones en las colonias ya establecidas y a establecer, es dejarlo con respirador artificial”.

El director Amy expresó a los diputados miembros de la comisión: “Voy a hablar por los cuatro integrantes de la coalición. Nosotros estamos total y absolutamente de acuerdo en viabilizar la iniciativa que tiene el Ejecutivo en el sentido de que, a través de esas dos leyes, se haga un fondo para llevar adelante un plan de erradicación de los asentamientos. Pero también hemos estado discutiendo con los integrantes de la Comisión de Presupuestos de la coalición que para poder viabilizar cierta sustentabilidad del instituto en adelante es muy importante”.

 

Nada cordiales

El diputado Sebastián Valdomir del Frente Amplio tomó notas de lo expresado pro el directorio del INC, y el diputado oficialista Conrado Rodríguez expresó su malestar con el método de trabajo de la comisión.

“|Quiero recordar a la comisión que estamos recibiendo al Instituto Nacional de Colonización a instancias del Frente Amplio, que pidió su comparecencia; el instituto no está obligado a venir a esta comisión porque no es parte de esta rendición de cuentas. Si bien hay artículos específicos que sí hacen referencia a una fuente de financiamiento que está afectada al Instituto Nacional de Colonización, no tiene que venir a rendir cuentas sobre el ejercicio 2020, tampoco a hacer un racconto de la planificación de cara al futuro […] Creo que la Comisión no se puede permitir entrar en un debate de lo que ha sido la política de colonización desde el año 1946 a esta parte; me parece que no corresponde. Tampoco corresponde hacer algunas aseveraciones -como se han hecho hoy- de que algunas administraciones han querido eliminar el instituto. A nuestro juicio, esa afirmación es temeraria porque realmente no sabemos a quién se están refiriendo”.

Como ha pasado en varias comisiones, la temperatura del debate se fue elevando. La diputada frenteamplista Bettiana Díaz señaló una vez más los intentos de diputados oficialistas de limitar su intervención y los integrantes del organismo colonizador oficiaron de tribuna del debate político.

Por toda síntesis, el presidente del INC, Julio Cardozo manifestó: “Dentro de los próximos meses, vamos a tener cerca de 3.000 o 4.000 hectáreas que se nos van a devolver. También estamos investigando y viendo a fondo la problemática de aquellos colonos que no están cumpliendo con la ley. También, como se habló acá de que habíamos perdido patrimonio, quiero señalar cuántas hectáreas quedaron afectadas por la LUC. Las hectáreas habilitadas -o sea aquellas que quedan fuera de la ley- son exactamente 58.574, en 1.278 productores, o sea, 45 hectáreas por cada uno. Esa es la verdad absoluta de habilitadas, que no quiere decir que esa persona puede hacer lo que quiera, porque primero tiene que ofrecérsela al instituto si quiere venderlas; aunque estén habilitadas, tiene la obligación de presentarlas. Quería aclarar eso también. En cuanto al otro artículo de la LUC dle que se habló, el de la residencia, lo he dicho y lo repito: fue peor el remedio que la enfermedad. Además, quiero decir que hablamos de las deudas, pero no del compromiso que tienen los colonos, que ha sido muy bueno en los últimos tiempos. Tenemos un 85% u 86% de los colonos al día, lo que nos permite tener una administración tranquila en cuanto a la sobrevivencia, al pago de sueldos, a las cosas mínimas. Pero, como les dije hoy al principio, nosotros tenemos un plan estratégico, un plan quinquenal que hicimos en 2020, que queremos cumplir y, evidentemente, con recortes de presupuestos se nos va a hacer difícil hacerlo en algún momento”.



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