Por Carlos Peláez

Este establecimiento hotelero ubicado en la parada 25 de Las Delicias, justo al ingreso de la capital departamental, estuvo bajo control de la intendencia hasta el año 2003 cuando pasó al Ministerio de Turismo y este decidió concesionarlo.

Entonces la Intendencia de Maldonado estaba a cargo de Enrique Antía y el Ministerio de Turismo, de Pedro Bordaberry.

El llamado a licitación se declaró desierto, pero la empresa Costa Naturali SA, que se había presentado, reclamó la adjudicación directa. El Ministerio entendió que la empresa cumplía los requerimientos y le adjudicó la explotación por 30 años.

Si ya resulta llamativo que primero la rechazaran y luego le adjudicaran en forma directa, más llamativo es que quien era reconocido públicamente como el operador de ese hotel, jamás fue parte de la sociedad.

Para autoridades y  ciudadanos de Maldonado el responsable de ese hotel era el empresario Eduardo Abulafia, sin embargo nunca figuró como parte de la sociedad. En realidad, y de acuerdo a información registral, la señora Cecilia Berrutti Risso era la presidenta y única integrante de la SA creada en el año 2001.

La señora era la esposa de Abulafia y decidió autoeliminarse el 13 de marzo de 2020, después de que el gobierno nacional anunciara el comienzo de la pandemia, el cierre de hoteles y la suspensión del Congreso Mundial de Interpol, a realizarse en el Centro de Convenciones de Punta del Este y para lo que el hotel Serena había logrado precontratos de servicios por casi 500.000 dólares.

Abulafia no podía integrar la sociedad porque entonces tenía un embargo importante de la DGI por deudas de otras actividades comerciales.

Sin embargo, esa deuda no fue impedimento para que en el año 2015 abriera una empresa panameña llamada International Events Investment SA, cuyos directores son: Álvaro Ignacio Manzino Israel, presidente, Eduardo Abulafia Salinas, tesorero, y la esposa de Manzino como secretaria.

Manzino había sido procesado con prisión en el año 2006 por el delito de “lavado de dinero” durante la denominada “Operación Campanita” que también llevó a la cárcel al abogado penalista Carlos Curbelo Tammaro.

A principios de 2016 uno de los socios argentinos del Centro de Convenciones vendió su parte sin dar aviso al gobierno departamental. En su lugar ingresó una empresa  local, integrada por un hijo de Abulafia y por Manzino.

Curiosamente, a principios de este año, al contestar una demanda laboral presentada en un juzgado de Maldonado por quien fuera hasta agosto del  2020 encargado de mantenimiento del hotel Serena, el abogado Pedro Nimo representante de Galiza SA identifica como demandados a Costa Naturali SA, Ministerio de Turismo, Jack Conijeski, Daniel Ruiz y Eduardo Abulafia.

En qué momento Abulafia pasó a ser parte de Costa Naturali no lo explica ni la Dirección Nacional de Registros.

Pero ¿el ministerio de Turismo autorizó el año pasado un cambio social para que ingresara un deudor embargado por la DGI?

¿Por qué no estaría legalmente registrado?

 

El mecanismo

El caso de Elbio Rodríguez,  prestamista, amigo personal y asesor del ministro Germán Cardoso, tiene algunas características comunes con Abulafia.

La actividad más conocida de Rodríguez transita por la delgada línea entre lo legal e ilegal. Prestar dinero no es delito, pero la usura sí. El tema es que nadie denunciará a un usurero porque no solo lo necesitan, sino por miedo a perder sus propiedades.

Rodríguez y Cardoso compartían amistad con los Sanabria, Wilson y Francisco, y si Rodríguez aún no fue acusado como testaferro del exsenador colorado, es porque el juicio por el caso Cambio Nelson aún no se ha realizado ya que existe un contencioso en la propia Justicia sobre si el juzgado debe ser de Maldonado o Montevideo.

Si el nombramiento de Cardoso como ministro de Turismo fue sorpresivo en Punta del Este, mucho más resultó que Elbio Rodríguez y Daniel Reta fueran nombrados asesores ministeriales.

Porque todos sabían que Rodríguez  se dedicaba a prestar dinero en el parador Posto 5 primero y luego en su oficina ubicada en el edificio Stradivarius, además de hacerlo en el Casino Enjoy, y gerenciar alguno de los más importantes juegos de póquer en línea.

En tanto, Reta había sido uno de los fundadores del St. Clare’s College y luego pasó al International College fundado por Rolando Rozemblum.

Ninguno de los dos eran personas vinculadas a la actividad turística, pero según lo ha demostrado el semanario Búsqueda, ambos tenían un papel decisorio en el ministerio.

En el año 2016 se crea Galiza SA integrada por Daniel Reta, Diego Rodríguez (hermano de Elbio) y Sara Tavares, ciudadana brasileña, escribana, esposa de Elbio Rodríguez y  responsable del estudio notarial donde su compañero también presta dinero.

Ambos integran además una empresa offshore en Panamá.

En agosto de 2020 esta sociedad pretendió comprar la concesión del hotel Serena, pero según informó Búsqueda la semana pasada “el negocio no se realizó por el alto nivel de endeudamiento de Costa Naturali”.

Los principales acreedores eran Mario Bonanata, al que le debían 500.000, y el otro era Diego Rodríguez  (hermano de Elbio), acreedor por otros 314.000 dólares.

Sería muy interesante que la Comisión Investigadora de Diputados se ocupara por saber las razones de por qué una empresa concesionaria de un bien público le debía algo más de 800.000 dólares a dos particulares.

Porque desde mediados de este año los accionistas de Costa Naturali SA son: Bonanata (70%), Julio Abulafia (hermano de Eduardo) (12%), Daniel Ruiz (10%), Giacomo di Mateo (5%) y Jack Conijeski (3%).

La empresa no habría informado, como estaba obligada, al ministerio sobre este cambio de accionistas. Pero además está terminando obras de refacción muy importantes sin haber gestionado el permiso ministerial.

El martes pasado el Ministerio de Turismo respondió una solicitud del senador Benjamín Liberoff sobre la situación del hotel Serena. La respuesta incluye un pormenorizado informe de la División Contralor Prestadores de Servicios Turísticos sobre la situación societaria, así como diversos incumplimientos. En el último punto expresa: “Esta división no cuenta con información sobre conformación del paquete accionario. La obligación de la información la tienen los titulares de participaciones patrimoniales al portador para con la entidad emisora con destino al Banco Central (Ley 18.930)”.

Por su parte, el ministro Tabaré Viera ordenó el pase a la División Servicios Jurídicos “a fin de informar sobre otras posibles actuaciones al respecto de este asunto en el ministerio”.

Dos fuentes de ese ministerio dijeron a Caras y Caretas que “Elbio Rodríguez tuvo un papel protagónico en toda la  gestión relativa al hotel Serena, porque a él también le convenía, ya que podría cobrar algo más de 300.000 dólares que le debían”.

No contaban con que Cardoso sería destituido y este asunto saliera a luz.



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