Laetitia Ngendakumana tiene 60 años, pero todavía llora como la niña de 10 años que era en 1972 cuando su padre desapareció en medio de una ola de masacres étnicas en Burundi, que ahora han sido clasificadas como genocidio por una comisión gubernamental.

Como miles más, el mundo de Ngendakumana colapsó medio siglo atrás cuando el gobierno de Burundi, controlado por la etnia tutsi, arrestó a su padre, un banquero hutu, en Bujumbura, la ciudad más grande del país.

«Nunca supimos adónde se llevaron a papá. Lo que sé es que perdimos todo lo que teníamos», contó retorciéndose las manos durante una entrevista con AFP en su casa, rodeada por bananeras cerca de Gitega, la capital política de Burundi.

Ni su matrimonio con un profesor ni el nacimiento de sus 14 hijos (12 de ellos sobrevivieron) ni el fin de la violencia borraro su dolor, que se siente tan vivo como en 1972.

Durante mucho tiempo, las masacres eran un tabú en la esfera pública y los burundeses se refieren a ese período entre finales de abril y junio de 1972 como «ikiza» («flagelo» en lengua kirundi, oficial en el país).

Pero en 2019, una Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR) creada por las autoridades anunció un plan de reabrir las tumbas masivas para contar y posiblemente identificar a las víctimas.

Ngendakumana contactó a la comisión.

Identificar restos humanos después de cinco décadas era una tarea casi imposible, pero ella se aferró a una esperanza: la dentadura de su padre.

«Mi padre tuvo un accidente y perdió sus dientes, usaba prótesis de oro», indicó.

El dato de la dentadura metálica condujo al hallazgo de los restos de su padre en una ladera boscosa a pocos kilómetros de su casa en las cercanías de Gitega.

– Crimen de lesa humanidad –

Desde su independencia en 1962, cientos de miles de burundeses han muerto en la violencia étnica entre los hutu y los tutsi, así como en una guerra civil.

La masacre de 1972, que algunos consideran el capítulo más oscuro en la historia de Burundi, comenzó el 29 de abril cuando extremistas hutu atacaron a tutsis radicados principalmente en el sur del país.

Posteriormente vinieron represalias que rápidamente escalaron a masacres de la élite hutu, incluyendo ejecutivos, profesores y estudiantes escolares.

Entre 100.000 y 300.000 personas murieron en la violencia, en su mayoría hutus que son 85% de la población de Burundi. Los tutsi son 14%.

Las matanzas envolvieron a todo el país, pero Gitega fue el epicentro, con un campamento militar donde las víctimas era retenidas en tránsito antes de matarlas y enterrarlas en fosas comunes.

De las casi 20.000 víctimas cuyos restos fueron exhumados en todo el país, unas 7.000 fueron halladas en nueve fosas comunes en y alrededor de Gitega.

Muchas tumbas ni siquiera fueron halladas.

«Cuando decimos 7.000 víctimas, se refiere solo a las tumbas que ya encontramos, confirmamos y exhumamos», explicó a AFP el presidente de la CVR, Pierre-Claver Ndayicariye.

Después de una investigación de tres años, el TRC publicó en diciembre un informe preliminar en el cual señaló que las matanzas constituyen un genocidio y un crimen contra la humanidad.

«En 1972, el estado mató a su gente», afirmó Ndayicariye, enfatizando el papel jugado por el entonces presidente Michel Micombero, un tutsi, en orquestar el genocidio.

«Es un genocidio porque el estado planeó, organizó y ejecutó este genocidio», señaló.

– Agenda política –

Pero sus opiniones no son unánimes, y algunos observadores acusan al actual régimen dominado por los hutu de explotar a la CVR para sus propios objetivos.

La CVR, cuyos integrantes pertenecen en su mayoría al partido de gobierno, ha enfrentado acusaciones de parcialidad por concentrar sus excavaciones en sitios donde había hutus enterrados, ignorando las tumbas de las víctimas tutsi.

«Hay un problema de agenda política en esta historia», comentó a AFP el historiador Evariste Ngayimpenda.

«Cuando los tutsi estaban en el poder (…) el tema constante era evitar la amenaza hutu y hoy día es lo contrario, el tema constante es evitar la amenaza tutsi».

Según el rector de la Universidad de Lake Tanganyika, de Bujumbura, los esfuerzos de la CVR también muestran «limitaciones metodológicas» con relación con la datación de las tumbas y no recurrir a expertos internacionales, en particular de la ONU.

Al acercarse el 50 aniversario de las masacres, calaveras, osamentas y bolsas de ropa maltrecha encontradas cerca de Gitega se acumulan en un cuarto oscuro dentro de un edificio gubernamental, en espera del día en que serán parte de un pequeño memorial.

Las autoridades no han anunciado planes de marcar el aniversario, pero Ngendakumana y su esposo, Emmanuel Berakumenyo, esperan que el gobierno aproveche la oportunidad para sanar el doloroso pasado del país.

«Estos son conflictos que pueden terminar poco a poco, pero la administración tiene que ayudar», comentó Berakumenyo, un exprofesor que sobrevivió las masacres.

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