El Gobierno busca judicializar la política

Llamativamente, los principales impulsores de que Orsi denunciara a la persona que lo acusó a través de redes sociales fueron integrantes de la coalición de gobierno. Delgado fue uno de los primeros en expresarse en este sentido, Bianchi, Lema y algunos periodistas también fogonearon la idea.

Álvaro Delgado en rueda de prensa expresó: “Ella dijo que lo hablaba solo a título personal, deslindando al partido. Cuando hay una denuncia de este tipo, que aparece en redes y a veces no aparecen otros nombres, lo bueno es que la Justicia lo determine. Es lo que yo haría, ir a la Justicia para aclarar esta situación. Lo mejor y más garantista es que lo dirima la Justicia. Con garantía para todos”, comentó el precandidato nacionalista.

Lo raro es que frente a situaciones que podrían encuadrarse dentro de la misma lógica, como por ejemplo, cuando Romina Celeste dijo que Heber y Lacalle consumían cocaína, ninguno de los acusados realizó denuncia por difamaciones ni nada que se le parezca. En ese momento se optó por no dar trascendencia al asunto, seguramente evitaron el camino judicial para no sobredimensionar los comentarios en redes.

Otro reciente ejemplo que acumula en este sentido de llamativas contradicciones, fueron las declaraciones del diputado cabildante Sebastián Cal, quien en conversaciones con un periodista habló de financiamiento del narcotráfico a la política, y en particular apuntó contra el herrerismo. El diputado por Maldonado también dijo que esto se lo había comentado a Álvaro Delgado en forma de advertencia por lo que estaba sucediendo, a su entender la introducción de recursos pocos transparentes en la campaña electoral pasada.

Estas graves afirmaciones de Cal, que podrían catalogarse hasta de difamatorias si es que no tiene pruebas, no generaron ningún tipo de denuncia ni reacción de tipo legal por parte de los acusados, el Partido Nacional y algunos de sus principales referentes. Raro.

Sin embargo, la estrategia de los blancos es otra cuando se trata de situaciones que involucran a integrantes del Frente Amplio. El cambio de actitud rompe los ojos. En las últimas semanas puede verse cómo los nacionalistas pretenden llevar algunas casas hacia la Fiscalía y a la órbita judicial. A pesar de que criticaron a diestra y siniestra la objetividad del Ministerio Público, de los fiscales, de denunciar la existencia de “manadas”, hoy parece ser el lugar más garantista. Pero ¿qué hay detrás de este cambio?

Seguramente algunos actores políticos no se esperaban que el caso de la denuncia del Antel Arena en Fiscalía cerrara en el primer trimestre del año. Mucho menos esperaban que el fallo fuera tan contundente y clarificador contra los promotores de la denuncia y de la campaña de mentiras que se montó contra la construcción del centro de espectáculos.

En términos concretos, el archivo de la denuncia significó un duro golpe para la derecha, y sobre todo se les agotó tempranamente en la campaña electoral uno de sus caballitos de batalla.

Esto implicó una reformulación de la estrategia comunicacional de cara a las elecciones. No se puede afirmar que la denuncia contra Orsi sea una operación política proveniente del Partido Nacional ni de ningún otro partido político de la coalición. De lo que sí no hay dudas es de que la denuncia está siendo utilizada políticamente para afectar al Frente Amplio.

Como parte de la estrategia electoral del Partido Nacional hay que encuadrar las recientes directivas del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en torno a “agotar” todas las instancias jurídicas para someter a un reexamen el dictamen fiscal sobre el Antel Arena. Es decir, lo que se busca es que estos temas no “mueran”, permanezcan en la agenda mediática lo más posible y, sobre todo, sean utilizados para golpear a la fuerza política de izquierda, que tiene chances reales de conquistar nuevamente el gobierno.

El escenario político-judicial para los estrategas de la coalición de gobierno parece ajustarse al objetivo. Tendrán a los dos principales precandidatos del Frente Amplio, Carolina Cosse y Yamandú Orsi, respondiendo en la Justicia y en plena campaña electoral.

Otros ejemplos que buscan judicializar

Para comprender de mejor manera cómo está desplegándose la estrategia del Partido Nacional, basta con ver cómo tres personalidades nacionalistas han salido a llevar al terreno judicial algunas situaciones que bien se podrían resolver de otras maneras.

Uno es el caso del senador Sebastián Da Silva por un posteo humorístico que se hizo público luego de que el precandidato blanco Álvaro Delgado prometiera la creación de un grupo «antimafia» si llega al gobierno. A través de su cuenta de X, Alfin escribió: «La oficina antimafia estará en el piso 4 de la Torre Ejecutiva. El director será Sebastián Marset y el subdirector será Alejandro Astesiano. Estarán a cargo del ingreso al país de todo el pescado congelado. El abogado será Alejandro Balbis. El archivo está a cargo de Lafluf».

Esta publicación generó una desentonada respuesta de Da Silva, quien escribió en sus redes sociales: «Este imbécil está a nada que lo revolquemos en fiscalía, donde tendrá que dar la cara de vejiga que tiene. Después te habla de campaña sucia este zurdito arrastrado».

Otro ejemplo es el de Sergio Puglia, quien, molesto con una publicación en la que un usuario de X increpó al cocinero por comentarios sobre la muerte de niños en Gaza, amenazó con llevar la publicación al ámbito judicial. “Estimado, @AgustnHenderso1 dada la gravedad de tus afirmaciones, dilucidaremos esto en la Justicia. @PabloSchiavi”, escribió Puglia.

Graciela Bianchi, otra de las piezas claves del juego, apuntó contra diferentes dirigentes del Frente Amplio, incluido su presidente Fernando Pereira, y amenazó con llevarlos a la Justicia por difamaciones contra el Partido Nacional.

En Radio Montecarlo, la senadora dijo: “Estoy juntando comentarios de dirigentes, los comentarios que están dejando entrever o dicen que nosotros tenemos algo que ver (en la denuncia contra Orsi), y me refiero concretamente al Partido Nacional en esto… Entonces la que va a ir a hacer la denuncia junto con Pablo Iturralde por difamación e injurias voy a ser yo (…) no pueden decirse los disparates que se están diciendo, que hay una conspiración internacional…”, aseguró Bianchi.

Como se puede ver, la estrategia está en marcha, desplegada con toda ferocidad y con muchos recursos disponibles. La judicialización no es una estrategia novedosa en la región ni en el Uruguay. Aunque manifieste aspectos diferentes a otros casos, lo que pretende es que la ofensiva contra la oposición política adquiera la mayor dimensión posible y, por ende, la mayor atención de la opinión pública. La visualización, la exposición y hasta la difamación son componentes centrales de las campañas que terminan erosionando la democracia y poniendo en jaque a la verdad. La era de la posverdad se introduce a empujones en una campaña electoral que demuestra sus debilidades políticas e institucionales.