El gobierno vive en Disneylandia

En entrevista con el programa Doble Click (DelSol), el exjerarca afirmó que si el Frente Amplio volviera al gobierno “sería Disneylandia para los chorros”.

Quien escucha o lee al exjerarca, dado lo pintoresco de sus afirmaciones y, por qué no, de la ridiculez de sus planteos, podría pensar que el Uruguay transita un escenario de paz en cuanto a seguridad pública refiere, un país con los homicidios controlados, sin delitos violentos y sin la presencia de bandas criminales vinculadas principalmente al narcotráfico. Pero lamentablemente todo eso ocurre y cada vez con mayor gravedad.

Calabria debería ser mucho más autocrítico por dos razones más que suficientes. En primer lugar, por haber estado en una dirección de enorme relevancia en el Ministerio del Interior. Después del ministro, su responsabilidad jerárquica es de las más importantes. Y en segundo lugar, porque sigue defendiendo un accionar del Gobierno que demuestra un fracaso tras otro en seguridad pública. Solo defendible por la tozudez o por la conveniencia política.

El pasaporte narco

Durante la gestión de Calabria, se emitió nada más y nada menos que el pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. Pasó por su cartera la expedición del documento sin que ningún jerarca dijera agua va. Él tampoco. Luego de las revelaciones de Carolina Ache, el escándalo fue tan grande que ameritó la renuncia de las máximas autoridades del Ministerio del Interior, tanto la de Luis Alberto Heber como la de Maciel. Calabria no renunció en ese momento, porque ya lo había hecho antes debido a la polémica generada en torno a la atención en el Hospital Policial. Si no, hubiera corrido con la misma suerte que sus compañeros, debido a que su responsabilidad en el otorgamiento del pasaporte, como director general del Ministerio del Interior, era ineludible. De hecho, todavía lo puede ser para la Justicia que tendrá que aclarar lo sucedido.

Pese a las argumentaciones cuasi infantiles del Gobierno, y en particular de Calabria, que procuraron sacarse responsabilidad sobre la entrega del pasaporte narco, hoy es claro que tanto la ley orgánica policial como los sucesivos decretos reglamentarios, establecen que Cancillería es quien tramita las solicitudes de pasaportes en el exterior, y es el Ministerio del Interior el encargado de expedirlos. Sin embargo, los jerarcas prefirieron excusarse en aspectos administrativos de poca relevancia, mientras el narcotraficante más buscado del continente tramitaba el pasaporte para escaparse y continuar con sus multimillonarios negocios con total impunidad. Esto sí que es “Disneylandia” para los narcotraficantes.

Otro que se divertía sin controles de ningún tipo, Alejandro Astesiano.

Uno de los casos de gran impacto en la sociedad uruguaya fue el del excustodio del presidente Lacalle Pou. Alejandro Astesiano se movía con total soltura y utilizaba diferentes contactos, incluidos los policiales, para llevar adelante acciones ilegales que lo llevaron a ser condenado por la Justicia por asociación para delinquir, tráfico de influencias, conjunción de interés público con privado y revelación de secreto. Casi nada. Todos estos graves hechos ocurrieron durante la gestión del actual Gobierno, a pesar de que se lo quiera mostrar como un hecho del lejano pasado o desvinculado del contexto, tanto para eludir responsabilidades como para cuidar la imagen ya bastante castigada del Gobierno.

Calabria además era director del Ministerio del Interior cuando Astesiano movía todas sus redes para cometer delitos y no fue advertido por ninguno de los jerarcas del Gobierno, incluido el exdirector de la dirección general de la cartera que debería perseguir a los delincuentes para someterlos a la Justicia.

Solo estos dos casos, el del pasaporte de Marset y el de Astesiano, deberían alcanzar para demostrar lo vulnerable que es la seguridad pública en el Uruguay. De lo fácil que es para algunos evadir controles y burlar a las autoridades. Lejos está en estas líneas de reflexión acusar al Gobierno de estar asociado al narcotráfico o a la delincuencia. Tampoco pretende deslindarlos en cuanto a responsabilidades. Deben hacerse cargo de que estos hechos ocurrieron durante la gestión actual sin que se disparara ninguna alarma, y en algún caso cometiendo errores que se pretendieron justificar o también ocultar, como lo denunciado en relación a la destrucción de documentación en la Torre Ejecutiva.

¿En qué país vive el gobierno? El verdadero Disneylandia para la delincuencia

Los resultados del Gobierno en seguridad pública son pésimos. Basta con ver lo que ocurre con los homicidios para al menos prestarle atención a lo que está ocurriendo en el Uruguay. De acuerdo a datos manejados por el Ministerio del Interior, en 2023 se registraron 382 homicidios, uno menos que el año pasado. De esta forma, el año pasado se ubica como el cuarto año con más asesinatos de la historia. En el 2018 hubo 421, en el 2019 fueron 394 y el 2022 tuvo 383.

Tomando en cuenta información publicada por Caras y Caretas, según las estadísticas del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del MI, en base a los datos extraídos del Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP), entre marzo de 2020 y diciembre de 2023 se registraron 1347 homicidios, lo que supone 137 más que los 1210 que se registraron durante el tercer gobierno del Frente Amplio.

Lo que vive la gente

A principios de abril la empresa Cifra difundió una encuesta en la que se indicaba que el 47 % de la población consideraba que el principal problema del país es la inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico. En segundo lugar, con el 31 % se encuentran los temas vinculados a la economía, dentro de los que se destaca el trabajo y el aumento de precios, los salarios y la pobreza.

La empresa explicó que la inseguridad “es percibida como el problema principal por la mayoría, y una minoría considera que es más prioritaria la economía”.

Al mismo tiempo, otra encuesta publicada por la misma empresa, que mide el índice de victimización de la población, indica que, en los últimos 12 meses, el 29 % de los hogares de todo el país vivieron algún robo o ataque violento. Cifra destacó que “si se observa la evolución en la última década, el índice de los últimos 12 meses es dos puntos mayor al que se registraba en 2019, pero 5 puntos más bajo que el pico que se registró 10 años atrás”.

Esta es la triste realidad por la que transitan miles y miles de uruguayos día a día, en todos los barrios y en todos los rincones. Hay que avisarles a Calabria y al Gobierno que los “chorros” hace rato viven en Disneylandia.