el historial judicial de la mujer de hierro

Una jueza destituida y la exfiscal desacatada

El 9 de diciembre de 2022, cuando la Suprema Corte de Justicia destituyó a la jueza de Tacuarembó Carla Gómez, uno de los puntos investigados en el sumario refirió a su vínculo estrecho con la fiscal Claudia Lete Sosa.

La descripción de la situación ocurrida en el juzgado, que involucró a la exjueza Carla Gómez y a la exfiscal Claudia Lete, incluyó una escena de agarrones y zamarreos entre la fiscal Gómez y Lete que no tuvieron que ver con estricta violencia sino que fueron gestos de insistencia de parte de la exjueza con su amiga Lete.

En esa oportunidad Gómez le insistió de esa manera a Lete con que no llevara adelante una audiencia de formalización por presunta estafa, con la jueza de Paz departamental subrogante. La Suprema Corte de Justicia investigó si la exjueza Gómez procuró torcer el normal funcionamiento del servicio, pretendiendo que no se celebrara una audiencia en un asunto en el que tenía ostensible interés en su dilucidación, debiendo determinarse si ello afectó la independencia técnica de los operadores intervinientes, a través de presiones o de su supuesto vínculo con la fiscal Lete, en connivencia para intentar canalizar un conflicto civil utilizando la vía penal. Según el sumario al que accedió Caras y Caretas, la jueza subrogante respondió que estimaba que la exmagistrada Gómez se oponía a que la fiscal Lete solicitara la formalización porque los elementos para responsabilizar al imputado prácticamente no existían, y que sabía que la jueza de Paz departamental rechazaría la formalización por falta de evidencias.

Desde el año 2015, la ahora exfiscal Claudia Lete Sosa asumió la Fiscalía departamental de Tacuarembó de 2° Turno, donde se la apodó como “la Mujer de Hierro”. Entre las irregularidades constatadas, según pudo conocer Caras y Caretas, la exfiscal Lete pidió en 2023 el procesamiento por homicidio muy especialmente agravado de un hombre a quien se le obtuvo la declaración bajo torturas en la seccional de policía. En su recurso de apelación, el abogado del imputado, Joaquín Gamba, relató al Tribunal de Apelaciones de 3° Turno que la única prueba con la que contaba la Fiscalía para procesar a su cliente era una grabación clandestina de su declaración en sede de investigaciones.

Gamba indicó que en principio la propia fiscal Claudia Lete Sosa había rechazado esa prueba ilegal y que, después, de forma infundada, cambió de opinión y pidió el procesamiento, fundándose en esa grabación. Gamba indicó al TAP que era la única prueba —manifiestamente ilícita— “por la cual se llevó a cabo el procesamiento de mi defendido”. Agregó que “ningún Estado de derecho que respete las garantías del debido proceso puede llegar a procesar e imponer prisión preventiva a un ciudadano con esta grabación ilegal en la sede policial. Lo que ha sucedido en estas actuaciones es realmente alarmante, pues disponer la prisión de una persona con un retardo mental por una grabación clandestina en dependencias policiales no es digno de un país como el Uruguay”. El hombre imputado, a quien luego se le revocó el procesamiento, fue grabado en la seccional policial por un efectivo que contaba con una lapicera que tenía incorporada una cámara. Sin embargo, esa grabación fue hecha después de que había declarado en sede judicial y en forma clandestina. “Ante la negativa de los hechos por parte del indagado en el juzgado, y al no haberse llevado adelante el procesamiento, la policía recurrió a armar este video”, indicó la sentencia del Tribunal. El TAP subrayó que “se valieron de un medio carente de transparencia, pues determinar la existencia de un delito y su autor no justifica la aplicación de cualquier medio y el Estado tampoco puede beneficiarse de esa ilicitud”.

“Merecía un escarmiento”

Además, entre las actuaciones de la exfiscal Claudia Lete Sosa se denunció en la Jefatura de Tacuarembó su orden de detener a una mujer embarazada porque “merecía un escarmiento”. El 21 de mayo de 2020, Giovanna Falleti, de 38 años de edad y embarazada de más de 8 meses y medio, recibió un golpe de puño de parte de un efectivo policial, quien también le había pegado a la hija de Falleti.

La situación se generó cuando la mujer, finalmente detenida, fue a despedir en la Jefatura de Tacuarembó a otro de sus hijos, quien sería trasladado a Rivera luego de haber sido imputado por venta de estupefacientes. Falleti fue acompañada por una hija menor de edad, quien en ese momento fue detenida y enviada al INAU porque el policía dijo que la adolescente le había pegado. Giovanna Falleti se dispuso a defender a su hija y también fue detenida y remitida al patio de la jefatura. La mujer denunció que mientras permaneció en ese lugar esposada, los efectivos policiales, de los que hasta ahora no conoció los nombres, la insultaron en forma permanente. Durante el lapso en que quedó detenida, la mujer nunca vio a la fiscal, pero conoció a través de sus propios custodios que la fiscal “ordenó que quedara detenida por desacato”. A las 4 de la mañana del día 21 de mayo la trasladaron a un calabozo y a las 12 del mediodía, previamente a trasladarla al hospital, la mujer obtuvo la libertad junto a su hija. La mujer denunció que al siguiente martes fue a Fiscalía para conocer el nombre de los policías que la habían golpeado y en la fiscalía de Lete no le ofrecieron ningún tipo de respuesta. Entrevistada por la radio comunitaria de Tacuarembó, La Kandela, Falleti relató al periodista Sebastián Ríos que la fiscal Lete le había dicho que quedó detenida en el calabozo porque merecía un escarmiento.