La denuncia del gobierno uruguayo contra Cardama por
irregularidades en la garantía de fiel compromiso que la empresa española
presentó por el contrato de más de US$ 90 millones repercutió ante las autoridades de
Vigo, donde se ubica el astillero, quienes manifestaron “temor”.
El medio local Ser informó que el presidente de la feria
naval internacional Navalia de Vigo, José García Costas, teme por las
repercusiones que el caso judicial podría tener en el sector, después de que el
gobierno de Yamandú Orsi rescindiera el contrato que firmó la administración de
Luis Lacalle Pou.
“Puede ser malo para el sector naval gallego”, dijo García
Costas en una intervención en un evento sobre el futuro naval. El jerarca
español reconoció que aunque el sector “en líneas generales está bien”, la decisión
de Uruguay representa “un incidente que puede tener cierta gravedad”.
En la tarde de este viernes, el secretario de Presidencia,
Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, presentaron ante la Fiscalía
General de la Nación una denuncia civil y penal contra Cardama por la garantía
que presentó en su contrato con el Estado uruguayo por más de US$ 92 millones.
La polémica se generó después de que el astillero español
incumpliera con los plazos de la garantía de fiel cumplimiento, por la que
tenía 45 días después de firmado el contrato, que se concretó el 15 de
diciembre de 2023, cuando Luis Lacalle Pou era presidente y Javier García
ministro de Defensa Nacional.
La empresa española era la encargada de construir dos
patrullas oceánicas de 86,75 metros de eslora y 12,2 metros de manga e
iban a ser entregados a la Armada Nacional, que los utilizaría para
“el cuidado de la soberanía de los recursos naturales del país”.
Desde el gobierno informaron que, en una primera instancia,
el Estado uruguayo había acordado que Cardama debía presentar una garantía de
fiel cumplimiento en un plazo de 45 días de firmado el contrato, que equivalía
al 5% total de la obra. Sin embargo, la empresa española no cumplió con lo
establecido y solicitó “sucesivas prórrogas”, que derivaron en un “largo
procedimiento”.
Cardama Shipyard se presenta como heredera de
una “larga experiencia en la construcción y reparación de buques
proveniente del bagaje histórico de la zona donde se encuentra
ubicada”: Pontevedra. El astillero fue fundado en el año 1916
por Francisco Cardama Godoy. Cuando comenzó, la empresa se dedicó a la
construcción y reparación de buques de madera y fabricación
de pinturas. En la década de los años 60, se transformó “para poder varar y
reparar buques de acero, fundamentalmente de pesca”.
En el presente, el astillero dice haberse consolidado “como
uno de los constructores de buques más prolíficos de España” y
destaca su experiencia en proyectos de “ámbito internacional”.
Cardama sostiene que entregó buques en países como Angola, Irak, Marruecos, Islandia, Reino
Unido, Argelia, Benín, Ecuador y Venezuela,
entre otros. Esta proyección internacional, dice la empresa, los “sitúa en una
posición preferencial para poder competir con los más grandes astilleros a
nivel mundial, ayudando a colocar a la empresa y al sector naval español en una
envidiable posición de gran reconocimiento internacional dentro del mercado de
la construcción naval”.
Cardama, dueño del astillero, reaccionó a la decisión del
gobierno de Orsi, aseguró que la empresa no ha incumplido el contrato firmado
con el Estado uruguayo para la construcción de las dos patrullas oceánicas y que nunca fue
notificado oficialmente de ninguna irregularidad.
En entrevista con Informativo Carve, el
empresario sostuvo que las garantías fueron “analizadas y aceptadas por
los estamentos del gobierno uruguayo: sus asesores jurídicos y bancarios”.
“Nosotros no somos responsables si alguna de estas cosas
después es distinta”, afirmó.
El empresario relató que se reunió con la ministra de
Defensa, Sandra Lazo, el 10 de octubre, y que en ese encuentro “no
se hizo ningún comentario sobre que estuviéramos incumpliendo nada”. “Mi
sorpresa fue cuando ayer por la noche me entero de que hay una rueda
de prensa en la que se comunica que se va a ejecutar nuestro contrato
por incumplimientos”, señaló.
Cardama también respondió a las declaraciones del
prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, quien afirmó que la
institución bancaria que respalda la garantía, Eurocommerce Bank, no existía en la dirección
declarada y que el director era un ciudadano ruso.
“Yo esta mañana me he puesto en comunicación con
el Eurocommerce Bank y me comunicaron que se había cambiado la
dirección, que me la iban a comunicar por escrito. Creo que no le hubiera
costado nada escribir un correo a Cardama y decir: ‘Señores, hemos estado en
esta dirección, y el banco no está allí’”, aseguró.
El empresario confirmó que la construcción del
primer barco “está avanzada en un 60%” y que “el 90% de los materiales
del primero y del segundo ya están pedidos o confirmados”. “Tengo 500
trabajadores; eso no lo voy a parar de forma inmediata. Voy a
esperar unos días porque voy a solicitar una reunión con el presidente
Orsi para intentar aclarar el tema”, comentó.
Consultado sobre el estado actual de la garantía,
Cardama insistió: “Para mí, sí está vigente. He presentado la
renovación; está vigente y he pagado la renovación. Hasta la fecha de hoy, no
he incumplido el contrato, que yo sepa. Nadie me ha comunicado que he
incumplido el contrato”, reiteró.
Cardama señaló que su intención es continuar con el proyecto
y buscar una solución: “Lo lógico es que me reúna con el presidente para tratar
de aclarar los problemas que hay, y seguir con el contrato. Si no
quieren seguir, se tomarán las decisiones que tengan que tomarse”.
