El informe publicado por El País el 27 de setiembre de este año, ocupando media página, bien podría catalogarse de efecto publicitario ya que no contiene la rigurosidad que ameritaría un tema tan importante.

El titulo destacado expresa: “Caen 50% las imputaciones de policías por corrupción”.

Las cifras muy parciales y sin ningún análisis de contexto brindadas por la Fiscalía tras un pedido de información pública señala que en el último período de Eduardo Bonomi como ministro del Interior (1º de marzo de 2019-29 de febrero de 2020) fueron imputados por delitos de corrupción 22 funcionarios policiales, mientras que bajo la gestión de Jorge Larrañaga en sus primeros 12 meses fueron procesados 12 policías.

Antes de seguir queremos establecer claramente que nos alegra la persecución del objetivo de bajar hasta su eliminación los casos de corrupción policial, pero para que el informe resultara convincente debería analizar varios aspectos no mencionados y solo difundir la versión del abogado del Sindicato Policial, el Dr. Andrés Ojeda que expresó consultado por ese medio: “Me alegra que bajen los delitos de corrupción, y si en la nómina de los delitos está incluido el abuso de funciones, erróneamente utilizado para castigar policías en el marco de operativos, también podríamos concluir que hay menos abusos policiales”

 

La jugada politica 1

La mención al abuso policial vinculada a la corrupción tanto por parte de la nota como del Dr. Ojeda no es casual. La nota lo dice claramente: “Una primera lectura de estos datos permite inferir al penalista Andrés Ojeda, abogado del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), que la baja también puede indicar una disminución de las imputaciones por abuso en procedimientos u operativos -una crítica que ha sido constante por parte del Frente Amplio-, ya que entre los delitos definidos por la Fiscalía como ilícitos relacionados a la corrupción (ver aparte) se encuentran el abuso de funciones, muy común en imputaciones por uso excesivo de la fuerza, y el abuso contra los detenidos”.

Pasemos por alto que la única reacción sobre la nota sea la del mediático y excandidato suplente a la Intendencia Municipal de Montevideo, el Dr. Ojeda.

Se le podría haber consultado y era de orden a dirigentes del Sindicato Policial sin ir más lejos.

Caras y Caretas sí lo hizo y consultó a una de sus dirigentes, la funcionaria policial Patricia Rodríguez, pero la nota ya había causado su efecto (y asumimos que la rápida respuesta de Ojeda) y la sindicalista se llamó a oportuno silencio; la cautela a partir de esa nota se convirtió en una razón de ser.

La consulta al Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) resulta más que oportuna para poner en consideración cómo había impactado en los números dados por la Fiscalía la denuncia pública que en junio de este año había realizado el Sifpom.

El 18 de junio el dirigente de esa organización sindical Fabricio Ríos denunciaba a la diaria que ante “un hecho de corrupción o de cualquier irregularidad cotidiana que un policía o un funcionario del Ministerio del Interior [MI] denuncie, son perseguidos, a tal punto que uno ve que lo que se está intentando es desvincular al funcionario de la institución. No solo pasa con los ejecutivos, sino también con el personal de Identificación Civil, con los bomberos, en Migración y en el Hospital Policial”, explicó.

Sugirió que “lo peor que podría pasar es que el policía no se anime a denunciar tanto hechos de corrupción como irregularidades cotidianas, que terminan como sumarios para los funcionarios y sanciones”. “Eso es preocupante”

Y justamente lo preocupante es lo que podría explicar si se hubieran publicado todas las cifras del informe, la diferencia entre denuncias y formalizaciones.

Julio Acosta, de la Asociación de Funcionarios de la Jefatura de Maldonado (Sipolma), apoyó lo dicho por Sifpom. “Ratificamos y confirmamos eso”, expresó. “Es lamentable, pero ocurre”.

Consultamos al Dr. Andrés Ojeda sobre otra fuente de información en cuanto a denuncias como es la Secretaría de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, pero el abogado desestimó ese dato (“no me parece relevante”, expresó), ciñiéndose a los datos de formalizaciones dados por Fiscalía, como si existiera la evidencia de que toda denuncia no llegada al puerto de la formalización careciera de veracidad.

Un tema que tiñe de lleno el informe es el impacto de la creación del delito de desacato por la Ley de Urgente Consideración.

Organizaciones de derechos humanos han constatado que desde que se ha puesto en ejecución la figura de desacato con una importante cantidad de personas formalizadas, incluso con penas de prisión efectiva (recordar la muerte en el Compen del joven Marcelo Amaya), las denuncias contra funcionarios policiales no solo han disminuido, sino que además se ha cambiado el eje, donde el denunciante civil pasa a ser el denunciado.

 

Jugada política 2

La nota publicada realiza un juego semántico interesante que oficia como una maniobra de distracción, a la vez que deja flotando un mensaje político.

“Caiga quien caiga es la línea que vamos a seguir para apartar al mal policía”, había dicho el fallecido ministro del Interior, Jorge Larrañaga, en agosto de 2020, luego de que se descubriera que el jefe de la brigada de drogas de San José colaborara con el narcotráfico, dice la nota de El País.

La mención puede resultar como al pasar elogiando una eficiente labor en el combate a la corrupción y hace foco en lo que todo el mundo puede asociar fácilmente con hechos de corrupción por parte de funcionarios policiales.

Sin embargo, entre los delitos asociados a la corrupción policial considerados por la Fiscalía se encuentran además del abuso de funciones y el abuso contra detenidos, cohecho, concusión, conjunción del interés personal y del público, certificación falsa por un funcionario público, concurso de los funcionarios públicos en la evasión, evasión por culpa del funcionario encargado de la custodia, revelación de secretos, peculado, falsificación ideológica y de documentos, entre otros.

Una lista bastante larga y amplia que no siempre merecen la atención pública y que permite preguntarse: ¿cuántos funcionarios hay involucrados en todos los otros delitos por cada uno que es capturado en delitos de narcotráfico?; esperemos que los menos posible.

El informe de El País también consultó al coordinador del Programa Integral de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, para quien esta baja se podría explicar por lo que denomina una política de “ajuste de tuercas” en la disciplina, la que advierte fue transmitida por los bandos superiores a los subalternos durante la administración de Luis Lacalle Pou.

Sería bien interesante conocer si ese “ajuste de tuercas” tiene algo que ver con respecto a lo denunciado por los sindicatos policiales.

 

Fiscalía

Consultados dirigentes de la Asociación de Fiscales del Uruguay sobre el informe mencionado en la nota, nos expresan que ellos siempre recomiendan tomar con mucho cuidados los datos aportados ya que esas cifras no se ajustan a la realidad. “Las estadísticas se basan en los sistemas de información de la fiscalía que están conectados con el sistema de información policial. En este caso sucede a veces que se agregan determinados delitos con una tipificacion hecha por la propia Policía (por ejemplo, la Policía tiene una persona detenida por una rapiña porque lo encontraron con la moto que se cometió la rapiña, pero luego la persona termina imputada por receptación y no siempre se realiza la corrección en el sistema); es un mínimo ejemplo de desfajases en los datos. Manejar esos datos así puede dar lugar a engaño. Hay que chequear en terreno los datos porque es fundamental y tomar en cuenta el contexto. Los delitos de corrupción policial en general por abuso de poder en Montevideo los investigan las dos fiscalías de Delitos Económicos”.

 



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