El “botijeo” es una práctica de la cultura de los barrios populares donde se busca mediante un constante y metódico destrato buscar la reacción del otro, para que la carga de la responsabilidad por agresión pase a ser del agredido.

Es como si un niño que sufre bullying un buen día estalla violentamente contra sus agresores y pasa a ser a ojos de la opinión pública el intolerante.

Esa cultura de botijeo a veces como un modo de preservarse en algunas zonas pobres del país no desaparece con los años de formación en la Escuela de Policía; no solo no desaparecen por estar aprehendidas e incorporadas al ADN del botija pobre que ahora se convierte en representante de la ley, sino que además es un método común utilizado por algunos funcionarios policiales que poseen la astucia de quedar libres de responsabilidades e imponen en los territorios que tienen asignados una suerte de “ley personal” que establece la forma de los vínculos y sus peculiares criterios de imponer el orden.

En el estudio publicado Trancas y botones del antropólogo Marcelo Rosal, esas conductas están estudiadas y refrendadas con decenas de testimonios, y de cómo, sobre todo los mas jóvenes, son las principales víctimas de una suerte de “bullying policial”.

Apenas asumido el gobierno en marzo de 2020 y a pocos días de decretarse la emergencia sanitaria, se informaban cotidianamente denuncias de abusos policial. El más grave de ellos ocurrió en el barrio La Bombonera en Malvín Alto con personas heridas con munición no letal, y la denuncia de los vecinos quedó confirmada por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh).

Este año en l Barrio Aquiles Lanza en otro procedimiento policial se hirió con munición no letal a tres mujeres.

Los objetivos de los procedimientos policiales varían, pero la población sobre la que se aplica el abuso policial siempre es la misma. Sea por controles de rutina, por investigaciones en curso, por prevención de delitos o disolver aglomeraciones, los desbordes ocurren contra población joven y empobrecida, sea en el barrio la Bombonera de Montevideo, en la plaza Liber Seregni o en la rambla de Mercedes, o contra un botija de barrio caminando por el Parque Rodó.

En junio, un extraño procedimiento policial desde el punto de vista de los protocolos se llevó a cabo en el asentamiento San Miguel, con el saldo de 13 personas detenidas.

 

La LUC quitó el bozal

El artículo 11 de la Ley 19.889 (LUC) integró al Código Penal la figura de “agravio a la autoridad policial” para quien “obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte a la autoridad policial en ejercicio de sus funciones o con motivo de estas”.

La modificación de la figura de desacato generó que el funcionario policial actúe como una persona que anda de ofensa fácil, imponiendo el actuar represivo sobre el disuasivo.

Desde la entrada en vigencia de la Ley de Urgente Consideración (LUC), en julio de 2020, hasta el 2 de marzo, fueron formalizadas 182 personas por delitos creados en esta normativa. 118 lo fueron por el delito de agravio a la autoridad policial y 64 por el delito de resistencia al arresto, según datos a los que accedió en su momento la diaria.

El 17 de mayo de 2021 fue hallada sin vida en su celda del módulo 12 del Compen una persona privada de libertad (PPL) que había sido formalizada en aplicación de la Ley de Urgente Consideración con pena de prisión, lo que generó un fugaz debate entre la oposición y el oficialismo si es necesario que la figura de agravio a la autoridad policial termine necesariamente con pena de prisión.

Ningún funcionario policial merece ser agraviado o insultado como cualquier otro ciudadano. No merecerían ser agraviados ni insultados los jueces en las disputas deportivas, los trabajadores de los call centers de operadores de TV para abonados, los choferes de ómnibus que no paran en la parada o no abren la puerta.

Seguramente muchos de ellos y otros que faltan en la lista reciben cotidianamente más insultos que un funcionario policial, pero ninguno de ellos tiene la potestad conferida por el Estado y con respaldo del discurso oficial de encerrar la humanidad del otro.

 

Informes institucionales

En su momento el extinto ministro del Interior Jorge Larrañaga y algunos legisladores del oficialismo acusaban a la parcialidad de cierta prensa las denuncias de abusos policiales.

La actuación policial vino a ser confirmada por una institución del Estado como es la Inddhh, aunque previamente ya se había juzgado la parcialidad en estos temas a pesar de su variopinta integración. (Larrañaga había acusado al organismo de ser un comité de base del Frente Amplio).

En junio de este año fue presentado a la Asamblea General del Parlamento el Informe Anual 2020 de la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre la actuación en esa materia por parte de los poderes y organismos públicos.

En el año 2020, el Área de Denuncias e Investigación realizó un total de 610 intervenciones. El 60 % de estas son asesoramientos y consultas vinculados a la protección y defensa de los derechos humanos y el 40 % son denuncias de vulneración de derechos.

Del informe surge que el Ministerio del Interior fue el organismo con ocho resoluciones a partir de denuncias de 2020 contra esa cartera, con procedimientos de recomendación o de vulneración de derechos y el primero en resoluciones de no colaboración, que se adjudica cuando el organismo denunciado no presta ayuda durante el proceso.

Entre los varios considerandos del informe 2020/2021 de la organización Amnistía Internacional, en el capítulo Uruguay hay uno que analiza la situación del procedimiento policial luego de la LUC.

 

Libertad de expresión y de reunión

En julio se aprobó la LUC, que contenía disposiciones imprecisas que restringían la libertad de expresión y reunión y podría prohibir las manifestaciones y las protestas sociales.

 

Garantías procesales y detención

Algunas cuestiones que suscitaban preocupación con relación a la LUC tenían que ver con la aplicación del principio de presunción de inocencia a los agentes policiales y las disposiciones que permitían un mayor uso de la detención en espera de juicio. La LUC también eliminaba algunas garantías de juicio justo y alargaba las penas de prisión para determinados delitos. Estas medidas amenazaban con incrementar la población reclusa en un sistema penitenciario en el que el hacinamiento y las condiciones de insalubridad eran muy comunes. Según la Fiscalía General de la Nación, en noviembre había 13.077 personas adultas encarceladas, de las cuales casi 20% estaban en espera de juicio. La tasa de encarcelamientos de Uruguay, 370 por cada 100.000 habitantes, era una de las más elevadas de la región.

 

Alergia a los caños de escape

Los datos alentadores del ministro del Interior, Luis A. Heber, con respecto a un descenso global de las cifras en la mayoría de los delitos no logra por un lado detener las denuncias de corrupción policial que involucraron a algunos integrantes del sistema político, y los desbordes de algunos funcionarios policiales, que han recibido respaldo a su actuación ante la opinión pública, previo a cualquier proceso de investigación administrativo interno.

En enero de este año un funcionario policial que cumplía tareas de seguridad en la embajada de Italia es uno de los principales sospechosos del homicidio de un ciudadano italiano en un extraño y confuso episodio que, por las implicancias diplomáticas, cuenta con el total hermetismo de las autoridades del Ministerio del Interior.

Por estas horas, hay dos policías imputados en Durazno por un operativo en el que murió Santiago Cor, un joven de 20 años que en la tarde del 9 de agosto de 2020, mientras intentaba alejarse de la Policía, perdió el control de su moto y chocó contra un árbol, lo que le generó lesiones que provocaron su muerte dos días después. La fiscal de 2º Turno de Durazno, Bárbara Zapater, pidió que se investigue a los dos agentes por abuso de funciones y el homicidio, lo que podía constituir un dolo eventual.

Por su parte, la defensa de los imputados cuestionó la investigación. «Me parece que el mensaje que hay detrás de esta resolución es muy peligroso», dijo el abogado Andrés Ojeda, que trabaja para el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo-Uruguay (Sifpom).

«Si esto se sostiene, tendremos que recomendarles nosotros desde el sindicato policial a todos los policías del país que si alguien se da a la fuga, no lo sigan, porque todo lo que pase después que lo sigan será imputado a ellos», consideró Ojeda.

Mientras el tema ocupaba titulares de prensa, otro joven en moto es perseguido por un móvil de la Guardia Republicana que lo detiene en la puerta de su domicilio a pesar de presentar la documentación, y el procedimiento termina con incidentes con familiares y vecinos y uso de munición no letal por parte de la policía.

Los incidentes con personas en moto tienen sus antecedentes. En ninguno de los casos que tomaron estado público los involucrados fueron los denominados “motochorros”.

A principios de 2020, un joven acusado de abigeato en el departamento de Artigas fue ejecutado de un tiro en la cabeza por un funcionario policial que realizó una suerte de emboscada al conductor de la moto.

Más lejano en el tiempo, un funcionario policial asesinó al joven Sergio Lemos en el barrio Santa Catalina, según sus declaraciones, porque el joven en moto no acataba sus órdenes de no circular con el birrodado por la zona de la terminal.

Si bien la Policía necesita señales de respaldo institucional para cumplir con su labor, la sociedad, según manifiestan distintas organizaciones y actores políticos, necesita un protocolo de actuación que contemple los derechos civiles.

Este elemento fue bastante debatido cuando se discutió el proyecto de ley que otorgaba a las autoridades la capacidad de flexibilizar el concepto de derecho a reunión para evitar aglomeraciones en el marco de la emergencia sanitaria.

Desde la oposición se argumentaba que tal medida debía quedar a consideración de las autoridades sanitarias y no a discrecionalidad de los funcionarios del Ministerio del Interior, pero el “Estado policial” lentamente parece haber llegado para quedarse.



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