La decisión del gobierno de postergar el tratamiento de su prometida reforma de la seguridad social para después del referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) es ilustrativa sobre dos cosas: el gobierno asumió que las firmas se alcanzaron y la Corte Electoral convocará a la ciudadanía a las urnas para pronunciarse sobre la LUC y, además, el tiene muy claro que la reforma proyectada será fuertemente impopular.

La estrategia adoptada en este asunto se emparenta con la estrategia utilizada para impulsar la ley de urgencia. Como recordará el lector, el contenido pensado para la LUC nunca se difundió en la campaña electoral que llevó a Lacalle Pou a la presidencia; apenas se enunció que existiría una ley con esas características y con un número monumental de artículos, pero se esquivó dar detalles sobre lo que pensaba regularse con esa norma y no fue hasta después de la elección que se dieron a conocer sus lineamientos. Cabe preguntarse el motivo del secretismo, pero la respuesta es evidente: si la gente hubiese sabido lo que se preparaba, la elección de este gobierno corría un riesgo tremendo.

Con la reforma de la seguridad social pasa lo mismo. Se creo un comité de expertos para elaborar un proyecto, pero es un comité que nada tiene de independiente: hay mayorías y minorías claras, y el gobierno cuenta con los votos para que el proyecto incorpore su perspectiva y excluya la mirada de la oposición y las organizaciones sociales. En sí, el comité es un artefacto propagandístico que busca instalar la idea de que la mentada reforma surgirá de un ámbito técnico y neutral y no de un agrupamiento de agentes del oficialismo. Pero esa engañifa es de corto vuelo: el gobierno ya sabe lo que quiere poner en el proyecto y el único debate real y conducente que existe en el seno del comité es el debate sobre las diferencias que tienen a la interna de la propia coalición que, probablemente, sean solamente énfasis o matices si se compara el abismo que separa la mirada fiscalista y liberal del Ejecutivo sobre la seguridad social con la mirada social y progresista de sus opositores.

La postergación del tratamiento de esta reforma es la primera consecuencia legislativa del éxito de la recolección de firmas. Esta administración, que tenía todo preparado para aprobar un texto en un trámite parlamentario rápido este año, luego de utilizar la “comisión de expertos” para pulir las diferencias internas, ahora no avanza porque tiene miedo de recibir en el referéndum una piña de antología, aunque las encuestadoras generosas le ofrezcan números inverosímiles de consuelo. Sin embargo, no se debe olvidar que todo lo que no tienen de popularidad lo tienen de convicción, y que aplacen el tema no significa que lo sepulten. Incluso cuando estén seguros de que hayan alcanzado niveles de rechazo mayoritarios e irreversibles, los herreristas continuarán impulsando proyectos liberales, privatizadores y de ajuste contra la gente, porque, llegado el caso, su objetivo es debilitar el Estado y favorecer a su clase hasta donde alcancen, aun cuando se granjeen varios períodos de ostracismo político a causa de la ferocidad de su programa.

Ahora bien, como no gobierna un partido, sino una coalición en la que todos compiten de forma más o menos expuesta, si fracasa en las urnas la LUC, la bancada oficialista se dividirá entre los que son protagonistas del gobierno y se identifican con Lacalle Pou y los que se saben socios pero no dueños. En este universo, habitado básicamente por colorados y cabildantes, el costo político de lo que se promueva a partir del día después y precise sus votos pasará a ser un asunto crucial. Una reforma de la seguridad social impopular, que arrebate derechos y perjudique a las grandes mayorías, es el tipo de cosas que puede sepultar las aspiraciones de los que lo voten: un yunque atado a las patas en la mitad del mar.

Ya son varias las voces del gobierno que adjudican al referéndum una intención desestabilizante. Sostienen que funcionará como una elección de medio término y que la derogación de la LUC traerá un caos antes de la mitad del mandato, como si el solo hecho de promover esta consulta fuera una subversión de la institucionalidad. Pero no es así: el referéndum solamente se pronunciará sobre un bloque de 135 artículos de una ley muy mala que, en atención a la democracia, no debería haber existido porque claramente se utilizó el instrumento de la urgente consideración previsto en la Constitución más allá de sus cometidos. Pero lo que sí es cierto es que la campaña de recolección de firmas en medio de la pandemia -y, con seguridad, la campaña que se desplegará hacia esta instancia plebiscitaria- ha hecho evidente que no gobiernan en un país desierto, donde no importa lo que opine la multitud. El referéndum los ha obligado, nuevamente, a incurrir en el camino del ocultamiento: como antes ocultaron sus apellidos y pasaron a ser solo un nombre de pila, y luego ocultaron el contenido de su proyecto fundamental, ahora tienen que callarse y postergar sus reformas más ambiciosas, siempre por el mismo motivo: si se difunde el plan, no se los lleva nadie.



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