El narcotráfico es el impuesto que pagan las sociedades por elegir al prohibicionismo como camino

Luego tuvimos, en un contexto completamente distinto, de mayor crecimiento y desarrollo económico, allá por el año 2012, una tendencia muy fuerte al incremento de los homicidios; que básicamente se ha mantenido hasta la fecha.

Bueno, y en ese contexto, una de las tendencias que se pudo identificar fue el incremento de la violencia con armas de fuego entre grupos vinculados a actividades ilegales en términos generales. Muchos de ellos con ciertos enclaves territoriales, al estilo de bandas barriales o grupos que manejan circuitos de economías ilegales en el territorio.

Yendo al —gobierno— pasado, hubo un periodo donde las políticas de seguridad de la derecha —que hoy se autodenomina Coalición Republicana— fracasaron porque el principal énfasis de las políticas de seguridad estuvo en la Ley de Urgente Consideración.

Sus capítulos iniciales, muy extensos en la materia, plantearon un agravamiento de penas, un endurecimiento de los castigos en el sistema penal; un pretendido ejercicio de incremento de la autoridad policial que, finalmente, habiendo pasado raya sobre el final del periodo, no dio los resultados esperados.

Es cierto que hubo un descenso en hurtos y rapiñas, pero ese descenso fue compensado por un incremento en delitos, digamos, más de nuestra época, vinculados a la tecnología, por ejemplo, las estafas, utilizando aplicaciones de mensajería y demás. Como que el delito económico sustituyó las rapiñas por las estafas.

Eso, en algún sentido, responde también a una fuerte incidencia del dinero electrónico, de las transferencias electrónicas y el retiro del efectivo en buena parte del circuito comercial urbano.

En este nuevo escenario, ¿urge la necesidad de actualizar a la Policía para poder enfrentar los cambios criminales y los nuevos tipos de delitos?

Sí, de hecho, el Ministerio del Interior actual ya ha comunicado que está trabajando en la materia.

En el período pasado, nosotros identificamos un retroceso en lo que fue la formación de nuevas generaciones de policías. Se volvió al viejo esquema de internado con una lógica de formación tipo militarizada, cuando en realidad lo que nosotros promovemos es una Policía moderna, con un encare académico de muchos de los aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con los flujos financieros, con el crimen organizado, con el manejo de tecnologías e inteligencia para el despliegue policial.

Porque de alguna manera en el gobierno de Lacalle Pou hubo como una apuesta exclusiva al concepto de autoridad y endurecimiento. Como que solamente con la Policía, mostrándose más firme, con un supuesto respaldo del sistema político expresado en un nuevo marco legal, se iba a producir un impacto sobre la criminalidad. Era un enfoque como muy voluntarista, que no permitía predecir que por sí solo esos gritos de autoridad fueran a generar un impacto sobre la criminalidad, de hecho, no lo hicieron.

El énfasis en la profesionalización del cuerpo policial a nivel programático para nosotros fue y es fundamental.

Poniendo como norte un acuerdo nacional de seguridad pública, que desde Seregnistas han propuesto, parece haber un consenso político sobre profesionalizar la Policía. ¿Debería ser ese uno de los puntos del acuerdo?

Sin duda, porque creo que hubo un sinceramiento también en el sistema político de que las fórmulas fáciles, las recetas mágicas en seguridad pública no existen, no funcionan, no han funcionado en ningún lado. Lo que funciona es el camino de la profesionalización. Jerarquizar al funcionario policial también desde las condiciones de trabajo.

Nosotros vimos en el período pasado, por ejemplo, un incremento muy fuerte de los padecimientos de salud mental en el cuerpo policial. De hecho, también un incremento en los suicidios de los integrantes de la Policía, casos de violencia intrafamiliar, y no vimos una respuesta acorde en lo que es el manejo de los recursos humanos que tiene la Policía, que por cierto están expuestos a niveles de estrés y de situaciones traumáticas bastante importantes, a lo cual se sumaron ciertas lógicas de maltrato institucional, sobre todo entre oficiales y personal subalterno. Eso es algo que nosotros teníamos bien identificado y que es importante revertir.

Esta es una institución pública en donde las personas que la integran se tienen primero que sentir confiadas y seguras y respaldadas también en esas cuestiones que hacen a su salud mental y a su desarrollo personal.

La recuperación por parte del Estado de territorios en algunos barrios conflictivos también ha sido materia de preocupación de todo el espectro político, pero cada uno con distintas ideas. En ese sentido, usted ha reivindicado el Plan Siete Zonas. ¿Por qué lo considera tan importante?

Esto que me preguntas me permite vincularlo con lo que sería una gestión departamental. El Plan Siete Zonas tenía como un concepto fundamental mejorar la presencia de los servicios públicos en el territorio y en particular en el territorio del área metropolitana y con foco en algunas zonas.

La violencia urbana en Montevideo está muy desigualmente distribuida. Hay barrios donde la posibilidad de ser víctima de un disparo de arma de fuego se multiplica por 40 y por 50 con respecto a los barrios de la costa.

Entonces esa desigualdad presente en el territorio, que también es una desigualdad socioeconómica, por supuesto, y de oportunidades, es materia de una obligación para el Estado; el Estado se desarrolla sobre un principio de igualdad. Nosotros, desde una parte perspectiva de izquierda, creemos en la igualdad como un principio ineludible, y el Plan Siete Zonas son planes de desarrollo urbano focalizados que justamente tienen, desde ese punto de vista, una mirada compensatoria de áreas que han sido, digamos, marginadas por las lógicas del mercado y en donde el Estado tiene que hacer un espacio particular con espacios públicos, con oferta cultural, deportiva, con mejor accesibilidad en el transporte, con mejores veredas. O sea, zonas que no queden de alguna manera aisladas de los derechos de los cuales gozamos el resto de los ciudadanos que vivimos en otras zonas.

Ahí, obviamente hay un desafío de vínculo entre niveles de gobierno. Lo municipal, lo departamental y lo nacional, por supuesto, ahí tiene que estar muy presente; pero si recordás, en el Plan Siete Zonas fueron emblemáticas, por ejemplo, las intervenciones en espacios públicos como la plaza Casavalle, la plaza Marconi, el desarrollo que se hizo en la zona de Tres Ombúes con un centro cívico muy importante, con infraestructura deportiva. Todo lo que fue la inversión en el Complejo Sacude de Casavalle, también con una oferta este de participación social bien importante. Y nosotros creemos que ese es el camino a seguir.

Las ciudades latinoamericanas que pudieron contrarrestar los problemas de violencia y desintegración, como el caso emblemático de Medellín, tuvieron en sus políticas urbanas una clave fundamental y en Montevideo creemos que hay que hacer lo mismo.

¿Cuáles son los principales objetivos que persigue la propuesta de Mario Bergara de fortalecer un ámbito de coordinación entre los municipios y el Gobierno central sobre políticas de seguridad y convivencia ciudadana?

Mario Bergara lo ha planteado con mucho énfasis y de manera reiterada que, en una administración departamental conducida por él, los municipios van a tener un rol mucho más protagónico. O sea, nosotros tenemos una convicción muy fuerte en el rol de los municipios y creemos que Uruguay todavía, y Montevideo en particular, no ha sacado todo el provecho que ese tipo de gobiernos locales pueden generar.

En primer lugar, por el nivel de cercanía. Son los gobiernos que están mucho más cerca de la gente, de sus problemas cotidianos, que tienen menos intermediarios, en los que también para la gente es mucho más fácil poder hablar con las autoridades locales de manera muy directa, por lo tanto, son gobiernos mucho más proclives a la participación; pero obviamente hay que darles a esos gobiernos municipales mayor capacidad de incidencia y más recursos. Es decir que, a nivel departamental, e incluso a nivel nacional, a la hora de tomar decisiones acerca de dónde ubicar los servicios, qué infraestructura priorizar, dónde reconocer que están los problemas de convivencia en el territorio, tiene que echar mano a los municipios a un nivel mucho más permanente y profundo.

En eso nosotros queremos embarcarnos y salir de la concepción de que el municipio se dedica al barrido y al cuidado de los espacios públicos locales, digamos, las plazas y otras áreas verdes, que obviamente es algo que hace y tendrá que seguir haciendo, pero que puedan ser mucho más una cámara de resonancia de los problemas locales, y ahí la seguridad está entre los primeros.

Se necesita un cambio de mirada. Nosotros venimos de un periodo en donde el gobierno pasado tuvo un divorcio muy grande entre distintas instituciones públicas, en el Gobierno nacional me refiero, por ejemplo en políticas de drogas. En ASSE tenías un discurso en el Ministerio de Salud Pública, en el Mides tenías otro enfoque muy centrado en los servicios para personas en situación de calle, y en la Junta Nacional de Drogas, con Daniel Radío, tenías otra visión distinta, entonces lo más complicado que heredamos en términos de política de drogas es una fuerte descoordinación entre instituciones.

Se invirtió dinero, toda la sociedad uruguaya destinó recursos bastante importantes a la política de drogas y en particular a los servicios de tratamiento. Pero esos recursos se repartieron con criterios políticos, incluso de armonizar una conflictiva relación dentro de la coalición y no con criterios técnicos.

Entonces, ahí nosotros tenemos fuertes expectativas con este nuevo Gobierno nacional y con una dirección de ASSE que vemos muy potente, con un muy buen nivel de sintonía política y asistencial con el Ministerio de Salud Pública, creemos que las intendencias se tienen que sumar. Las intendencias se suman con infraestructura, muchas veces con personal técnico, favoreciendo que los servicios sanitarios, en este caso para usuarios de drogas, puedan estar bien cerca de la gente. Y la Intendencia Montevideo ya tiene buena experiencia al respecto, que esperamos que en un próximo gobierno departamental se pueda sintonizar mucho mejor con el Gobierno nacional.

Desde el 2019, el rol de Uruguay en el esquema de narcotráfico regional e internacional quedó expuesto por grandes cargamentos de cocaína decomisados, la mayoría en Europa y provenientes del puerto de Montevideo. Sin embargo, hace dos años que en ese recinto portuario no se detecta ningún cargamento. ¿Es una buena noticia o es para preocuparse?

Yo no creo que dé para sacar conclusiones tan rápidas con respecto a que Uruguay está disuadiendo a los grandes cargamentos.

Uruguay sigue teniendo algunos problemas estructurales con respecto a la detección de esos cargamentos. De hecho, muchos se han detectado en el extranjero y luego se hizo la reconstrucción, digamos, hacia atrás.

Uruguay no tuvo una política unificada y con una mirada estratégica sólida con respecto al combate al crimen organizado. Tengo claro que el actual Gobierno de Yamandú Orsi y, en particular, con el liderazgo del prosecretario Jorge Díaz, está jerarquizando mucho esta política de combate al crimen organizado.

Sería esperable que Aduanas, la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y el Poder Judicial, y en particular la Fiscalía, funcionaran de una manera mucho más coordinada. Y creo que, en definitiva, ese es el camino.

La otra arista a la cual hay que apostar es a una fuerte coordinación internacional. El Gobierno anterior hizo una especie de novela política con respecto a la DEA y a por qué la DEA se había ido del país. Quiso construir una especie de narrativa de que en los gobiernos del Frente Amplio se había ahuyentado a la DEA, lo cual es totalmente falso.

Se coordinaba con la DEA como se coordinó con otras y como se debe coordinar con otras policías. Pero lo que parece acá como de primer orden de relevancia es tener un muy buen trabajo articulado con los países de la hidrovía. Ahí es donde está ubicado nuestro problema y en particular con las policías europeas, porque son los mercados de destino de los cargamentos que pasan por acá.

Entonces, con la DEA, que está más preocupada por el fentanilo y México que por la cocaína sudamericana que va a Europa, ¿cree que la coordinación que debe profundizar Uruguay es con la Europol, la Senad paraguaya y el Comando Tripartito que también está integrado por Argentina y Brasil?

Totalmente. Los esquemas de coordinación tienen que ser a nivel de Mercosur, por un lado. Por otra parte, como bien decís, con la comunidad europea, con la Unión Europea, con la que se viene trabajando, se viene profundizando a nivel comercial, entonces, por qué no agregar a esos acuerdos planes específicos de trabajo para el control de contenedores, para el control de aeropuertos y vuelos internacionales.

O sea, hay buenos instrumentos que Europa ha desarrollado, que también las policías latinoamericanas han desarrollado y creo que ese es el camino fundamental, sin descartar que, obviamente, la DEA puede ser, en contextos específicos, una fuente de información relevante y hay que seguir trabajando con ellos.

No se dirime esto en que haya un funcionario dentro de las fronteras nacionales. En pleno siglo XXI no se necesita la presencialidad para hacer una buena articulación.

El ministro del Interior, Carlos Negro, fue muy criticado por su honestidad brutal, pero el aumento del narcotráfico a nivel mundial, el tamaño de los cargamentos y los niveles cada vez más grandes de producción avalan la idea de que la guerra contra las drogas está perdida. No obstante, ¿se puede ganar batallas o corregir falencias, por ejemplo en zonas fronterizas?

Sí, sin duda. También en un esfuerzo de pensamiento crítico para encontrar alternativas al modelo de guerra a las drogas. Yo creo que la discusión no es tanto si la guerra se está perdiendo o se está ganando, sino que el enfoque de guerra es el que no ha funcionado.

Es cierto que Uruguay por sí solo no puede plantear una alternativa a un problema que es global, pero sin duda que tenemos que sumar voluntades. En Latinoamérica hay voces críticas de las políticas de drogas. Pienso, por ejemplo, en el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pero puede haber otros que digan: bueno señores, en esta guerra de las drogas que se diseñó en los países del norte, específicamente en Estados Unidos, los muertos los estamos poniendo los latinoamericanos hace mucho tiempo. Es en nuestros barrios que muere la gente, es en los sectores rurales de muchos de los países latinoamericanos donde las personas están siendo coactadas por agrupaciones criminales.

Entonces, lo que tenemos que hacer es sentar a la mesa a los países poderosos y con capacidad de financiamiento para pensar o para desarrollar otras políticas que muchas de ellas ya están pensadas. El camino que ha desarrollado Uruguay con un mercado regulado de cannabis es una posibilidad. Es un pequeño aporte, pero que sin duda plantea una lógica distinta a la de la guerra de las drogas.

Los proyectos de desarrollo sostenible, fundamentalmente rural, pero también de desarrollo sostenible de las ciudades y, como tú decías, las ciudades fronterizas son fundamentales.

El narcotráfico crece, no tanto por fortalezas o debilidades de los cuerpos de seguridad, sino que crece cuando hay grandes niveles de desigualdad y en las comunidades que están más impactadas por la falta de oportunidades, la falta de ingresos. Y es justamente ahí donde nosotros tenemos que hacer un énfasis bien importante como país, pero sobre todo como comunidad latinoamericana.

También hay una cuestión en la narrativa del prohibicionismo, de caracterizar al narcotráfico únicamente como una actividad criminal y no como una unidad económica muy relevante en el comercio y las finanzas.

Bueno, eso que decís está muy bien. O sea, el problema del narcotráfico es un problema económico. Lo que han creado el prohibicionismo y las convenciones internacionales de drogas es un mercado ilegal. Así como pasó en la década de los 30 con las licorerías en los Estados Unidos.

El narcotráfico es el impuesto que pagan las sociedades por elegir al prohibicionismo como camino, como política pública preferida en temas de drogas. Entonces, tenemos que traer con mucha más fuerza las políticas sanitarias a las políticas de drogas.

Se ha invertido, en una relación totalmente desproporcionada, mucho más dinero en los cuerpos de seguridad, no en Uruguay, pero sí en países como México, con la militarización de la seguridad pública y solamente se ha invertido de manera lateral, de manera marginal, recursos para promover la salud y el tratamiento de las personas que están afectadas por el consumo problemático.

Ese es un cambio de paradigma, pero también de énfasis, de dónde se deben colocar los recursos, y Uruguay de alguna forma lo ha hecho de una manera más temprana, que es un camino en el cual hay que seguir profundizando.