En su despacho del segundo piso del edificio comunal, mate de por medio, el economista Mauricio Zunino explica con aplomo cómo incidió haber postergado las elecciones departamentales que históricamente se llevan a cabo en mayo, lo que hizo modificar el calendario de tratamiento del presupuesto que siempre se presenta a seis meses luego de haber asumido y que ya está en la órbita de la Junta Departamental para su tratamiento.

 

¿Cómo es el diseño del mensaje presupuestal que envían a la Junta Departamental?

Nosotros tuvimos que trabajar modificando un poco los énfasis en cómo se estructuraba históricamente el diseño presupuestal. Por un lado la coyuntura económica que nos ha afectado de forma importante en los ingresos ya que la crisis sanitaria impactó en lo económico y en los ingresos de 2020, y las proyecciones que tenemos para 2021 y 2022 mejoran un poco los resultados de 2020, pero no significativamente; la crisis económica ha generado muchísima mas desigualdad social, pobreza, necesidades de asistencia por parte de los gobiernos. Así que el cambio de énfasis está fundamentalmente en la necesidad del enfoque social.

 

¿Cuál es el estado financiero con que recibiste la intendencia?

La situación viene de un déficit de 1.200 millones en el año 2020, pero en la estrechura acumulada es de unos 2.200 millones, lo que representa un 10% del presupuesto total, lo que es manejable, pero el resultado del último año es mal fundamentalmente por la caída de ingresos, ocasionando un desfajase presupuestal muy importante.

Hay que pensar que la última apertura, la última modificación presupuestal, hasta esta que presentamos, es del año 2018.

En la rendición de cuentas de ese año había una proyección de ingresos y de gastos que no preveía lo que ocurrió en 2020.

Es una complejidad importante porque no visualizamos que sea un foco de coyuntura; los economistas del gobierno decían que la crisis iba a tener la forma de una V, que iba a producirse una caída importante de la economía para luego recuperarse rápidamente y eso no es lo que está pasando, entonces visualizamos que lo que pasó en el 2020 sea posiblemente la realidad de todo el quinquenio.

El desafío es como no desatender servicios, dar mecanismos de asistencia a la ciudadanía en un marco de la caída de ingresos.

 

En ese panorama surge el Plan ABC.

Sí y eso llevó a un cambio en los ejes y en las prioridades, y la prioridad es el enfoque en las políticas sociales y financiar eso. Por eso hubo que modificar la estructura histórica de presupuesto, porque no es la estructura que se necesita para este nuevo período.

 

¿Qué áreas podrían verse resentidas en esa modificación?

Nosotros tratamos que ningún servicio se resintiera; seguir brindando todos los servicios a la ciudadanía aunque quizás no como en los años anteriores, pero eso es mínimo.

Hicimos algunos cambios importantes en los mecanismos de procedimientos para ahorrar costos, en eso es muy importante el proceso de digitalización, incentivando en un artículo del proyecto a que los contribuyentes obtengan beneficios si hacen los trámites digitalmente y no presencialmente, transformación que tenemos que seguir profundizando a lo largo del quinquenio para abreviar procesos y ha optimizado los costos.

Hay ahorros durante 2021 en la medida que hay actividades que no se pueden hacer como los espectáculos, festivales y salas, pero habrá que calzarlos presupuestalmente los años que vienen en un formato distinto.

Nosotros en función de las restricciones de ingresos estructuramos el gasto en forma equilibrada como nos exige la Constitución, direccionando los gastos.

La idea es ir a un ahorro de 20% de los gastos de funcionamiento y de inversiones en los gastos de los departamentos y eso es lo que definimos en el  gabinete en enero.

Solicitamos a los departamentos que pensaran cómo mejorar presupuestalmente su funcionamiento en los procesos sin resentir los servicios. Fueron varios meses de trabajo, pero se logró ese margen, que hace sostenible ese nivel de ahorro.

 

¿Qué pasa con el presupuesto a nivel de los municipios?

Los municipios tienen algunas particularidad con la estructura presupuestal; por un lado tienen que  presentar a la Junta de Alcaldes y a la intendencia los lineamientos estratégicos al que nosotros tenemos que asignar un tope presupuestal y luego los municipios estructuran su presupuesto que se anexa al presupuesto de la intendencia.

Los municipios tienen dos fuentes presupuestales; una fuentes es el Fondo Municipal que la intendencia da a cada municipio y los del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal (FIGM) que administra la OPP y se vota en el Presupuesto Nacional, que van a estar por debajo del fondo asignado en 2020 hasta el año 2023 por los recortes planteados.

Queda a definición de cada municipio y no de la intendencia cómo se ejecutan esos fondos, por ejemplo una obra de vialidad que defina el Consejo Municipal. Los fondos del FIGM tienen algunas restricciones en cuanto a algunas disposiciones de gastos, pero igual lo decide la comuna.

 

¿Cómo impactan los recortes presupuestales del gobierno nacional en el déficit que ya arrastraba la intendencia?

Hay una caída de las partidas del gobierno nacional que el grueso son las partidas del Artículo 214 de la Constitución, que establece el sistema  de transferencias, donde el gobierno nacional debe destinar el 3,33% de su presupuesto a los gobiernos departamentales, que siempre es lo que se destina, o sea, puede destinar más, pero siempre se destina ese piso.

El gobierno nacional actual destina ese porcentaje, que es lo que se destinaba históricamente; la diferencia es que ese 3,33% es sobre una estructura de presupuesto que tiene 2.000 millones de dólares menos (350 millones de pesos menos para el año 2021).

Las otras partidas más chicas se han mantenido, por ejemplo en caminería rural para Montevideo o alumbrado público.

 

¿Cuál es el plazo para aprobar el presupuesto?

120 días cumpliendo todas las etapas que se podrían alargar por alguna observación del Tribunal de Cuentas.

A partir de la semana que viene vamos a estar pasando cada uno de los departamentos por la comisión de la Junta Departamental.

El lunes 14 de junio Secretaría General y nosotros hacemos la exposición general. Van los municipios y también Adeom. Luego, discusión de la comisión y del pleno y se aprueba por mayoría simple.

Este presupuesto tiene la particularidad de que ya se está ejecutando parte del mismo sin estar aprobado, porque el presupuesto anterior cayó en diciembre de 2020 en todos los departamentos; así que a partir de enero cada departamento presentó un presupuesto en mayo que estará aprobado en setiembre u octubre como fruto del aplazamiento de las elecciones.

Nos pasó a todas las intendencias.

 

Si dibujaras la torta del presupuesto, ¿cómo está conformada?

Un 45 o 46% es la masa salarial, que es un poco más que los períodos anteriores por ahorro en otras áreas, manteniendo en el esquema salarial el poder de compra. En el presupuesto reflejamos el convenio con Adeom.

Un 11% son las inversiones, la Junta Departamental  un poco menos del 3%; un 3,5% las amortizaciones de capital que este año son las obras de saneamiento convenidas con el BID; 35% son los gastos de funcionamiento, pero por ejemplo ahí entra de todo un poco, como por ejemplo el subsidio a terceros como el transporte, que habría que sacarlo del gasto de funcionamiento, que es un monto muy significativo (para el año 2021 son 2.500 millones de pesos), que tiene ver con la movilidad, pero es a terceros.

 

En esa torta, ¿el Plan ABC qué carga presupuestal representa?

El Plan ABC entra en los gastos de funcionamiento y son unos 1.300 millones de pesos; presupuestalmente está calzado en cada uno de los departamentos que ejecuta, por ejemplo en Secretaría General los fondos de previsión habitacional, género, otros en Desarrollo Urbano y así sucesivamente. Esto va estipulado en un artículo del presupuesto.

El presupuesto recoge muchas inquietudes planteadas por algunos ediles de la bancada del Frente Amplio.

 

¿Está previsto el ingreso de nuevos funcionarios?

Lo que esta acordado en el convenio es la sustitución 1 a 1, un trabajador que ingresa por cada vacante y estudiar los sectores críticos que tienen falta de personal y a veces la falta de personal tiene que ver no con la cantidad, sino con las características del personal, y otras áreas donde hay un personal envejecido, que no es una urgencia a resolver.

No es homogénea la estructura en ese sentido.

Es un presupuesto que nos deja conformes y que se enfoca hacia el rumbo de esta administración. Estamos buscando inversiones que nos permitan canalizar otros mecanismos no presupuestales, por ejemplo la construcción de fondos. Para este año vamos hacia la ampliación del Fondo Capital para poder incluir dos obras en materia de limpieza y en esa búsqueda andamos.

 



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