En el “Compromiso por el país” del
gobierno multicolor se señalaba en noviembre de 2019: “Disminuir el déficit fiscal como condición para reducir el ritmo de endeudamiento. Identificar y aprovechar oportunidades de ahorro en el gasto público, sin afectar las prestaciones en el área social. Aspiramos a un Estado activo, no prescindente, en apoyo de los más vulnerables”.
Premonitoriamente, la historia fue diametralmente opuesta a estos objetivos:
aumentó el déficit fiscal, creció la deuda y se recortaron diferentes políticas
sociales, fundamentalmente las que tenían una expresión territorial.
El gobierno de Luis Lacalle Pou,
embanderado bajo el lema de la “libertad responsable”, dejó un país
profundamente marcado por una gestión económica que priorizó los intereses de
los “malla oro” por encima de las necesidades de la mayoría de la población.
Bajo la fachada de eficiencia y austeridad, se ocultó una política económica
regresiva, que profundizó la desigualdad, debilitó los servicios públicos y
comprometió seriamente las condiciones de vida de miles de uruguayos y
uruguayas.
Uno de los pilares del discurso del
ex oficialismo fue la necesidad de controlar el déficit fiscal. La saliente ministra de Economía, Azucena Arbeleche, sostuvo al asumir que el déficit
fiscal era insostenible. Terminado su mandato, nos deja el mayor déficit fiscal
de los últimos 35 años. A eso debemos sumar que la deuda pública también
aumentó significativamente. Entonces, cinco años después, nos encontramos con
más gasto y más deuda, pero con un creciente porcentaje de pobreza infantil y
mayor desigualdad social. ¿En qué y cómo se gastó? Tenían razón, era un tema de
gestión.
Nuestro gobierno, que aún no cumplió
los primeros cien días, asume en un escenario complejo, no solo por los
diversos cierres de empresas, la inestabilidad de algunos prestadores de salud
y grandes empresas de transporte o la situación crítica de la Caja de
Profesionales. Fueron surgiendo deudas postergadas que debieron ser saldadas en
el período anterior y que se suman al déficit actual.
La Administración de los
Servicios de Salud del Estado debe hacer frente a casi 300 millones de dólares
de la gestión saliente. No sólo que no pudieron cumplir con la distribución de
medicamentos en todo el país, sino que dejaron una deuda gigantesca. Ancap es
entregada con déficit y un préstamo pendiente, cuando en 2019 cerró sus
utilidades con superávit. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas deberá
gestionar un litigio por la puesta en funcionamiento del Ferrocarril Central,
supuestamente resuelto por las autoridades anteriores, por un monto de 160
millones de dólares. El Ministerio de Defensa Nacional se encuentra analizando
la situación de la compra de dos patrullas oceánicas, por un valor cercano a
los 100 millones de dólares, en un proceso marcado por la opacidad. Y a esto
debemos sumar el adelanto de impuestos de las empresas públicas, lo que
representará menores ingresos para el presente año. En resumen, el gobierno
debe afrontar, entre gastos postergados de 2024 y gastos comprometidos de 2025,
una deuda del entorno de los 1.000 millones de dólares.
Pero más allá de las cifras
macroeconómicas, la verdadera medida de una política económica está en su
impacto sobre la vida de las personas. La inflación, aunque contenida en el
entorno del 5%, erosionó el poder de compra en un contexto de estancamiento salarial.
Recordemos que el salario real cayó durante casi todo el período de gobierno
multicolor, recuperando, al final del mandato, los valores de 2019. Es decir,
que el sector trabajador pasó cinco años para empatar en sus ingresos, con
pérdidas que no se pueden recuperar.
El desempleo estructural se mantuvo
alto, y aunque el índice oficial bajó del 10% en 2020 al 8,2% en 2024, esto se
explica en parte por la precarización del empleo y el aumento del subempleo.
Tenemos una enorme parte de los trabajadores sumidos en la informalidad, lo que
implica inestabilidad laboral y no tener acceso a la seguridad social. Sumado a
550 mil ciudadanos que ganan 25 mil pesos o menos.
La pobreza aumentó y golpeó con mayor
fuerza a los sectores más vulnerables. Entre 2019 y 2023 (último dato
disponible anual), la pobreza general pasó del 8,8% al 10,1%, mientras que la
pobreza infantil alcanzó el 20%; una cifra escandalosa en un país que se
enorgullece de su matriz de protección social. El ingreso medio de los hogares,
medido en términos reales, se estancó o retrocedió, profundizando la brecha
entre los sectores altos y el resto de la población. En suma, únicamente el 5%
de los hogares más ricos mejoraron sus ingresos.
No me olvido de la pandemia ni de la
sequía, ni de los sucesos ocurridos en el mundo. Son factores ineludibles para
el análisis. Pero tampoco debemos olvidar que mientras la economía se recuperó
y creció, las ganancias no se repartieron de la misma forma que se repartió la
crisis. La bonanza fue para unos pocos. Y eso es total responsabilidad de la
conducción del gobierno.
La gestión de Lacalle Pou, lejos de
impulsar un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible, consolidó un esquema
económico basado en la concentración de la riqueza, el debilitamiento del
Estado y el sacrificio de los sectores populares. Su legado no será el de una
economía ordenada, sino el de una sociedad más injusta.?
No ponemos excusas. En campaña
electoral, Yamandú y Carolina presentaron 48 propuestas para el desarrollo del
país. Ya en el gobierno, el Poder Ejecutivo, a través de sus ministerios, puso
en marcha 63 prioridades a concretar en el quinquenio. No más anuncios vacíos.
Vamos por las acciones que hagan del Uruguay un país más justo en donde nadie
quede atrás.
