El plebiscito sobre la Seguridad Social y la táctica de la incertidumbre

Salvo algún plebiscito como el de la Ley de Caducidad, donde la izquierda en su conjunto cerró filas y sumó sectores de los partidos tradicionales, el resto de los plebiscitos ha demostrado la diversidad de posturas (lo que para los sectores de la coalición de gobierno es una oportunidad para profundizar diferencias internas), pero no es una situación novedosa en el Frente Amplio.

Es innegable que el resultado final está condicionado al marco de apoyo o rechazo que tenga en este caso la propuesta por el SÍ de reforma constitucional sobre Seguridad Social, pero Marcelo Abdala plantea algo que quizás mereciera un debate más profundo y es porque justamente las propuestas emergidas desde la población son las que encuentran mayores resistencias. Si la democracia es el gobierno del pueblo, y este mecanismo constitucional es la expresión de democracia directa, el debate no debería centrarse en una campaña llena de intenciones de generar incertidumbres.

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Gerardo Caetano recuerda que cuando la “idea de la Ley de las 8 horas” desembarcó en Uruguay, “los empresarios uruguayos eran más patrones que empresarios. Historia larga y lamentablemente vigente. Su núcleo de enriquecimiento pasaba por la sobreexplotación de los trabajadores, que llegaban a trabajar 11, 12, 13, 14, 15 horas, como ha quedado testimoniado en la documentación. Pero en aquel final del Siglo XIX, en ese Uruguay de las utopías, la cuestión social era vista por los distintos gobiernos como cuestión policial, como algo que había que reprimir”.

Si bien Caetano contextualiza la realidad de principios del siglo XX, también gráfica el pensamiento de los sectores dominantes de la sociedad cuyo relato se sostiene hasta nuestros días: “En el novecientos, había dos grandes familias ideológicas. De un lado estaban los liberales conservadores, que creían que el sujeto de la libertad era el individuo, que los derechos preexistían a la política, que no había que impulsar ninguna noción de bien, que había que dejar que el individuo se despegara porque la felicidad era una cuestión individual. Y por eso recelaban de la democracia y ambientaban un capitalismo duro, donde el Estado no interviniera”.

Este contexto de hace un siglo atrás pudiera no servir de pretexto sino fuera por la resistencia que en los primeros años de este siglo representó la Ley de las 8 horas para el trabajador rural. En muchos lugares del interior profundo, esta ley fue difícil de hacer cumplir y en septiembre del año pasado los representantes de las patronales en el Consejo Superior Tripartito exigían, cómo condición para negociar, que los trabajadores analicen primero canjear horas de trabajo por horas de descanso, la llamada flexibilización laboral. El actual presidente y entonces legislador Lacalle Pou votó en contra de la iniciativa: “Tiene que haber una defensa del trabajo rural. Ha habido empresarios rurales que se manejan decentemente en las relaciones laborales, y también hemos visto de los otros. Creo que las ocho horas no se adecúan al trabajo rural”.

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El plebiscito del 80

Aunque en este caso el plebiscito era propuesto por el Gobierno cívico militar, desde el oficialismo se “estrenó” una campaña del miedo contra el NO y los riesgos que implicaba para el país de no ganar el SÍ, propuesta que defendía incluso en sus años mozos algún ministro del actual Gobierno (Daniel Salinas). El papel de la prensa afín al régimen marcó una impronta que se convertiría en un manual; Luis Eduardo González (en Estructuras políticas y democracia en Uruguay, FCU, 1994) considera que en el plebiscito hubo “fraude estructural”, en el sentido de que la campaña preelectoral fue “extremadamente sesgada” y las voces y acciones de la oposición fueron reducidas.

El historiador Carlos Demasi recuerda que en esa oportunidad “la lógica autoritaria creaba una oposición polarizada “amigo-enemigo”, en la que los adversarios eran calificados como “minorías” y su lugar como políticamente “nocivo”. Esta lógica llegó a su máxima expresión en la propaganda oficial del régimen por el “SÍ”.

Apelando a generar un clima de incertidumbre y temor, la imagen de una joven estudiante estaba acompañada del título “¿Cómo eran las clases en 1972?”, en tanto el cuerpo del texto decía: “Los jóvenes de hoy no se imaginan cómo eran las aulas en el año 1972. En los tres niveles de la enseñanza hubo 24 paros que distorsionaron los cursos dejando inconcluso el año escolar para los niños de primaria. La infiltración subversiva paralizaba la administración de la enseñanza y la docencia. Los centros de estudio eran depósitos de armas. Las aulas, sitios peligrosos. Ahora que hemos recuperado la normalidad en la enseñanza tenemos que cuidarla. Para eso necesitamos una nueva Constitución que proteja a nuestros jóvenes y les permita estudiar en paz”; y otra, la Facultad de Derecho bajo la frase “Antes era una fábrica de bombas, ahora es una casa de estudios”.

El concepto central era votar por lo que mantenga el orden reinante: “Si usted piensa que da lo mismo votar de una manera o de otra, se equivoca. Si usted quiere volver al pasado, arriésguese. Pero si usted piensa en su familia, en su patria, en su hogar, ¡el 30 de noviembre vote SÍ!, ¡dígale SÍ al Uruguay”.

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Consolidando impunidad

Tres mujeres hicieron el llamado para constituir una Comisión Nacional pro Referéndum: las viudas de Zelmar Michelini y de Héctor Gutiérrez Ruiz, los dos legisladores uruguayos asesinados en Buenos Aires en mayo de 1976, y la abuela de Mariana Zaffaroni, una niña que desapareció junto con sus padres.

El referéndum para derogar la Ley de Caducidad, impulsada por el Frente Amplio, sectores de los partidos tradicionales y el movimiento social y sindical, fue un laboratorio del cuál emergieron una serie de definiciones vigentes hasta hoy.

La primera fue la modificación legislativa para la convocatoria a instancias de referéndum o plebiscito, una herramienta a la que se estaba apelando, según los sectores dominantes, en demasía (se venía del plebiscito impulsado por FUCVAM). Por el otro lado, a todo el aparato de propaganda oficial del Gobierno se sumaba la participación casi directa en el debate del propio presidente, Julio María Sanguinetti. Los procedimientos de control de las firmas por la Corte Electoral fueron dilatados y originaron encendidas polémicas en que la Comisión y las organizaciones sociales y políticas que la respaldaban denunciaron métodos fraudulentos tendientes a anular firmas. El Gobierno de Julio María Sanguinetti, las corrientes políticas que habían apoyado la ley y la gran mayoría de los medios de prensa (incluidos todos los de televisión) se opusieron al referéndum y respaldaron a la Corte Electoral.

En este plebiscito, como evidencian los archivos Berruti, se relevó la existencia de 38 informantes infiltrados que reportaban a 15 militares, denominados “manipuladores”. Los informantes eran personas de confianza de las organizaciones espiadas y cobraban dinero y premios.

El periodista Guillermo Waksman, recordando aquel plebiscito, comenta: “El propio presidente de la República (J.M. Sanguinetti) dijo que la campaña de recolección de firmas estaba inspirada en el odio y el rencor y, permanentemente, desde el partido de gobierno, se sostuvo que la iniciativa había sido de los tupamaros y que se sostenía exclusivamente gracias al apoyo de los comunistas.

La campaña por la confirmación de la ley no respondió a un comando unificado. Cada uno de los sectores que la apoyaron sostuvo sus propios argumentos. La mayoría del Partido Colorado, por ejemplo, manejó el de la equidad: si se había amnistiado a los tupamaros, debía dictarse una amnistía también para el otro bando, es decir, para los militares.

Estaban los «pragmáticos»: los militares debían ser investigados y juzgados por las violaciones a los derechos humanos, pero los civiles no podían porque no tenían la fuerza suficiente obligarlos a someterse a la Justicia; ergo, no había otra solución que «dar vuelta la hoja». Esta posición, apenas con alguna palabra de diferencia, fue sostenida, por ejemplo, por el senador Alberto Zumarán, sucesor de Ferreira Aldunate en la conducción del Movimiento Por la Patria.

Había un denominador común: la evocación del temor. ¿Qué pasaría en el país si la ley resultaba anulada y los militares citados por la Justicia se negaban a comparecer? «Se corre un grave riesgo institucional», dijo el doctor Sanguinetti. «Nada nos garantiza que los que estaban dispuestos a desobedecer en 1986 vayan a obedecer en 1989», agregó el vicepresidente Tarigo. Y, por si fuera poco, el ministro de Defensa (el mismo que había retenido las citaciones a sus subordinados) respondía a esa crucial pregunta con un lacónico «veremos». Ninguno de ellos la contestaba asegurando que harían cumplir la Constitución y la ley, como corresponde”.

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Empresas públicas

La ley n.° 16.211, conocida como Ley de Empresas Públicas, fue aprobada en Uruguay durante la administración de Luis Alberto Lacalle, y motivó un intenso debate político y social; parte de su contenido fue derogado por un referéndum popular. Dicha ley también implicó negociaciones en el elenco gubernamental. El trabajo buscó conciliar las diferentes opiniones que iban desde la expuesta por Jorge Batlle, partidario total, convirtiéndolas en sociedades anónimas, hasta las de Alberto Zumarán y Carlos Julio Pereyra, que abogaban para que el Estado las mantuviera bajo su control mayoritario abriéndolas para recibir capitales extranjeros.

Este acuerdo motivó el primer mensaje a favor de la campaña de defensa de la ley expresado por el presidente Luis Lacalle Herrera: “Todos los sectores que están en el gabinete han dado su apoyo expreso. Es un compromiso asumido libremente, patrióticamente y entusiastamente por los principales dirigentes del Partido Colorado los doctores Sanguinetti, Batlle y el señor Jorge Pacheco Areco en las conversaciones previas a la formación del gobierno, y dentro del Partido Nacional por todos los sectores que están integrados dentro del gabinete”.

Ejerciendo como presidente principal defensor de la ley, los conceptos políticos manejados obraban como en el pasado para dividir a la ciudadanía: «Tenemos que marcar una raya, tenemos que marcar dos posiciones”.

El martes 10 de diciembre de 1991 la Comisión de Defensa del Patrimonio y Reforma del Estado, en un comunicado, informó que existe acuerdo en impugnar los artículos 1, 2, 3, 10 y 32 de la Ley de Empresas Públicas. La comisión tenía el respaldo del Pit-Cnt y del Frente Amplio, pero en el plenario de la coalición de izquierda las posiciones no eran unánimes. Incluso, antes de que se adoptara una decisión, el Gral. Líber Seregni mantuvo una entrevista con Sanguinetti para auscultar su posición sobre una eventual campaña de recolección de firmas. Según publicó «La República» el 11 de octubre de 1991, el líder del Foro Batllista respondió negativamente mostrándose contrario a acompañar el referéndum.

El domingo 13 de diciembre de 1992, el «Sí» recibió 1.293.016 votos contra 489.302 del «No», con 22.327 sufragios en blanco, 36.992 anulados y 100.191 observados, registrándose un total de 1.941.829 personas que concurrieron a votar. Los cinco artículos de la Ley de Empresas Públicas quedaron derogados.

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Por el agua

El plebiscito del agua en Uruguay se realizó el 31 de octubre de 2004. En dicha ocasión se plebiscitó la reforma constitucional que puso en manos del Estado en forma exclusiva la distribución de agua potable y saneamiento en Uruguay. La propuesta contó con un 64,58 % de apoyo.

Este plebiscito no tiene precedente en la historia mundial, ya que es a través de su inclusión en la Carta Magna de un país por la vía de la democracia directa que se indica el servicio de abastecimiento de agua para el consumo humano exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales para la defensa del agua como un derecho.

Sobre la inclusión en la Constitución, el entonces presidente decía a la prensa internacional: ”PRESIDENTE BATLLE: La reforma de la Constitución es una decisión que tomó el pueblo uruguayo y, por tanto, la Corte Electoral comunicó y publicó ayer que efectivamente se habían alcanzado los guarismos electorales adecuados, necesarios para que la Constitución fuera modificada, y que por tanto a los tres días de la publicación la nueva Constitución comenzaba a regir y la única cosa que hizo el Poder Ejecutivo fue comunicarle a la OSE lo que es público y es obligatorio. La Constitución debe cumplirse y, por tanto, si la Constitución manda que todos los servicios de agua y saneamiento sean ejercidos exclusiva y directamente por una persona jurídica estatal, me parece que eso vamos a ser redundantes, más claro echarle agua”.

Ley de responsabilidad penal empresarial

La ley 19.196 de Responsabilidad Penal del Empleador ante el incumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo se aprobó el 18 de marzo de 2014. La aprobación de la ley, liderada por el Sindicato Único de la Construcción, encontró no pocas resistencias.

El Dr. Gustavo Bordes fundamentaba: “Para mí la ley es inconstitucional porque estaría violando el principio de legalidad cuando hace referencia a la violación de reglamentos o decretos sobre seguridad (…) dice que ya hay o alguien va a dictar o pueden dictar nuevos reglamentos de seguridad y el que viole esos reglamentos de seguridad va a cometer delito, pero esos reglamentos de seguridad no los va a dictar una ley, los va a dictar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Banco de Seguros del Estado, la Inspección General de Trabajo o una comisión tripartita que se cree al respecto”.

El entonces candidato a presidente en el 2014, Luis Lacalle Pou, prometía ante un auditorio compuesto por los empresarios más influyentes del país, derogar la ley. Desde su visibilidad como diputado, Lacalle Pou argumentaba que la ley de responsabilidad penal empresarial generaría un problema enorme entre el empleador y el empleado. “El Gobierno sigue con proyectos que separan en vez de unir”. Además, Lacalle Pou aseguraba que ya con las leyes actuales un empresario puede ser penado y sembraba incertidumbres: “Esto va a generar restricciones en la contratación de nuevo personal”, planteando un escenario de lucha entre Gobierno-sindicato.

La LUC

La propuesta de impulsar un plebiscito contra la LUC desde el movimiento sindical y social generó nuevamente diferencias en la dirigencia de la oposición política. Una vez conseguidas las firmas, más sectores políticos y dirigentes se sumaron a la campaña por la derogación de los 135 artículos de la LUC. El entonces ministro del Interior, Luis Heber, dijo que “si se llegan a derogar 135 artículos de la LUC, vamos a sacarle protección a la Policía y vamos a liberar presos”.

A nivel de los spots por el NO, algunos decían: «La LUC hizo que asesinos, narcotraficantes y violadores no pudieran reducir sus penas. La LUC respalda a la Policía. Votá por seguridad, votá ‘no’ y defendé tu libertad«.

“Ideologizando” el escenario en la educación sostenían los jóvenes de los partidos de gobierno: “A partir de la LUC la gobernanza en educación se rige concretamente según los criterios que tiene la Administración Nacional de Educación Pública y no por los criterios que pueden llegar a tener los dirigentes sindicales de Fenapes, ya que los centros educativos no son un lugar para imponer a los educandos ideologías partidarias”.

En ésta elección además de los partidos debe elegirse sobre éste plebiscito y el de allanamientos nocturnos; resulta paradójico que para algunos el plebiscito del Si resulte caótico mas que el que habilitará una serie de juicios y posible vulneración de derechos por el uso desmedido de la fuerza, el poner en riesgo la integridad física de los funcionarios policiales y los ciudadanos, en base además a la experiencia de los errores cometidos.

El archivo histórico parece darle la razón a Abdala.