El Pleno del Congreso rechaza la propuesta del PP de acabar ya con la suspensión de desahucios vigente desde la pandemia

El Pleno del Congreso ha rechazado este martes una moción del PP que instaba al Gobierno a poner ya fin a la moratoria de desahucios sin alternativa habitacional, una medida que se implantó por decreto en pandemia y que sigue en vigor al irse renovando periódicamente. El texto sólo ha recibido el apoyo de sus autores, UPN y Vox y ha sido tumbado con los votos del PSOE, Sumar y sus aliados parlamentarios, mientras que Coalición Canaria se ha abstenido.

En su iniciativa, el PP instaba al Gobierno a «dejar sin efecto la vigente suspensión de desahucios y lanzamientos, garantizando la protección de las personas en situación de vulnerabilidad sin trasladar la responsabilidad de la administración pública a los propietarios particulares».

Para el PP, la prohibición de desahucios que se aprobó como algo excepcional a través de un decreto ley en los primeros meses de pandemia, supone «trasladar la responsabilidad de protección social a los propietarios particulares» y autorizar «supuestos de okupación de vivienda sin ningún título habilitante para ello, amparando así una actividad delictiva».

AMPARANDO UNA ACTIVIDAD DELICTIVA

«Están amparando una actividad delictiva», ha denunciado la diputada ‘popular’ y concejala en Badalona Cristina Agüera, quien ha defendido la expulsión de «los extranjeros que delinquen de forma reincidente», ha denunciado el incremento de la inseguridad en Cataluña y ha pedido «mano dura» con los ‘okupas’.

En términos parecidos se ha pronunciado desde Vox Carina Mejías, quien se ha referido a esta comunidad como «paraíso de los ‘okupas'» y ha hecho hincapié en que la mayoría de delitos en Cataluña los realizan extranjeros.

Marta Madrenas, de Junts, ha acusado al PP de hacer «un mitin electoralista» desde la tribuna del Congreso y ha pedido afrontar este tema con «rigor» y «sin dar armas a los postulados de la extrema derecha». También la recriminado a los ‘populares’ que «desprecien» en su texto a los Mossos d’Esquadra, que son los responsables de la seguridad ciudadana en Cataluña, algo en lo que también ha incidido Mikel Legarda, del PNV.

«MARABUNTA DE MENTIRAS»

La diputada de ERC, Pilar Vallugera ha rebatido la «marabunta de mentiras» que, a su juicio, han vertido en el debate el PP y Vox, a quienes ha recriminado que hayan dibujado una Cataluña «llena de delincuentes e inmigrantes». «Las tres recetas para que haya seguridad ciudadana son vivienda, trabajo, educación y salud», ha subrayado, defendiendo la gestión del Gobierno de Pere Aragonès.

También se ha quejado del empeño del PP y Vox en «generar alarmismo y mentir» sobre la ‘okupación’ en Cataluña el diputado de En Comú Gerardo Pisarello, quien ha denunciado que lo que pasa en toda España es que existe una «concentración inmobiliaria» y una «precariedad» impiden el acceso a la vivienda y ha señalado al PP por ser los «principales aliados» de los fondos buitre.

Ignasi Conesa, del PSC, también ha denunciado la venta de vivienda pública a fondos buitre por parte de gobiernos del PP, al que ha echado en cara su negativa a declarar zonas tensionadas allí donde gobiernan. «Detrás de su negativa hay mucha gente que carece de una vivienda digna y muchos jóvenes que no pueden emanciparse. Apliquen la ley y así la señora Ayuso no tendrá tantos problemas para independizarse y tener vivienda propia», ha deslizado en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La moción rechazada incluía otras medidas contra la ‘okupación’ como «prohibir que un inmueble ocupado ilegalmente pueda tener la consideración de morada o domicilio del ocupante ilegal», declarar nula la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal, devolver el IBI y el Impuesto de Patrimonio al propietario por el periodo que haya durado la ocupación ilegal, y legitimar a las comunidades de propietarios para tomar medidas preventivas contra la ocupación ilegal.

DESALOJOS EN MENOS DE 24 HORAS

Además, el PP pretendía instar al Gobierno a «considerar la vivienda ocupada ilegalmente como residencia habitual de su propietario si lo era antes de la privación ilegítima de su posesión, de manera que esta situación no conlleve la pérdida de beneficios fiscales si los hubiere».

Asimismo, los ‘populares’ son partidarios de acometer los cambios legales pertinentes para garantizar desalojos en menos de 24 horas en casos de allanamiento de morada, reforzar las penas por delito de usurpación con hasta 3 años de cárcel, y excluir el delito de allanamiento de morada de la competencia del Tribunal del Jurado.

Además, y dada la incidencia de la ‘okupación’ en Cataluña, el PP solicitaba reforzar los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en esa comunidad y atender las reivindicaciones salariales de los agentes, así como la creación urgente de Juzgados de lo Penal, especialmente en la ciudad de Barcelona.