El profuso prontuario penal de los rosados

Sin embargo, pese a que el expediente judicial está archivado y cuenta ya con un veredicto condenatorio, la derecha vio allí una tabla de salvación a la cual aferrarse, cuando se le avecinan una andanada de audiencias, que harán desfilar a ex y actuales autoridades del gobierno por sedes penales.

Reactivación de casos

No en vano, luego de la feria judicial, se reactivaron las actuaciones relacionadas con los sonados casos que involucran al ex custodio presidencial Alejandro Astesiano, al otorgamiento de un pasaporte ilegal al narco Sebastián Marset, a la destrucción y ocultamiento a la Fiscalía de documentación oficial por parte de Roberto Lafluf, ex asesor presidencial y actual asesor de campaña del precandidato blanco Álvaro Delgado, y a las derivaciones del operativo de identificación de víctimas del pedófilo ex senador nacionalista Gustavo Penadés.

En ese contexto, voceros de la coalición de gobierno, que pidieron a la Fiscalía la reapertura de la causa relacionada con Ancap y –simultáneamente- solicitaron el desarchivo de la denuncia penal por la construcción del estadio multipropósito Antel Arena, coincidieron en afirmar que no quieren “volver al pasado”, en alusión a los problemas judiciales suscitados durante los gobiernos del Frente Amplio.

Obviamente, aunque la corrupción de la derecha es presente y contemporánea y ciertamente no requiere apelar a la memoria histórica, no les conviene regresar al pasado, porque están cubiertos de lodo hasta las narices.

Por supuesto, tienen suerte porque el Frente Amplio, cuando asumió la conducción de un país devastado en 2005, no indagó las eventuales responsabilidades penales de colorados y blancos en la demoledora crisis económica de 2002, porque había otras urgencias que atender, como la emergencia social, con un 40% de pobres, la indigencia extrema, una desocupación de dos dígitos y un Estado vaciado por el saqueo perpetrado por la derecha.

Empero, si nos retrotraemos a la década del noventa, el prontuario judicial de blancos y colorados realmente espanta. En efecto, aunque el primer político corrupto de la historia fue el ex presidente Fructuoso Rivera, fundador del Partido Colorado, quien cometió gruesas irregularidades durante su gestión, es el Partido Nacional el que tiene más procesados, pese a haber gobernado en solitario apenas durante tres períodos (1959-1962, 1963-1966 y 1990-1994), dos de ellos de cuatro años y no de cinco años.

En tal sentido, el gobierno más corrupto de la historia es, sin dudas, el de Luis Alberto Lacalle Herrera, padre del actual presidente, quien, en apenas cinco años, transformó al Estado, junto a sus secuaces, en una suerte de feudo propio.

En ese marco, fue procesado el ya fallecido ex ministro de Economía y Finanzas, Enrique Braga, por abuso de funciones, por su participación en la fraudulenta venta del Banco Pan de Azúcar.

También fueron imputados penalmente Daniel Cambón, ex secretario de Lacalle, quien fue condenado con prisión por estafa, el ex director de AFE, Iván Coronel, preso por fraude, Pablo García Pintos, procesado y señalado por recibir miles de dólares por parte de un empresario contratante con el Estado, Julio Grenno, ex presidente del Banco de Seguros del Estado, acusado de abuso de funciones, Carlos Mazzulo, ex intendente y diputado por el departamento de Flores, denunciado por robo y estafa por uso de dinero público con fines personales, Alberto Casas, ex director de OSE y diputado, quien no llegó a ser juzgado porque tenía fueros y la causa prescribió, José Luis Ovalle, ex ministro de Transporte y Obras Publicas, quien fue imputado por tráfico de influencias, Jorge Sacchi, ex director del Banco Hipotecario del Uruguay, procesado por fraude, robo y viáticos irregulares, Agustín de Urtubey, ex vicepresidente del Banco Central, quien participó en las ventas irregulares de los bancos Pan de Azúcar y Comercial. Cuando comenzaron las denuncias, este hombre se fugó a Miami. A esta nómina se suman los ex intendentes de Florida, Andrés Arocena y de Colonia Walter Zimmer, ambos por abuso de funciones. Naturalmente, otros jefes comunales blancos fueron acusados, pero sólo el ex titular de la comuna de Soriano, Agustín Bascou fue procesado.

El Partido Colorado, que no le va en zaga, también tiene sus perlitas penales que no debemos olvidar. Un ejemplo concreto es el ex intendente de Maldonado, Benito Stern, procesado por abuso de funciones, Julio Kneit, ex presidente del Banco Hipotecario del Uruguay, quien también fue procesado, al igual que el también ex titular del BHU, Salomón Noachas, el ex intendente de Canelones, Tabaré Hackembruch, el ex secretario de Julio María Sanguinetti, Ernesto Laguardia, el ex presidente de OSE, Ariel Moler, los ex directores también de OSE Juan Justo Amaro, Hugo Granucci y Carlos Rodríguez Landoni, el ex diputado Armando Da Silva Taváres, el ex intendente de Artigas Carlos Signorelli, el banquero Juan Peirano Faccio, ex ministro y ex director de los vaciados Banco Mercantil y Banco de Montevideo durante gobiernos colorados y Francisco Sanabria, hijo del ex senador Wilson Sanabria y operador político colorado.

Detrás de estas operaciones delictivas y entre bambalinas estuvieron los ex presidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera, sobre quienes, pese a que jamás fueron imputados penalmente, planean fundadas sospechas.

En efecto, ambos, desde sus investiduras, ampararon a personas de confianza política y personal que perpetraron delitos de todo pelo y color, tipificados como corrupción.

Obviamente, hay otros ex gobernantes blancos y colorados no mencionados en esta columna, que, por falta de pruebas, permanecen impunes, aunque se sabe de su eventual implicancia en actividades ilícitas y delitos contra el Estado. Incluso, algunos no fueron procesados porque las causas prescribieron, ya que se ampararon en sus fueros parlamentarios hasta la extinción del plazo legal de imputación o porque el trámite judicial se extendió más de la cuenta.

Por más que ningún partido político está vacunado contra la corrupción, los blancos y colorados deberían reflexionar antes de afirmar que no quieren “volver al pasado”. Por supuesto, no les conviene que así sea, porque estarían exhumando escándalos judiciales de reales proporciones que los salpican directamente.

Si el Frente Amplio solicitara la reapertura de causas penales que quedaron inconclusas y, por ende, sin sanción penal, los juzgados se llenarían tanto de delincuentes rosados que habría que instalar escritorios en plena vía pública.