El gobierno de Lacalle Pou tiene en su agenda una reforma previsional que, como todo el resto de sus iniciativas, no persigue ningún beneficio para los jubilados actuales ni futuros, sino el ajuste. Si alguna duda quedaba sobre el propósito de tan mentado proyecto, el borrador en mayoría de la así llamada comisión de expertos lo deja claro: de aprobarse una reforma orientada por esos lineamientos, la inmensa mayoría de los uruguayos tendrá que trabajar más para jubilarse y cobrará, a cambio de ese esfuerzo adicional, menos jubilación que la que cobra hoy.

Cabe señalar la trampa inherente al nombre de la comisión, no porque haya dudas sobre la experticia de sus integrantes, sino porque es evidente que desde el título se despliega una estrategia de propaganda. El gobierno pretende instalar que las propuestas de este grupos de “expertos” son recomendaciones hijas de la técnica y sin contaminación ideológica o de intereses políticos.  or lo tanto le pone un nombre para la falacia ad verecundiam, y hasta designa integrantes de la oposición y de las organizaciones de trabajadores, empresarios y jubilados, aunque se reserve una mayoría que no blanquea en el discurso para poder manejarse para lo que venga con una invocación a una suerte de GACH de la seguridad social. Es más, Lacalle dice a viva voz que las recomendaciones de la comisión no son vinculantes, como si todos fuéramos tarados y creyéramos que tiene alguna chance de colarse en el informe una propuesta que no cuente con su beneplácito.

La estratagema para sacarte cosas, en este caso morderle un buen cacho de la jubilación al pueblo, incluye simulacro, parafernalia y un baile de cortejo para desprevenidos. El presidente dice que no le importa nada el costo político, pero se cuida de que no se trate en el Parlamento antes del referéndum sobre los 135 artículos de la LUC y, si todo sale mal, no va a tener problema en echarle la culpa a los expertos o a las discordias en la coalición, como sus socios no van a tener drama en cargar las tintas contra él. Pero hay que tener claro que el proyecto de reforma de la seguridad social que se está gestando es un proyecto de toda la coalición, y es una reforma medular del ajuste que perjudicará a los asalariados y, entre ellos, a los que ganan menos y favorecerá a los empresarios, especialmente a los que tienen más; a la clase social propietaria y favorecida que representa el gobierno. Por eso no puede extrañar los alineamientos que se producen en el seno de la comisión: el gobierno y la representante de las corporaciones empresariales está a favor, mientras que el Frente Amplio, los sindicatos de trabajadores y las organizaciones de jubilados están en contra.

¿Cuál puede ser el futuro de esta reforma? Lo más probable es que esté atado al resultado del referéndum. Si el referéndum concluye con la derogación de los 135 artículos, es muy difícil que una reforma de la seguridad social enteramente escrita por la derecha, sin el menor respaldo en la oposición o en las organizaciones sociales, prospere. Pero si el referéndum finalmente mantiene la vigencia de la Ley de Urgente Consideración tal como se aprobó en el Parlamento y fue promulgada por el Poder Ejecutivo, entonces la reforma va a avanzar en el Poder Legislativo con el apoyo monolítico de los legisladores de la coalición multicolor, a menos de algunos cambios cosméticos y, siempre y cuando, no se pisen los callos: Cabildo Abierto no va a aceptar que la Caja Militar se vea afectada y, sobre todo, no va a aceptar que los militares pierdan privilegios. El resto, seguramente, te lo negocia en masa, si sobre este extremo tiene garantías.

Esta conexión, no obligatoria pero evidente, entre la reforma previsional y el referéndum de la LUC convierte la instancia electoral en un súper evento con consecuencias que pueden ser muy superiores al contenido estricto de la ley. No solo para el gobierno, que le gusta meter miedo a la gente y decir que el referéndum es un acto con intenciones desestabilizantes, sino para la izquierda, partidaria y social, que también arriesga mucho: si gana, es cierto que le pone un freno a las pretensiones restauradoras y regresivas del herrerismo, pero si no logra hacer una buena campaña y una buena elección, se las ve a ver en colores con el avance frenético sobre los derechos de la gente común que va a proponer la derecha desde el mismísimo día después.

En este referéndum que se realizará el primer semestre del año que viene se juegan las condiciones de posibilidad de la parte más gruesa del ajuste, de las reformas estructurales y contra el Estado de bienestar que se propone el herrerismo. Por eso estamos ante un hito muy significativo para el presente y para el futuro que el gobierno intentará sostener con pequeños argumentos coyunturales, sesgados, mentirosos, que la izquierda debe desmontar con inteligencia y con masividad. Porque mucha gente puede comer del tupper si la sacra alianza del poder real y los medios masivos se lo proponen. Y se lo proponen. De eso no puede caber la menor duda.



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