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El gobierno, a través de una conferencia encabezada por Yamandú Orsi, anunció este miércoles que denunciará penal y civilmente a la empresa Cardama. Además, resolvió rescindir el contrato firmado con la firma española por la compra de dos patrullas oceánicas por US$ 92 millones.
La decisión, adoptada por Orsi, se basa en que se detectaron indicios de fraude y estafa luego de que el Ejecutivo decidiera ejecutar la garantía presentada por la empresa.
Esa garantía, según las actuales autoridades, sería falsa y fue entregada durante la administración anterior. De acuerdo con lo informado por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, el estudio jurídico Delpiazzo había advertido sobre esta situación en un informe remitido al Poder Ejecutivo en el período pasado.
La falsedad del documento se vincula a irregularidades detectadas en torno a Ecommerce Limited, la aseguradora que debía respaldar la garantía.
Hace algunas semanas, Díaz viajó a Londres para recabar más información sobre dicha empresa. En una entrevista con Desayunos Informales, el jerarca afirmó que estaba coordinando una estrategia para defender “al Estado uruguayo”.
La información obtenida por el gobierno indica que Ecommerce Limited era dirigida por un ciudadano ruso de 54 años, Vladimir Suzdalev, quien se presenta como un “líder de alto nivel” con formación en la Universidad Estatal de Yaroslavl.
De hecho, las oficinas están en Rusia, en la localidad de Zavidovo en el distrito de Konakovskiy District, en la región de Tver Oblast
En su trayectoria laboral, Suzdalev trabajó en agencias estatales de Rusia y en empresas privadas, siempre en cargos ejecutivos o gerenciales. Sin embargo, según constató el gobierno uruguayo, entre 2022 y 2024 no registró actividad económica alguna. Durante ese mismo período, Ecommerce Limited mantuvo un único empleado contratado.
Díaz agregó que en las últimas semanas la empresa fue dada de baja, lo que también figura en la gaceta oficial del Reino Unido. Ecommerce Limited nunca llegó a ejecutar la garantía, pese a que el plazo ya había vencido.
El Estado uruguayo, según informó el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, realizó tres pagos por un total de US$ 30 millones, que buscará recuperar mediante el proceso judicial que iniciará.
Díaz complementó que Uruguay no se privará de impulsar todas las acciones judiciales que considere pertinentes, y que además investigará internamente en el Ministerio de Defensa y otros organismos si existió algún grado de complicidad de funcionarios públicos.
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