El veto de Colombia a Israel no puede con este poderoso obstáculo

El carbón colombiano sigue exportándose a puertos israelíes a pesar de la prohibición que estableció el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en agosto del año pasado.

Petro ha enarbolado la bandera palestina desde que comenzó la agresión israelí sobre la Franja de Gaza y el año pasado quiso dar un paso más con el bloqueo de insumos que considera básicos para la industria energética y militar del país hebreo.

Sin embargo, casi 12 meses después este comercio continúa con muy pocas alteraciones y al menos 30 embarcaciones con carbón colombiano han llegado a costas israelíes desde entonces.

Un proveedor clave

Colombia es el mayor proveedor de la energética estatal israelí situada en Haifa. De hecho, las hullas térmicas representan el 90 % de las exportaciones de Colombia a Israel, según el decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Recientemente la relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese, evidenció en su informe ‘De la economía de ocupación a la economía de genocidio’ que multinacionales como la estadounidense Drummond y la suiza Glencores continúan extrayendo carbón del norte de Colombia utilizado para actividades ligadas a los caños provocados por la ocupación palestina.

Esos dos conglomerados en este tiempo habrían exportado por valor de 400.000 millones de pesos (unos 100 millones de dólares), según los cálculos de Vorágine.

Un decreto sin sanciones

El decreto emitido por Petro no contempla sanciones que hagan disuadir a las compañías de cumplir con los contratos que ya habían cerrado con anterioridad y que se enmarcan en el tratado de libre comercio entre las dos naciones firmado en 2020, además de contemplar numerosas excepciones.

Así, se estima que las únicas consecuencias habrían recaído sobre aquellos contratos que todavía no estaban firmados, que supondrían un porcentaje ínfimo de las exportaciones de este insumo.

«Mientras la vida en Gaza es arrasada y Cisjordania sufre una escalada de asaltos, el presente informe muestra por qué continúa el genocidio llevado a cabo por Israel: porque es lucrativo para muchos«, dice la primera de las conclusiones del documento de Albanese.

Por su parte, las compañías se oponen a esas conclusiones. Así, un portavoz de Glencore afirmó a BBC que la empresa rechaza «categóricamente todas las acusaciones» contenidas en el informe y las considera «infundadas y sin fundamento jurídico alguno».

Por su parte, desde Drummond se explicó que tras la orden de agosto de 2024 las autoridades competentes colombianas le expidieron una autorización que le habilitaba a «cumplir con las obligaciones contractuales previamente establecidas».

Sin embargo, el informe de la relatora no lo ve así y mantiene que «al suministrar a Israel carbón, gas, petróleo y combustible, las empresas contribuyen a las infraestructuras civiles que Israel utiliza para consolidar la anexión permanente y que ahora utiliza como arma para la destrucción de la vida palestina en Gaza».

El beneficio económico frente los derechos humanos

Una crítica que vuelve a poner en el punto de mira a las grandes empresas trasnacionales de energía, tecnología y construcción, más allá de los fabricantes de armas.

Mientras, el drama en la Franja de Gaza se ha cobrado ya la vida de más de 58.000 personas, un elevado porcentaje de ellos niños, mientras casi la totalidad de su población se encuentra desplazada debido a los constantes bombardeos de las fuerzas israelíes.

En el otro lado de la balanza hay miles de habitantes de Colombia que dependen del carbón para su subsistencia. Si bien las exportaciones a Israel no representan más que alrededor del 5 % del total (unos 447 millones de dólares), según los datos de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), su reducción se traducirá en pérdidas económicas y de puestos de trabajo.

La ACM calculó el agosto pasado que el bloqueo instado por el Gobierno se traduciría en una pérdida de 650.000 millones de pesos (162 millones de dólares) en impuestos, regalías y contribuciones para el país. «Esta medida debilita la confianza en los compromisos internacionales de Colombia y aumenta la incertidumbre para la inversión», dijo el presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño.

No opinan lo mismo los trabajadores del sector. El Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbón) respaldó la iniciativa del presidente. «Desde nuestra organización apoyamos estas decisiones gubernamentales, para que se produzca ya un cese el fuego», decía el contundente comunicado del gremio.