La empresa alimentaria brasileña BRF, cuyos productos se comercializan
en 150 países, apeló un dictamen judicial que la obliga a pagar 150.000 reales
(unos 27.400 dólares) como indemnización por daño moral. La demandante es una
exoperaria que entró en trabajo de parto en la entrada de un frigorífico de
la empresa, y cuyas gemelas murieron luego de nacer, a metros del edificio.
El caso ocurrió en abril de 2024 en la localidad de Lucas de
Río Verde, en el estado brasileño de Mato Grosso. La mujer, de nacionalidad venezolana,
trabajaba en una planta frigorífica de la mencionada empresa. Estaba embarazada
de gemelas y en el octavo mes de gestación. Al comenzar su turno, presentó
síntomas como dolor intenso, náuseas, mareos y dificultad para respirar, y
solicitó ayuda a su inmediato superior jerárquico y también a la supervisora
del lugar.
Según consta en la sentencia, recogida por el portal
noticioso G1, incluso después de insistir en su pedido de ayuda, se le negó la
salida del sector “para no interrumpir el funcionamiento de la línea de
producción”. Testigos declararon que luego la trabajadora abandonó la empresa
por su cuenta y se sentó en un banco cerca de la parada de autobús, a la
entrada del frigorífico. Allí dio a luz a las gemelas, quienes fallecieron
minutos después.
Luego de más de un año de los hechos, el pasado lunes la
empresa fue condenada a pagar la ya mencionada suma, además de la indemnización
por despido, el salario vacacional y el aguinaldo.
En el dictamen, el tribunal establece que la empresa “descuidó
el estado de salud de la empleada”, quien, a pesar de estar embarazada de ocho
meses, continuó trabajando.
Desde BRF se aseguró al citado medio que la empresa “cuenta
con una política de apoyo a las mujeres embarazadas, con un programa
implementado desde 2017, que ofrece apoyo a las madres en todas las etapas del
embarazo”, y destaca que, luego de la muerte de las bebés, creó “un comité
multidisciplinario para investigar y revisar ese caso específico”.
Además, la firma apeló la decisión judicial y también busca
reducir la indemnización que se le impuso. En la impugnación presentada ante el
tribunal, la empresa declaró que el parto ocurrió fuera de las instalaciones de
la unidad, en un lugar público, y alegó que la empleada había rechazado la
atención médica interna y que no existían indicios de un embarazo de alto
riesgo.
En consecuencia, argumentó que la presunta negligencia fue
responsabilidad de la trabajadora, dado que “el parto suele durar entre ocho y
doce horas”.
Según documentos y declaraciones incluidos en la demanda, la gerencia de la planta frigorífica tenía conocimiento del embarazo y había reasignado a la
empleada a un sector considerado compatible con su estado gestacional.
Más acusaciones contra la misma persona
De acuerdo con el mencionado informe, la supervisora ??involucrada en la causa había
sido acusada antes por dos trabajadoras embarazadas, quienes denunciaron acoso
moral en el lugar de trabajo.
En una demanda interpuesta ante el Tribunal Laboral de Mato
Grosso en 2019, una trabajadora afirmó que, tras informar a la empresa de su
embarazo, por recomendación médica, solicitó una reducción de las actividades
consideradas pesadas, especialmente durante los primeros meses de gestación,
pero la solicitud fue denegada por el supervisor.
Ese mismo año, otra empleada embarazada presentó una demanda
contra la empresa y la supervisora, alegando que, tras descubrir su embarazo,
se le asignaron tareas más pesadas, como colgar pollos y realizar servicios de
limpieza, funciones que, según ella, no pertenecían a su sector original.
Según el tribunal, una de las empleadas presentó en ese
momento un informe para un cambio de función debido a complicaciones durante el
embarazo, pero la supervisora supuestamente alegó que «en realidad, no
quería trabajar», y la castigó con una suspensión de media jornada.
«Te voy a dejar descansar, vete a casa, estás
suspendida», habrían sido entonces sus palabras, según la denunciante.