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A pesar que que el Ejecutivo no ha expresado comentarios, el presidente de la Cámara de Diputados calificó el texto del europarlamento como una «injerencia».

El vocero presidencial de Bolivia, Jorge Richter, manifestó que la resolución del Parlamento Europeo que acusa al Gobierno boliviano de realizar una «persecución política» contra los opositores, además de pedir la liberación «inmediata» de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, no merece una respuesta por los momentos.

«Si esto significara algo verdaderamente importante, uno puede fijar una posición de manera pública. En este momento no corresponde», dijo Richter en entrevista en la red Uno.

En su punto de vista, el pronunciamiento del bloque europeo no tiene carácter vinculante y es solo una recomendación, por lo que no amerita algún comentario.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados del gobernante partido Movimiento al Socialismo (MAS), Freddy Mamani, sentó opinión en su cuenta de Twitter y dijo que el Legislativo rechazaba «cualquier tipo injerencia» porque «Bolivia es un país soberano».

¿Qué dice la resolución?

En el resolución no legislativa, aprobada con 396 votos a favor, 267 en contra y 28 abstenciones, el Parlamento Europeo denunció la «detención arbitraria e ilegal» de las expresidenta de facto, pidiendo su liberación «inmediata» y que los cargos «por motivos políticos» sean retirados.

Hasta el momento hay seis acusaciones formales en contra de Áñez, que se encuentra bajo prisión preventiva desde marzo, en espera del juicio por el golpe de Estado en el que participó a finales de 2019.

En este pronunciamiento, el Legislativo europeo manifiesta su «preocupación» por la «falta de independencia e imparcialidad del sistema judicial boliviano» y «denuncia la presión política ejercida sobre el poder judicial para perseguir a los opositores políticos».

Además, expresa su preocupación por la «grave situación social y política» en Bolivia desde 2019.

Finalmente, entre las peticiones incluidas en el documento, está emprender «sin demora cambios estructurales y reformas en el sistema judicial», abordar «la cuestión generalizada de la corrupción» y modificar los artículos del Código Penal sobre los delitos de sedición y terrorismo.

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En la misma línea, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, dijo durante una intervención que han «observado con espanto una ola de persecución política» en el país suramericano.

«Todos esperábamos que las últimas elecciones en Bolivia marcarían un cambio positivo, que restaurarían la paz en un país tan dividido, pero sucedió lo contrario».

En su opinión, la «sucesión presidencial en 2019 fue constitucional», a pesar de que el entonces mandatario tuvo que renunciar a su cargo durante un golpe de Estado en el que participó la cúpula militar junto a la oposición en medio de hechos de violencia y persecución en contra de sus seguidores.

Según Charanzová, el Gobierno de Luis Arce «justifica la persecución política, abusa del aparato judicial socavando el poco Estado de derecho que aún queda».





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