El exministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, alertó sobre las consecuencias negativas de la reforma de la seguridad social que está pergeñando el gobierno. Recordó que en los dos años que lleva la gestión de Luis Lacalle Pou se han llevado adelante una serie de reformas y cambios que representan un ahorro de U$S 200 millones en jubilaciones y pensiones.

Durante una entrevista con Legítima Defensa Murro, quién también fue presidente del Banco de Previsión Social (BPS) recordó que una comisión de 15 miembros trabajó en una reforma de la seguridad social, que más bien es de jubilaciones y pensiones, que tuvo como consecuencia un informe no votado por los representantes del Frente Amplio (FA), de los jubilados y los trabajadores.

Señaló que “cuando el gobierno dice orgullosamente que se han ahorrado 500 o 600 millones de dólares, una tercera parte se lo ahorra con la rebaja, con el recorte de las jubilaciones y pensiones. Esto es muy fuerte. Estamos hablando de unos 200 millones de dólares que han recortado” de los ingresos de jubilados y pensionistas.

Para Murro “por más dura que sea la próxima reforma de jubilaciones y pensiones no creo que se ahorre la friolera de 200 millones de dólares en los próximos dos años. Sería brutal si logran eso con la reforma”.

No obstante, “hay un grupo que está redactando el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo considerará y posteriormente enviara al Parlamento”.

Retiro de controles

Murro subrayó que desde su asunción el gobierno ha llevado adelante una serie de reformas tendientes a retirar controles a la evasión.

Puso como ejemplo la supresión del sistema de control en el transporte carretero, la ley de teletrabajo que viola la negociación colectiva y la resolución del directorio del BPS de reducir el periodo de fiscalización para aprobar derechos de los trabajadores, “por ejemplo para acceder al seguro de paro”.

“Estas cosas, ya sea la supresión del control de la evasión en el transporte carretero o la reducción de fiscalización resuelta por el BPS como esto de que se negocie individualmente, son formas que permiten una mayor irregularidad, una mayor desprotección de los derechos laborales. También son formas que permiten la competencia desleal entre los buenos empresarios y aquellos que no, los que van a aprovecharse para competir deslealmente”.

Tras recordar que la reforma en realidad no es de la seguridad social sino de jubilaciones y de pensiones, hizo referencia al probable aumento de la edad jubilatoria.

“Hoy una persona se puede jubilar con 60 años y 30 de trabajo o puede hacerlo con 65 de edad y 25 de trabajo. Ahora el piso que plantean es 65 y 30 entonces, salvo pequeñas excepciones, se aumenta cinco años más la edad para jubilarse y cinco más los años de trabajo y otros cinco para las pensiones para las viudas. Hay un aumento general”.

Recordó que las experiencias similares realizadas en otros países no han dado resultado.

“Francia hizo una reforma en 2010 y un estudio posterior determinó que de cien personas más de la mitad no siguieron trabajando por distintas razones y además aumento el gasto en seguro de paro, en licencias por enfermedad, por discapacidad”, precisó.

Concluyó que el camino elegido no es el mejor.



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