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El Ministerio de
Defensa Nacional (MDN) abre por primera vez “La cárcel del pueblo” este sábado 23 de abril para
el primer grupo de interesados en conocer uno de los sótanos más emblemáticos de la violencia política que caracterizó a Montevideo y al resto del país en la
década de 1970.

En la calle Juan Paullier 1190 (u 1192), entre Charrúa y Canelones, el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T)
mantuvo cautivos a políticos, y en ese mismo sótano años después, según
denuncias de militantes comunistas, militares del Ejército torturaron a hombres
y mujeres.

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, explicó el 12 de abril en una
entrevista en Telenoche los motivos de la apertura del sitio, donde, tal como
relevan las fotos del lugar, se recuerda con fotografías a quienes fueron
secuestrados por el MLN-T. «Esto es parte integrante de la historia
reciente y la historia para ser comprendida en su totalidad, no puede tener
recortes (…) Este año justamente se cumplen 50 años de que las Fuerzas
Armadas, el Ejército en particular, capturó y liberó a quienes estaban
secuestrados allí», recordó el ministro, quien explicó por que no habrá guía ni
folletos con un relato de los hechos.

“No le corresponde a un ministro sacar las conclusiones; le
corresponde al ciudadano», dijo García entonces en el informativo
de canal 4, y agregó que «las violaciones a los derechos humanos,
la tortura, muerte o desaparición, son repudiables siempre, las cometa quien
las cometa”.

La apertura del
sitio este sábado para los primeros que se agendaron, la información disponible
y estas declaraciones del ministro generaron comentarios y recuerdos de políticos e
historiadores
.

El presidente de
la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Juan Faroppa, fue
consultado por Montevideo Portal sobre sobre la apertura de «La cárcel del pueblo» por parte de MDN y sobre el anuncio del ministro.

A continuación,
transcribimos textualmente la respuesta de Faroppa: “En países que
han sufrido situaciones de grave violencia política, como sucedió en Uruguay a
partir de los años 60, este tipo de debates se repiten en la actualidad y se
van a seguir repitiendo. Es muy difícil llegar a un acuerdo nacional sobre una
memoria única sobre determinados eventos.

No quiero banalizar
el tema, pero aún hoy, a días del 11 de abril, seguimos discutiendo si
Salsipuedes fue una masacre o no, si fue un genocidio, si fue una situación menor,
y estamos hablando de muchos años para atrás.

La llamada
‘Cárcel del pueblo’ es sin dudas un edificio que tuvo particular relevancia en
el enfrentamiento que hubo en Uruguay entre el Estado y las fuerzas subversivas
o la guerrilla o el Movimiento de Liberación Nacional o los insurgentes o como
cada uno le quiera llamar – y eso me parece importante, porque el lenguaje
tiene importante -.

Con respecto a lo que plantea el ministro García, con quien
tengo una muy buena relación desde hace muchos años, en primer lugar, me parece
bien, porque es un lugar donde sucedieron hechos históricos y es muy bueno que
se abra a que la población y la gente más joven lo pueda conocer y ver. Porque
hay cosas que no se pueden negar: lo que pasó pasó y tiene que haber la mayor apertura
posible. En segundo lugar, respecto a la información: no lo conozco, no he
estado en el lugar, creo que sería muy bueno sí, como se ha hecho en otros
sitios de memoria, hacer una información de contexto, también por supuesto
señalar que ese lugar luego sirvió como centro clandestino de detención,
después que fue derrotada la guerrilla y cayó esa casa que se llamó ‘Cárcel del
pueblo’.

En principio me parece muy bien. La información con el mayor
grado de objetividad es fundamental para que la población vaya construyendo un
relato de hechos muy dolorosos que sufrió la sociedad uruguaya y que nos marcan
y no podemos negar. Lo peor que se puede hacer con estas cosas es negarlas,
ocultarlas. La verdad es dolorosa, nos genera conflictos, tensiones, debate, pero
es lo mismo que pasa con un paciente que tiene una determinada enfermedad, que
puede ser una enfermedad terminal; desde mi punta de vista lo mejor es que se
maneje la verdad, la realidad, cuáles son los hechos, y después que el paciente
resuelva, y en este caso concretamente que la sociedad uruguaya y sobre todo
las generaciones actuales resuelvan.

Con una información que tiene que ser muy clara y que sería
muy bueno que estuviera en una línea común. Por ejemplo, en la Institución
Nacional de Derechos Humanos, donde funciona hoy, en Bulevar Artigas 1532, es
un sitió de memoria declarado de esa manera porque fue un lugar durante los
tiempos del terrorismo de Estado gente fue detenida ilegalmente, torturada y en
algunos casos desaparecida y hasta hoy continúan siendo desaparecidos. Escuché hace
poco a un integrante del sistema político plantear que habría poner otras cosas,
que ahí faltan otras cosas. No sé, puede ser, pero no es ahí donde pueden
faltar otras cosas.

Cada sitio de memoria tiene que tener su significación. Es como
si en ‘La cárcel del pueblo’ por ejemplo pusiéramos información sobre Los fusilados
de Soca. Son cosas distintas. Los fusilados de Soca tienen que ser recordados
en el lugar donde se produjo ese hecho, con información, sobre qué fue lo que
pasó, quiénes fueron los responsables.

En segundo lugar, tengo una discrepancia que no es solamente
técnica, académica, con el ministro García. Las obligaciones de respetar derechos
humanos desde el punto de vista jurídico, de las obligaciones internacionales
es del Estado. Obviamente, si queremos hablar desde el punto de vista
filosófico, religioso, es otra cosa, pero jurídicamente el garante de la
vigencia de los derechos humanos es el Estado, por lo tanto, solo puede vulnerar
o violar derechos humanos el Estado. Los particulares, sea a nivel individual o
a nivel de una organización armada, etcétera, cometen delitos. Obviamente vos
me podés decir ‘si yo mato a mi vecino le estoy violando el derecho a la vida’.
Desde el punto de vista filosófico está bien. Desde el punto de vista jurídico
estoy cometiendo un homicidio.

Ahora, si un funcionario policial mata a una persona sin
cumplir estrictamente con las reglas de uso de la fuerza que establece el Estado
de derecho, el Estado, porque se trata de un funcionario público, es
objetivamente responsable de violar derechos humanos. Capaz que nadie le da
mucha relevancia a esto, pero yo creo que la tiene, porque si no entreveramos
mucho la baraja.

Yo trabajé en el proceso de paz de El Salvador durante las
negociaciones de paz que pusieron fin a la guerra civil. En El Salvador era una
guerra civil en serio, las fuerzas insurgentes ocupaban la mitad del territorio
prácticamente, se llegó a una negociación de paz y uno de los primeros acuerdos
fue sobre derechos humanos y, con la intermediación de Naciones Unidas, el
gobierno de la época, que tenía la representación jurídica del Estado
salvadoreño, se comprometió a respetar los derechos humanos en los territorios
bajo su control. La guerrilla, por su parte, el Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN) se comprometió a respetar la dignidad humana en los
territorios bajo su control. ¿Por qué? Porque la guerrilla no podía asumir
responsabilidad en materia de derechos humanos.

Es un detalle importante. Respecto a lo otro: me parece
perfecto que se establezca la apertura de la cárcel del pueblo, del lugar donde
murió Pascasio Báez y otro tipo de situaciones con un relato histórico para que
quien va ahí sepa qué pasó, y que en el caso de la cárcel del pueblo sepa lo
que pasó después, que fue un centro clandestino de detención.

También me parece que no se deberían realizar intervenciones
que tengan que ver con otros hechos de la memoria histórica del país en el
edificio que hoy ocupa la INDDHH porque ahí un claro lugar de memoria porque
fue donde desapareció la madre de Macarena Gelman, y donde hubo una detención
ilegal de muchos uruguayos que fueron torturados sometidos a detención ilegal y
en algunos casos están desaparecidas.

Me parece bien abrir, abrir, abrir, que entre aire, abrir
toda la ventana, que las cosas se sepan, pero no entreverar, para no generar la
falsa concepción de que lo que hizo la guerrilla armada de los años 70 está al
mismo nivel que las violaciones a derechos humanos durante el terrorismo de Estado,
porque esos años quien violó los derechos humanos fue el Estado. La guerrilla pudo
haber cometido delitos, actos que para algunas personas desde el punto de vista
humanitarios son inaceptables. Pero si estamos hablando de violaciones a DDHH
respecto al derecho internacional de los DDHH hay que poner las cosas claras”.

Inscriptos y reedición

Fuentes del ministerio de Defensa consultadas por Montevideo
Portal
informaron que hasta este miércoles se habían inscripto 650 interesados
en conocer “La cárcel del pueblo”. El sitio estará abierto los sábados para ser
visitado solo por quienes se agendaron previamente.

Por otra parte, Editorial Fin de Siglo anunció en las últimas horas la edición del libro La ultima cárcel del pueblo, del periodista Mauricio Almada. «Si hubiera que precisar un momento para marcar la derrota militar definitiva del MLN, ese sería el 27 de mayo», destaca la editorial en el anuncio de la reedición.

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