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La Mesa Política del Frente
Amplio (FA) resolvió a última hora de este miércoles que la coalición de izquierda
no firmará para impulsar el plebiscito impulsado por el sector Ciudadanos
(Partido Colorado).
La votación dentro de los
diferentes representantes de la Mesa Política fue dividida, con 16 votos
afirmativos, 10 negativos y dos abstenciones. Si bien hubo mayoría de votos a favor, el FA definió no apoyar el
plebiscito para establecer en la Constitución una mayor regulación en el
ingreso y ascenso de funcionarios en las intendencias departamentales, dado que
en temas de este calibre el partido necesita una mayoría especial.
Sin embargo, en este mismo
órgano se puso sobre la mesa una propuesta elaborada por técnicos del
Movimiento de Participación Popular (MPP) y del Partido Socialista, que cuenta con
el apoyo de los sectores que querían firmar la propuesta de Ciudadanos.
Montevideo Portal accedió
a un borrador del pretendido nuevo proyecto de reforma de la Carta Magna que,
a diferencia de la de Ciudadanos, habla de cambios en tres artículos de la
Constitución (59, 61 y 64), y propone reformar la forma de ingreso de
funcionarios “a todo órgano estatal” y no solo a las intendencias
departamentales.
Hoy la norma de más alta
jerarquía del país en su artículo 59 expresa: “La ley establecerá el estatuto
del funcionario sobre la base fundamental de que el funcionario existe para la
función y no la función para el funcionario”.
Y el mismo artículo enumera que
estos preceptos se aplicarán a “funcionarios dependientes” de varias
dependencias del Estado, con excepción de los militares, funcionarios policiales
y diplomáticos, entre otros, que se regirán por leyes especiales.
El nuevo artículo 59 mantendría
esta parte, pero agrega que “para el ingreso de funcionarios al Estado, a los gobiernos
departamentales, a los entes autónomos, a los Servicios Descentralizados y, en
general, a todo órgano estatal, serán preceptivos los concursos públicos
celebrados conforme a los principios de publicidad, transparencia e igualdad de
oportunidades. En su defecto, los ingresos deberán realizarse a través de
sorteos convocados y celebrados de acuerdo con los mismos principios. Quedan
exceptuados los cargos que hayan sido definidos por ley con carácter de particular
confianza”.
Por otra parte, hoy el artículo
61 de la Constitución consagra que “para los funcionarios de carrera, el
estatuto del funcionario establecerá las condiciones de ingreso a la
Administración, reglamentará el derecho a la permanencia en el cargo, al
ascenso, al descanso semanal y al régimen de licencia anual y por enfermedad;
las condiciones de la suspensión o del traslado; sus obligaciones funcionales y
los recursos administrativos contra las resoluciones que los afecten”.
El pretendido nuevo artículo 61 dice exactamente lo mismo y
detalla, a su vez, que los ascensos “deberán realizarse a través de concursos
en los que se ponderará la capacidad técnica, los méritos y los antecedentes de
los funcionarios en forma razonable”.
El artículo 64 de la Constitución da la posibilidad de que
haya una excepción: “La ley, por dos tercios de votos del total de componentes
de cada Cámara, podrá establecer normas especiales que por su generalidad o
naturaleza sean aplicables a los funcionarios de todos los gobiernos departamentales
y de todos los entes autónomos, o de algunos de ellos, según los casos”.
En el borrador de los sectores frenteamplistas le agregan al
final de esta redacción un: “sin perjuicio de lo establecido en los artículos
precedentes” con el objetivo de que se respeten las modificaciones planteadas
en los 59 y 61.
Proyecto de Peña
La iniciativa presentada por Adrián
Peña (fallecido el 5 de abril) que no fue aprobada en el Senado establecía en
un artículo único (que buscaba modificar y agregar un inciso al artículo 62 de
la Constitución) lo siguiente: “Los ingresos y ascensos de personal a los
gobiernos departamentales deberán realizarse a través de concursos públicos
celebrados conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad de
oportunidades y la justa ponderación entre la capacidad técnica y los méritos y
antecedentes de cada persona”.
“En su defecto, los ingresos de
personal podrán realizarse a través de sorteos públicos convocados y celebrados
por los gobiernos departamentales de acuerdo a los principios de publicidad,
transparencia e igualdad de oportunidades”, añadía.
Al final del texto legal el MPP
y los socialistas añaden algunas notas pertinentes a su propuesta. Allí, entre
otras cosas, manifiestan que “una reforma que solo exija concursos públicos
para el ingreso de funcionarios en los gobiernos departamentales generaría una
asimetría en la Constitución respecto del resto del Estado, carente de
justificación”.
Además, explican por qué no
modifican el artículo 62, como sí lo plantea el proyecto de Ciudadanos. En esta
línea, argumentan que para introducir una mayor regulación en el ingreso de
funcionarios públicos al Estado basta con modificar los artículos 59 y 61, como
plantea el documento.
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