En las últimas horas circuló una declaración de las bancadas de diputados y senadores del Frente Amplio (FA) que anunciaba una serie de acciones para llevar adelante en la justicia con motivo de grabaciones emitidas en un programa radial fuera del horario de protección al menor. En las mismas se difundieron audios íntimos que referirían a la violación grupal de una joven en el barrio Cordón el pasado mes de enero.

Finalmente los legisladores y legisladoras de la oposición, decidieron presentar la denuncia contra el programa La pecera de Azul FM, conducido por Ignacio Álvarez. Con esta denuncia, las y los dirigentes frenteamplistas buscan evitar la “vulneración de derechos” y la “violencia de género” en los medios de comunicación.

Por su parte, el fiscal de Corte, Juan Gómez, ordenó de oficio el inicio de una investigación penal por la presunta vulneración del artículo 92 de la Ley 19.580, de violencia basada en género contra las mujeres, que establece la imposibilidad de divulgar contenido íntimo de orden sexual sin el consentimiento de las personas involucradas. También por la vulneración del artículo 259.6 del Código del Proceso Penal, que impide la filtración de información reservada por parte de aquellas personas obligadas a guardar esa reserva.

La diputada Verónica Mato advirtió que, si bien la Fiscalía intervino de oficio sobre el mismo hecho, el planteo que hacen las bancadas parlamentarias del FA es “más amplio”. Además de la vulneración de varios artículos de la Ley 19.580, las y los dirigentes sostienen que se incumplió con el artículo 19 de la Ley 16.099, que define en qué consisten los delitos cometidos por los medios de comunicación, y con el horario de protección al menor establecido en la Ley 19.307, conocida como ley de medios.

La legisladora agregó que la denuncia no se presentará como partido político sino por parte de “personas públicas” que creen que la difusión de estos contenidos “no aporta” en el marco de la investigación judicial del caso y, a su vez, “vulnera los derechos de las personas involucradas”. “Las y los comunicadores deben ser responsables en la forma de comunicar y no intervenir en el proceso judicial a través de la opinión pública”, apuntó.



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