Fallo lapidario del TCA sobre el primer Tribunal de Ética de la Armada

Dicho tribunal de ética no ajustado a derecho fue homologado por el comandante en jefe, almirante Jorge Wilson, por el ministro de Defensa de la época, Javier García, y por el presidente de la República, el Dr. Luis Lacalle Pou.

A raíz del fallo adverso del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), el Estado deberá resarcir al capitán de navío Quezada con más de medio millón de dólares, ya que estaba designado como agregado naval en el Reino Unido durante un período de dos años y como representante del país ante la OMI (Organización Marítima Internacional).

Antecedentes del Tribunal de Ética

La designación de los almirantes como integrantes del Tribunal de Ética se hace mediante una suerte de elecciones internas en la Armada, en las cuales todos sus integrantes votan a los mismos; según denuncian algunos integrantes de la fuerza naval, la elección estuvo rodeada de irregularidades, ya que un integrante que contaba los votos se adjudicó votos inexistentes, por lo que la elección de dicho tribunal se conformó con irregularidades. Además de esto, el presidente de dicho tribunal, el contralmirante Mario Vizcay, tendría una relación de amistad con el denunciante, el capitán de corbeta Nicolás Taramasco, lo cual lo debería haber inhabilitado como integrante del citado tribunal.

Problemas de gestión

No es este el primer reclamo que le resulta adverso al contralmirante Mario Vizcay. En octubre de 2013, siendo capitán de navío, ya había tenido un fallo adverso del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, identificado con el número 622, el cual anuló el Tribunal de Honor que éste presidía, contra el teniente de navío Andrés Durán. En junio del 2023, según resolución del Ministerio de Defensa Nacional número 81162, se le retiraron las sanciones impuestas por el mismo a la capitán de corbeta Noelia Miraballes. En enero del 2024, por resolución del Ministerio de Defensa Nacional número 82297, se le retiraron las sanciones impuestas por éste al capitán de corbeta Gabriel Vega.

Estos fallos adversos y recursos perdidos le generan al Estado el pago de cifras que rondan el millón de dólares.

La designación como almirante

Según fuentes de la Armada, Mario Vizcay llega al grado de contralmirante de la Armada cuando, para ser designado para su ascenso, el senador Guido Manini Ríos le hace llegar en mano al presidente de la República Lacalle Pou siete carpetas con información de irregularidades cometidas por el aquel entonces capitán de navío Mario Vizcay; entre ellas: venta de combustible del buque que comandaba a particulares, cobro de dieta docente, una especie de pago por dar clase que maneja la fuerza sin haberlo hecho, los fallos del TCA adversos, entre otras. Lacalle responde que no son elementos suficientes para impedir su ascenso, como argumentó cuando se le advirtió, por parte del secretario de Inteligencia Álvaro Garcé, sobre Alejandro Astesiano.

Por otro lado, según nuestras fuentes, a través de una empresa familiar de transporte de combustibles, Vizcay habría realizado una donación cercana a los setenta mil dólares a la lista 71 del Partido Nacional.

El Frente Amplio y Cabildo Abierto votaron en el Senado en contra de su ascenso.

Investigación en Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa Nacional recibió denuncias de un oficial de la Infantería de Marina por algunos casos de abuso de funciones y de gestión por parte de Vizcay.

Se llegó a determinar que el dinero excedente del pago de guardias de cárcel y servicios especiales de lucha contra el narcotráfico era devuelto al Comando de la Flota, bajo el mando de Vizcay. Pero según el denunciante, esos dineros nunca salieron de ahí hacia el Ministerio de Defensa.

También es investigado por las amenazas vertidas hacia los oficiales que deciden denunciar irregularidades bajo su mando, como el pago a su secretaria personal, una suboficial que nunca estuvo embarcada y se le pagaba como si lo estuviera hasta el momento en que se retiró de la fuerza, pudiendo la misma acceder al pago de esa compensación luego de su retiro. La citada suboficial ofició de testigo clave para perjudicar a un almirante, O. G., que en aquel entonces había realizado varias denuncias por irregularidades dentro de la fuerza naval.

Vizcay habría organizado una reunión con testigos citados por el Ministerio de Defensa Nacional para brindar declaración, en la cual él y otros oficiales dieron instrucciones a los mismos de qué y cómo declarar, situación que fue denunciada y publicada por Caras y Caretas el 26 de mayo del 2024 bajo el título: “Autoridades de la Armada alteran pruebas en una investigación”.

Según nuestras fuentes, Vizcay ha gestionado varias denuncias de acoso sexual, inclusive contra el propio comandante de la Infantería de Marina, ofreciendo cambios de destino a las oficiales que terminan solicitando la baja de la fuerza por falta de apoyo y garantías de las denuncias.

También se denuncia un importante despilfarro del dinero perteneciente a la Armada de una cuenta llamada “gastos confidenciales del Comando de la Flota”, la que no tiene control externo a la Armada. Esa plata se utilizaba para ostentosas cenas en restaurantes con tickets de varios miles de pesos por persona, como ser La Baguala en 2023 y El Alquimista en 2022. A dichas cenas era invitado el círculo cercano de algunos jerarcas de la fuerza y sus respectivas esposas, y personal que formaba parte de las investigaciones.

Uno de los asistentes a esas cenas es un capitán de navío, F. Z., a quien el Ministerio de Defensa Nacional le declaró ilegal la investigación de urgencia que hizo contra un capitán que denunció irregularidades (G. V., publicado en el artículo mencionado) y se enfrenta por ello a una denuncia ante fiscalía; o el capitán de navío D. D., a quien el mismo Ministerio le declara inválida la investigación hecha a la capitán N. M.

También de la cena formó parte el capitán de navío D. P., denunciado por manejo fraudulento en la Dirección de Bienestar Naval, así como también en el Comando de Infantería de Marina.

En el caso de Vizcay, entre las denuncias en curso, según fuentes del Ministerio de Defensa Nacional, se ha constatado una serie de irregularidades, entre ellas la violación del decreto 361/019, pagándole a personal de su confianza una compensación especial de sueldo por estar embarcado, cuando esos embarques nunca se realizaron.

Entre los problemas de conducción de mando, se enfrentó al comando de uno de sus buques subordinados, el ROU 22 Maldonado (que participó en el 2022 de la persecución a un buque de pesca chino), y realizó algunas acciones como dar la orden de hundir dos lanchas de Prefectura en aguas nacionales, violando lo establecido por los convenios internacionales como el SOLAS, el cual establece cómo realizar estos hundimientos.

Hacia la máxima jefatura

El contralmirante Mario Vizcay es quien ocupa el lugar de mayor antigüedad para ascender a ser comandante de la Fuerza, siendo una decisión del próximo Gobierno su posible ascenso y, según nuestras fuentes, podría haber contribuido financieramente, como lo hizo con el Partido Nacional, con la campaña del Frente Amplio.

En la reciente votación de los tribunales de ética fue el menos votado, por lo que no goza de la buena vista de la mayoría de los subordinados.