Textos: ALFREDO PERCOVICH

Producción: VIVIANA RUMBO

Ella emerge entre la multitud con su boina oscura y su sonrisa inexpugnable. Habla pausadamente con palabras precisas y silencios intensos. Su cariñosa forma de transitar la vida cotidiana seguramente le ayuda a sobrellevar el trabajo árido, inhóspito, de innumerables batallas judiciales sobre las víctimas de violaciones a los DDHH, de hijos, hijas, madres, padres, hermanos y hermanas, en causas y expedientes que refieren a delitos de lesa humanidad que los genocidas que andan sueltos intentan sepultar. Además de su trabajo al frente del Observatorio Luz Ibarburu y de la Secretaría de DDHH del Pit-Cnt, Fernanda Aguirre también se encarga de sostener desde su sindicato otras causas cotidianas en defensa de trabajadoras y trabajadores del sector hotelero y gastronómico, en vínculos históricamente desiguales, en un mundo en el que un plato de comida en un restaurante puede llegar a valer más del doble que el jornal de todo un día de trabajo de quien lo lleva a la mesa. Ella milita desde que tiene memoria. Nació en La Unión, es hija de Mabel y Leonel, dos trabajadores y militantes sindicales. Su papá trabajó en la ONDA, en el taxímetro y fue cooperativista del transporte. Su mamá -a la que extraña muchísimo- fue maestra especializada en discapacidad, dirigió varias escuelas y llegó a ser inspectora. Fue una reconocida militante de Ademu. Una de las imágenes que Fernanda tiene grabada en los recovecos de la memoria es la foto de Elena Quinteros en la mesa de luz de su mamá. La imagen de esa maestra secuestrada y desaparecida fue la que Mabel llevó durante años a cada Marcha del Silencio. Luego de su deceso, esa imagen la tomó su hija, Fernanda, la misma que siendo casi una niña acompañó a su mamá a la histórica huelga de Ademu que llegó hasta la puerta de la Catedral. Allí, la Tota Quinteros fue la que llevó la foto de su hija, la maestra, como forma de transmitir que Elena también estaba presente en la huelga. Casi una mímesis atemporal de la solidaridad. Vida entregada a causas que entiende justas, nobles, defensora de caminos y procesos colectivos, hija, madre  y hermana de corazón que late fuerte, de convicciones intensas, y certezas irrenunciables. Es la voz justa para este tiempo de ideas y reflexión.

 

¿Cómo llegás a la militancia sindical?

Me crié en un hogar donde lo natural era encontrarse con los pares en el sindicato para hacer algo por una vida y una sociedad mejor. Comencé en la militancia con mi mamá en la olla popular del galpón de Corrales, frente a Funsa, con compañeras del Movimiento por la Tierra, cuando el Bebe Sendic aún vivía. Casi al mismo tiempo, empecé a militar en el movimiento estudiantil y en la campaña por el Voto Verde. Yo fui madre jovencita y trabajé desde muy joven. Estudié gastronomía y cuando me contrataron para hacer los primeros dos o tres eventos fui a mi sindicato de rama, golpeé la puerta y dije que me quería afiliar. En aquel momento era como una rareza porque en mi sindicato había poquita gente, llegué y les dije que me quería afiliar y lo hice.

 

¿Cuánto cambió el lugar del sindicato en el medio gastronómico y hotelero? ¿Había mayor hostilidad hacia quienes se afiliaban o no hay tanta diferencia con el presente?

Una de las cosas que cambió o mejor dicho que logramos cambiar fueron los logros en materia de derechos. Todo eso que ahora nos quieren tirar abajo. Con los logros que fuimos obteniendo en distintos convenios de la negociación colectiva fuimos mejorando y dejando atrás una parte de la precarización laboral. Antes las jornadas de trabajo en el sector del catering y de las fiestas eran ilimitadas, no se pagaban horas extra y la mayoría de la gente estaba en negro. Logramos armar muchos comités de base y conquistamos un convenio colectivo que estableció formas contractuales que dieron cierta continuidad y estabilidad laboral a la gente. Cuando yo empecé a trabajar, había jornadas de 14 y 16 horas, una matanza, con un pago «por todo concepto», totalmente «en negro». En el convenio del 2011 logramos mucho de calidad para las y los trabajadores, que no tuvieran que estar esperando una llamada los sábados de tarde a ver si les convocaban a trabajar un rato antes. Logramos ordenar el trabajo, mejorar las condiciones económicas y laborales del sector para que no estuviera sujeto a total discrecionalidad de las patronales. En el subsector de fiestas, fue un cambio muy importante. Claro que hay empresas que nunca lo cumplieron y desde el Sughu seguimos pelando contra la informalidad. Eso era hasta ahora. Pero con este nuevo escenario, hay un intento de reformulación de las cámaras que incluso nos denunciaron el convenio colectivo, algo que por suerte, finalmente no prosperó. Pero por la parte patronal, hay un claro intento de volver a precarizar todo.

 

¿Este nuevo escenario incluye presiones a quienes se sindicalizan?

Sin lugar a dudas. También hay que señalar que estamos hablando de un sector muy golpeado por la pandemia, particular el sector de fiestas, lo que genera que de alguna manera, en una situación económica angustiante para el sector y particularmente para los trabajadores, las condiciones que se plantean son duras y precarias. Cuando se reanude la actividad vamos a poder tener condiciones para pelear por sostener lo que se conquistó, que no es ningún disparate, son cuestiones básicas y racionales de las condiciones laborales que tiene que tener cualquier persona como el límite de la jornada, las horas extras y cosas del estilo que son elementales.

 

¿Qué mirada tienen en general las nuevas generaciones que trabajan en la gastronomía y la hotelería de la importancia del sindicato?

Las nuevas generaciones tienen todo para aprender pero creo que están bastante informadas de la existencia del sindicato. Está en el «boca a boca» que cuando tienen un problema laboral, siempre algún compañero o compañera les recomienda llamar o ir al sindicato. «Llamá, informate, mirá que eso que te quieren descontar acá no es así, preguntá en el sindicato», les dicen. Después si toda la gente joven se incorpora al sindicato es otra cosa. Pero es bastante habitual que el disparador para que se acerquen al sindicato sea una injusticia o el atropello de algún derecho. Y ese es un cambio importante, que tengan la organización sindical como referencia de información y defensa de sus derechos es algo muy importante. Y es la forma de defender las conquistas que lograron los que pelearon antes. También es importante destacar que en todos estos años hemos peleado mucho como sindicato por la profesionalización del sector, por la formación y capacitación, por el reconocimiento del valor del oficio. Hay un conocimiento obrero enorme que nosotros como organización hemos tratado que se pondere, respete y reconozca. Además fuimos conquistando el respeto por el descanso semanal y muchas otras cosas más. Todas muy importantes. Luego llegó la pandemia y nuestro sector quedó muy golpeado.

 

Con o sin pandemia, hay un modelo económico que tiene sus prioridades de ahorro fiscal y a favor de los que denominó los «malla oro».

Ni que hablar. Nos preocupa mucho defender lo conquistado, no volver a la precarización laboral, pero claramente nos preocupan y mucho que los 10.000 compañeros y compañeras que quedaron por el camino accedan a un subsidio. Nuestra prioridad como sindicato siempre ha sido priorizar al que está más embromado. Así lo hemos hecho en los Consejos de Salarios, por ejemplo cuando vencimos la territorialidad de las inequidades de pago a igual tarea en el interior y Montevideo. Ahora eso lo quieren volver a imponer. Esas cosas están pasando ahora. Pero insisto, la prioridad hoy son quienes no tienen trabajo, las y los que quedaron desplazados en el marco de la pandemia, y daremos la batalla para que tengan un subsidio que les permita sobrevivir hasta que el sector se reactive. Por ahora y después de batallar duro, una parte recibe un subsidio de $ 7.300 por tres meses. Nuestra prioridad es primero que ese subsidio llegue a más personas porque está muy lejos de cubrir el universo de compañeras y compañeros que quedaron por el camino. Que aumenten el monto porque obviamente $ 7.300 es una cifra que no da para que nadie subsista y menos después de meses de estar sin ingresos. Por tanto, queremos que se incremente el monto y se extienda en el tiempo hasta diciembre. Esa es nuestra prioridad y la vamos a defender por estas horas en una gran marcha. Además se necesita que se otorguen las prórrogas para sostener los seguros de paro y por último, que se respeten los puestos de trabajo de quienes lo han mantenido. Porque por estas horas se está produciendo un fenómeno inadmisible que el que mantuvo el trabajo, está haciendo tres tareas, supliendo a un par de compañeros y compañeras. Y es importante que quien pudo sostenerse en su trabajo tenga condiciones dignas porque la pandemia no disuelve los derechos conquistados. Las patronales que piensan así están equivocadas. En un contexto de enorme desocupación como la que tenemos, hay muchos abusos y eso es inaceptable. Nunca los abusos son aceptables y hoy vemos que los están intentando imponer como algo inevitable para el sector. Y no lo vamos a admitir. Nosotros reconocemos que el sector hoy sí está golpeado. No como en el pasado cuando los empresarios tenían ganancias extraordinarias y lloraban para seguir lucrando, por pura avaricia. Sabemos que ahora la situación cambió y que muchas de las empresas del sector están realmente golpeadas. Pero también sabemos que en el marco de la crisis que atraviesa el sector, los niveles de abuso se han incrementado y eso es inadmisible.

 

¿Cómo ves el escenario nacional después de la presentación de casi 800.000 firmas de cara al referéndum?

Creo que en este nuevo escenario, el campo popular ingresa fortalecido para la lucha, para resistir el embate neoliberal que viene con un nivel de saña brutal, no solamente para las condiciones de vida del pueblo sino también para la soberanía del país. Creo que la alegría de este enorme logro del campo popular, de haber logrado 800 mil firmas, fortalece y tonifica para dar la pelea en defensa de la soberanía nacional, explicando al conjunto del pueblo que todavía no ha podido acceder a la información, de los motivos por los que es necesario este referéndum y por qué es necesario derogar los artículos de la LUC. Es importante hablar con la gente por qué es necesario seguir defendiendo las empresas públicas como siempre lo hemos hecho. Y explicar una y otra vez que son las que garantizan los elementos básicos para la vida del pueblo: el agua, la luz, las comunicaciones. Creo que la recolección de firmas despeinó la modorra y estoy convencida que vamos a poder instalar en el debate nacional la discusión sobre qué país queremos. Tenemos que volver a hablar de la importancia estratégica que implica defender la soberanía, defender la educación, para que no arrasen con todo. En la LUC hay cosas de una enorme gravedad. Por ejemplo en relación al punitivismo, que incluye elementos para reprimir al pueblo cuando se quiera defender o para inhibir el derecho de huelga que es una herramienta básica para defenderse los trabajadores. Así que creo que estamos en muy buenas condiciones para instalar el debate nacional para tirar por tierra esta ley tan regresiva. Y ese será el paso dinamizador para otras luchas que habrá que discutir sobre la sociedad que queremos. Nosotros no queremos la sociedad de las desigualdades que promueve este gobierno que deja a más de 200 mil personas por el camino, sin respuestas, sin trabajo, sin alternativas y recortando puestos de trabajo cuando el Estado tendría que generarlos. No queremos una sociedad en la que se recorten derechos, se menoscabe la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras.

 

¿Hemos naturalizado que unos 200.000 compatriotas tengan que comer en una olla popular?

Sí, lamentablemente creo que hay una naturalización en función de que en el fondo, todos sabemos que el pueblo siempre salva al pueblo y que la solidaridad del campo popular siempre está donde tiene que estar. Y en ese sentido, hay una enorme experiencia en nuestro país. Lo que está haciendo el campo popular con las ollas y merenderos es cubrir una omisión en la responsabilidad del Estado que debería cubrir y garantizar a la población un derecho básico como es la alimentación. En un país donde ya existían instrumentos como el INDA, desarrollados para que en caso de ser necesario, el Estado garantizara ese derecho básico. Sin embargo todo ha sido desmantelado, se han privatizado los instrumentos que el Estado tenía y ahora se ha dejado la alimentación de la población, en plena pandemia, librada a la respuesta que brindan las ollas populares, que en realidad son solidaridad pura y dura de los de abajo con sus pares también de abajo. Aquí hay claramente una omisión del Estado en cumplir su responsabilidad para garantizar el acceso a la alimentación.

 

¿No te da la sensación de que en los medios no se habla de eso? Que no se le pregunta a los ministros, ni al presidente de la República sobre el hambre, las ollas y las respuestas del Estado. 

La agenda de los medios está siendo muy funcional al gobierno. Realmente es un escándalo  la manera que los grandes medios le hacen los mandados y ocultan situaciones que, para cualquier periodismo serio, serían temas del primer orden del día. Que haya 200.000 personas comiendo en ollas, en un país tan pequeñito como el nuestro, que produce alimentos suficientes para toda la población y mucho más, y que este tema del hambre y las ollas no sea uno de los primeros de la agenda pública, evidentemente creo que habla de un intento de invisibilización de una tragedia que está atravesando el país, en un escenario en el que el gobierno mira para el costado. Y volviendo a la LUC en este tiempo de pandemia, esa ley urgente tendría que garantizar el acceso a los derechos básicos y no solo no garantiza el derecho a alimentación, sino que tampoco garantiza el derecho a la vivienda. Por el contrario, crea los desalojos exprés. Todos estos temas son prioridades y creo que el campo popular se tendrá que unir para dar una batalla muy fuerte contra las políticas regresivas de este gobierno que está dejando las condiciones de vida de la gente en el peor lugar.

 

La campaña a favor de la LUC ya comenzó. Y se volvió a utilizar la consigna de que si se derogan los 135 artículos, «los violadores quedarán sueltos». Una falsedad porque eso no está incluido en los artículos impugnados. ¿Creés que será una campaña limpia o se insistirá en fake news como la de los violadores?

Creo que de la misma manera que son lo suficientemente inmorales para no hacerse cargo de la alimentación del pueblo, también lo son como para mentir en forma descarada en relación a los móviles que nos hacen querer derogar la ley. Vamos a enfrentar una campaña de mentiras y ojo que no mienten solo con respecto a la LUC, mienten en relación a las condiciones de los entes públicos, tal como lo estuvieron denunciando los compañeros y compañeras de la MSCE en la carpa que instalaron esta semana frente al Palacio Legislativo.

Estamos frente a un gobierno que tiene la mentira como su método de dominio y tiene los medios masivos de comunicación a su disposición para instrumentar esas mentiras sin que se lo interpele. Vamos a tener que militar mucho para desmantelar una a una las mentiras que ponen acerca de las iniciativas de nuestro pueblo para defender nuestro derecho.

 

Hace pocos días se conoció la sentencia de la Corte Suprema de Italia con la condena a cadena perpetua de 14 imputados por el Plan Cóndor. ¿Cómo impactó la noticia en el equipo de trabajo del Observatorio Luz Ibarburu?

Es la demostración de la vigencia absoluta de la necesidad de luchar contra la impunidad. El juicio en Italia dio resultado 21 años después que se inició la lucha contra la impunidad en el exterior en la medida que acá no se podía desarrollar. Esta sentencia en Italia establece con claridad la existencia del Plan Cóndor. Y es un hito que fortalece la lucha contra la impunidad y también reafirma el concepto del crimen de lesa humanidad. Es un mensaje de la certeza de que son crímenes imperdonables y que los genocidas, estén donde estén, van a ser perseguidos por la humanidad y en algún momento los vamos a encontrar y vamos a hacer justicia. Está pasando en Uruguay después de tantos años y a nivel internacional. Han comenzado algunos procesamientos importantes, como los siete miliares del 300 Carlos (Infierno Grande), un lugar donde pasaron tantos y tantas compañeras viviendo las peores circunstancias, donde desaparecieron tantas personas. Este mes también se procesaron los secuestradores de los hermanitos Julien, se condenó al asesino de Aldo Chiquito Perrini. Tenemos un cúmulo logros en materia de la lucha contra la impunidad que confío sean dinamizadores para seguir colocando la verdad sobre la mesa, porque todavía hay mucha por destapar. En ese sentido, tenemos la denuncia que hicimos por violaciones de los DDHH en San José, por crímenes de lesa humanidad, en particular de la tortura. Y así, tantas situaciones que se van conociendo. Estamos convencidos que estamos en una batalla contra el tiempo y tenemos que poner mucho esfuerzo en aprovechar el tiempo que nos queda, tiempo de vida que les queda a los represores, para poder hacer justicia. De alguna manera, la estrategia dilatoria de los defensores de los represores en las causas penales ha hecho que muchos mueran impunes, que mueran sin decir la verdad, sin que digan dónde están nuestros compañeros, qué pasó con ellos. Y se mueren sin pagar por sus crímenes. Cuando no se aceleran los procesos de las causas en curso, de alguna manera se está siendo funcional a la estrategia de la impunidad biológica que es lo que pretenden los defensores.



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