Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron el arresto domiciliario de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión por la causa Vialidad, y solicitaron que cumpla la pena en un establecimiento penitenciario. La Cámara Federal de Casación Penal será la encargada de decidir sobre esta presentación.
“Hay falta de igualdad ante la ley”, sostuvieron los fiscales en la resolución, al argumentar que la prisión domiciliaria «es un privilegio» injustificado. Kirchner cumple actualmente la medida en su departamento del barrio Constitución, en la ciudad de Buenos Aires.
En su escrito, Luciani y Mola subrayaron que el Ministerio Público Fiscal tiene interés en que las penas por corrupción pública se cumplan “como corresponde en los establecimientos carcelarios establecidos al efecto”.
“Además —agregaron— existe un gravamen concreto y actual que bien puede considerarse de imposible, insuficiente, muy dificultosa o tardía reparación ulterior”.
Según la fiscalía, no se verifican las causales que justifiquen el beneficio de la prisión domiciliaria. La presentación se enmarca en una causa que ha polarizado a la sociedad argentina y que continúa generando tensión entre el Poder Judicial y el espacio político que representa la exmandataria.
Perspectivas futuras
- Si la apelación prospera, Cristina Fernández deberá internarse en un establecimiento penitenciario común, con consecuencias para su custodia, régimen de visitas y visibilidad pública.
- Si se rechaza, ratificará la lógica actual: arresto domiciliario con monitoreo electrónico y restricciones controladas.
- El fallo también inclinará la discusión sobre la combinación de dignidad, seguridad y trato igualitario frente a condenas por corrupción.
