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Con esos antecedentes se inició el operativo «A Ultranza Py» el 22 de febrero del 2022. En el documento presentado por el fiscal Pak se confirma el vínculo entre Insfrán y el prófugo de la Justicia, Sebastián Marset.
Ese día se realizaron más de 100 allanamientos simultáneos en Asunción, San Pedro, Luque, Mariano Roque Alonso e Itauguá. Como resultado se logró la detención de 30 personas y la incautación de bienes valuados en unos 100 millones de dólares. Entre esos bienes había 71 inmuebles y depósitos, un complejo deportivo, un hangar aeroportuario, 9 estancias, 6.000 cabezas de ganado, 41 tractores y otras 9 maquinarias agrícolas, 30 camiones, 48 motocicletas, 27 automóviles de alta gama, 7 embarcaciones, un helicóptero y 13 avionetas, además de varias armas de fuego.
De acuerdo a los registros de Migraciones, Marset comenzó a frecuentar Paraguay desde abril del 2018. En agosto del 2019 ingresó con un pasaporte boliviano falso a nombre de Gabriel de Souza Bemer. A principios del 2020 decidió radicarse definitivamente en Asunción, acompañado por su pareja, Gianina García Troche, y sus hijos menores de edad.
En setiembre del 2013 la Justicia uruguaya lo había procesado con prisión por tres delitos de tráfico ilícito de estupefacientes después de que la Brigada Antidrogas le incautara 170 kilos de marihuana.
Un mes después, y a consecuencia de una investigación coordinada entre la Unidad de Investigación de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay y la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de Uruguay, se detuvo y procesó con prisión a Juan Domingo Viveros Cartes (a) “Papacho”, tío del entonces presidente de Paraguay, Horacio Cartes.
Los investigadores paraguayos están convencidos de que fue “Papacho” quien vinculó a Marset con Insfrán. Según consta en los libros de visita, el narco uruguayo fue por lo menos dos veces a visitar a su par paraguayo a la cárcel de Campanero (Lavalleja) donde estaba detenido.
En el año 2017 Marset se integró al “Grupo Insfrán”, una poderosa organización de traficantes de drogas y lavadores de dinero. Legalizaban activos a través de los clubes de fútbol Rubio Ñu, River Plate y Deportivo Capiatá, además del club griego Atlético Trikala y de la iglesia denominada Centro de Avivamiento, que tenía sedes en varias ciudades paraguayas y uruguayas. Esta banda fue desmantelada al comienzo del operativo A Ultranza Py.
Pero tanto, Insfrán como Marset lograron huir. El primero fue detenido el año pasado en Brasil y extraditado a Paraguay. En cambio, Marset, gracias a un pasaporte otorgado por el Gobierno uruguayo, logró la libertad en diciembre del 2021 de una cárcel de Dubái donde estaba detenido, y desde entonces permanece prófugo.
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De hecho, varias fuentes coinciden en sostener que Marset fue detenido en Dubái con un pasaporte paraguayo falso, después de participar en una especie de “congreso” de organizaciones mafiosas europeas, árabes y latinoamericanas.
Un extenso informe de la SENAD paraguaya, al que accedió Caras y Caretas, consigna al detalle todas las etapas del tráfico desde la producción hasta la comercialización de decenas de toneladas de cocaína. Sebastián Marset es sindicado como “ideólogo, organizador y supervisor de las operaciones ilícitas”.
Las escuchas telefónicas revelan al detalle nombres de otros integrantes de la organización, lugares y formas de envío de la droga, estudios contables, así como la identificación de 13 avionetas que operaban como taxis aéreos, pero en realidad estaban al servicio de los narcos, junto a un importante listado de automotores y propiedades de los Insfrán.
Gran parte de la droga se acondicionaba en contenedores, con otras mercaderías de exportación, que luego eran enviados a través de la hidrovía a los puertos de Buenos Aires y Montevideo con destino a Europa y África. O también por tierra a la región en camiones y camionetas acondicionados.
Marset era el encargado de comprar la droga en Bolivia y de toda la logística para llevarla a Paraguay, y desde allí al mundo.
Según las pruebas aportadas por el fiscal Pak, la droga era adquirida a un promedio de 3.000 dólares el kilo y vendida entre 12.000 y 14.500 dólares. Solo en África recaudaron 18.429.500 dólares. Pero para el mercado europeo la vendían entre 20.000 y 25.000 dólares. Según los registros incautados, por estas ventas el grupo obtuvo 433 millones de dólares.
“Mi bro, le di un tiro y se tiró del auto. Ahí cerca de tu casa. Fijate ¿podés?”, dice un mensaje que Marset le envió a Insfrán por una red cifrada que usaban, el 24 de octubre de 2020. Su primo, Diego Olivera Cabrera, también uruguayo, sería el asesinado.
El narco estaba seguro de que su pariente era informante de Inteligencia y responsable de la caída de varios cargamentos.
Marset usaba varios alias, pero el que más le gustaba era “Omelette”, “porque tiene mucho huevo”.
El fiscal Pak aportó otro dato: un mes antes, el 14 de setiembre del 2020 a las 2.52 horas, Marset le pregunta a Insfrán “Mi bro ¿y lugar para hacer desaparecer un cuerpo tenemos? Meterlo en ácido o en cal», decía.
En setiembre de 2020, Marset le envió a “Tío Rico” otro mensaje que hacía referencia a otra muerte. “Ese lo tiraron en un campo. Va a aparecer en estos días, saldrá en las noticias”, le escribió, según el documento de Fiscalía. Unos días más tarde, el narco uruguayo envía una foto de una noticia sobre el hallazgo de un cuerpo calcinado en la zona de Colonia Nicolich.
Según las autoridades uruguayas, el cuerpo era de un hombre de 41 años procesado por sus vinculaciones con el narcotráfico y que estaba fugado de la cárcel de Santiago Vázquez.
Vale recordar que el 14 de agosto del 2018 fue asesinado Alfredo Rondán en Las Toscas. Era un amigo de la infancia de Marset. Varias pericias lo ubicaron en el lugar, por lo que el juez Enrique Falco lo procesó con prisión. Pero en agosto del 2020 el fiscal Maximiliano Sosa archivó la investigación ya que, a su juicio, no había prueba suficiente para procesarlo por homicidio. Aún se investiga la desaparición de unos audios incriminatorios de la Fiscalía de Ciudad de la Costa.
No son pocos los que piensan y sostienen que Paraguay es un narcoestado y las investigaciones de la SENAD y la Fiscalía parecen corroborarlo. Lo primero que hizo Marset al llegar a Paraguay fue presentarse como un importante productor musical y jugador de fútbol profesional. Así terminó con la camiseta número 10 en el Deportivo Capiatá, propiedad del diputado cartista Erico Galeano.
Galeano terminó procesado y desaforado de Diputados, acusado de lavar dinero para Marset y permitirle usar avionetas de una de sus empresas para trasladar droga desde Bolivia. Como la acción judicial se demoró, Galeano fue elegido como senador, desde donde da batalla para evitar un nuevo desafuero que lo llevaría a la cárcel.
Pero no es el único. El diario Última Hora de Paraguay informó que en el documento de acusación del Ministerio Público a Miguel Ángel Insfrán se detalla un esquema para introducir ganancias, presuntamente provenientes del narcotráfico, al sistema financiero a través de la Cooperativa San Cristóbal, supuestamente en complicidad con el exdiputado Juan Carlos Ozorio, cuando éste era presidente de la entidad.
Estas operaciones se habrían dado entre los años 2020 y 2021, según se detalla en el documento de acusación presentado por el fiscal Deny Yoon Pak contra Insfrán.
En las conversaciones que éste habría mantenido con el uruguayo Marset, supuesto líder de la organización, a través de la aplicación Sky ECC, se refiere a Ozorio como su “amigo”.
La investigación de Fiscalía detalla los nombres de varias personas, casi todos familiares de Insfrán que lograron introducir al sistema financiero, a través de la cooperativa, unos 300 millones de dólares producto de la venta de drogas en Europa y África.
También adquirieron 157 bienes inmuebles, entre ellos el complejo religioso “Iglesia del Avivamiento”, al que concurrían miles de personas. Además de 119 vehículos, entre los que hay automóviles de alta gama y hasta camiones de gran porte.
En la investigación también cuentan con indicios de constitución y adquisición de empresas ganaderas que están siendo indagadas por las autoridades.
El fiscal Pak establece en su informe que Insfrán corrompió a otros actores estatales. “Tuvo facilidad para obtener información y mantuvo vínculos con agentes del órgano de seguridad, de distintas instituciones, cuanto menos de 5 dependencias a quienes pagaba, razón por la cual el acusado le pasaba informaciones a Sebastián Marset, como así también otros usuarios que tuvieron comunicaciones, mediante respectivos pines en la aplicación Sky ECC, desde el año 2020 hasta marzo de 2021, fecha en que dejó de funcionar la referida aplicación de mensajería y concretamente durante el periodo de tiempo en el que la organización criminal realizó, en mayor volumen, el tráfico internacional de cocaína”, añadió Pak.
En uno de los mensajes se menciona un pago de 100.000 dólares.
A su vez, el fiscal Juan Martín Ledezma fue destituido de su cargo al frente de la Unidad Anticorrupción y Lavado de Dinero. Ledezma fue trasladado a la ciudad de Alberdi, ubicada a 150 kilómetros de Asunción y que cuenta con 9.600 habitantes, para hacerse cargo de la Fiscalía Comercial, Niñez y Adolescencia.
Había sido designado en Anticorrupción por la exfiscal general, Sandra Quiñónez (también destituida y acusada de corrupción), por recomendación de su hermano, Domingo Quiñónez.
Ledezma tenía una larga lista de causas cajoneadas y blanqueadas. Entre ellas está la investigación al diputado colorado, Erico Galeano. En su defensa alegó que “era una causa muy compleja y que existe un cúmulo de documentos que cotejar y analizar y que se solicitaron con base a un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD)”. Ledezma era quien debía actuar en la causa contra Erico Galeano.
El fiscal que dirigía la investigación del operativo “A Ultranza Py” era Marcelo Pecci, asesinado en Colombia el 10 de mayo del 2022.
El 16 de abril del año pasado varios medios paraguayos y algunos uruguayos informaron que el senador colorado Derlis Osorio había sido convocado a declarar ante el fiscal Juan Manuel Ledezma, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, para ampliar una denuncia que presentó a principios del 2022 contra el diputado Erico Galeano, también colorado, por un pedido de dinero para liberar al narcotraficante Sebastián Enrique Marset Cabrera, cuando estaba preso en Dubái.
En su relato, Osorio mencionó que “Ezequiel Ramírez Barreto, un intermediario del diputado cartista Galeano, le solicitó la suma de 500.000 dólares para lograr la liberación de Marset. También señaló que la diputada Jazmín Narváez le contó que el propio Galeano le pidió prestado el mismo monto de dinero, presuntamente con el mismo motivo.
Galeano buscaba que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, o el vicepresidente, Hugo Velázquez, le prestaran el dinero para liberar al narco, de acuerdo a los nuevos datos que dio el senador ante la fiscalía de ese país, según explicó la periodista Rocío Pereira Da Costa.
De acuerdo a la denuncia presentada por Osorio, unos días después el mismo diputado le habría solicitado un préstamo a la diputada Nuñez, pero como ella no tenía la suma requerida, le planteó que se la pidiera al presidente Abdo Benítez.
En el documento de la Secretaría Nacional de Drogas (SENAD), en poder de Caras y Caretas, se cita una llamada recibida el 19 de setiembre del 2021 en el 0982 765937, utilizado por José Fernando Estigarribia, investigado como parte de la banda del narco uruguayo, realizada desde la línea extranjera 58597 1459999, utilizada por Marset.
El uruguayo pregunta si “pudo solucionar algo” en relación al pasaporte falso. Pero como la respuesta fue negativa, Marset dice que es necesario “hablar con Marito (Abdo, actual presidente) o con Cartes, porque después sin problemas se va a poder pagar el favor”.
Marset estaba desesperado porque no quería seguir detenido en Dubái y pretendía volver a Paraguay. Le ofrecieron sacarlo hacia Uruguay o Francia pero se negó.
La solución llegó de la mano del abogado uruguayo Alejandro Balbi, contactado presumiblemente por la esposa de Marset. Él gestionó el pasaporte ante la Dirección Nacional de Identificación Civil, que dadas las circunstancias requirió la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el resultado conocido.
Un oficial de la SENAD, que aceptó hablar con este cronista el año pasado, dijo: “Nosotros entregamos a Fiscalía muchas pruebas sobre las actividades de Marset, que fueron cajoneadas. Entre esas pruebas hay muchísimas horas de escuchas telefónicas realizadas con orden judicial. Nosotros sabemos para qué, para quién y quiénes juntaron esos 500.000 dólares, que no fueron los únicos”.
Ahora Miguel Angel Insfrán no solo está en la mira por sus vínculos con Marset, sino que además su nombre fue uno de los mencionados por el «cerebro» del asesinato del fiscal Marcelo Pecci como autor intelectual. El otro nombre que mencionó Francisco Luis Correa es el del expresidente Horacio Cartes.
Esta semana el fiscal uruguayo Alejandro Machado retomó la causa “pasaporte Marset” interrogando al abogado Santiago Moratorio y a un funcionario de Cancillería. También debió concurrir Alejandro Astesiano.
Luego de que establezca su dictamen por esta causa, debe investigar la destrucción de un documento público por parte del asesor presidencial Roberto Lafluf. En ese documento, entregado por la exvicecanciller Carolina Ache, constaba el contenido de los chats que sobre Marset le envió el exsubsecretario de Interior, Maciel.
Escrito por hiperactivafm
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