Por Ignacio Palumbo
ipaludabe
Marianella Rosas
trabaja como educadora en Cardoner, un centro de hombres en situación de
vulnerabilidad, que tiene convenio con el Ministerio de Desarrollo Social
(Mides). Allí, tres funcionarios por día, uno por turno, se encargan de cuidar
a unas 20 personas.
Ella reclamó que el
pasado 18 de julio se les venció el contrato y, hasta ahora, no ha sido
renovado. “Desde esa fecha a hoy no bajaron partidas. Estamos sin cobrar y
multas en el Banco de Previsión Social. Nos obligan a mantener abierto el hogar.
Es decir, trabajar gratis, sin derechos a denuncias por no existir firma de
contrato”, denunció.
Según narró, el ministerio
sostuvo que en los primeros días de setiembre “se pagaba todo”, pero el mes
arrancó y desde la cartera “dijeron que no iba a ser posible, que capaz que
para fin de mes”. Cuando terminaba setiembre, lo adelantaron para principios de
octubre, para luego “directamente decir que no podían pagar”, aseveró.
“Cardoner es un centro
de capacitación y formación, un centro educativo-laboral. Entonces, lo que se
intenta es que gente que salió de la cárcel y queda en situación de calle y
quiera salir adelante se les ofrecen cursos de panadería, gastronomía, se los acompaña
para que sigan los estudios. […] Es como que no les interesa […] pero yo sigo
apostando a que quiero hacer cosas por la gente, me preocupa, los acompaño…
Te bancás todo”, dijo la funcionaria a Montevideo Portal.
Esta realidad la
viven otros cientos de trabajadores tercerizados de la Secretaría de Estado. El
pasado lunes 13 de octubre el Sindicato Único de
Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) realizó un paro frente al Mides y lograron pactar una reunión con las
autoridades, que se concretó días después, el pasado viernes 18.
En este encuentro la directora general de
Secretaría del ministerio, Ximena Muñíz, “se comprometió” a trabajar en los
atrasos de pagos, dijo a Montevideo Portal el secretario de Tercerizados
del gremio, Diego Andrada. “Nosotros tenemos un par de organizaciones de la
sociedad civil [OSC] que son las que tienen el mayor atraso, son compañeros que
no tienen ni para comer ni para ir a los refugios. Se comprometieron para la
semana que viene tener alguna novedad en la bajada de partidas y el pago
salarial”, afirmó.
Según aclaró, la cantidad exacta de
funcionarios afectados “es muy dinámica” debido a la tercerización, ya que “se
van atrasando a destiempo”. De todas formas, remarcó que hay “seguro entre 100
y 150 trabajadores que pasaron por algún atraso”. “El atraso más grande que
tenemos es de una org que hace dos meses casi tres no paga, y eso es gravísimo”,
disparó.
En esta línea, Muñíz confirmó a Montevideo Portal
que “hay unos atrasos de pagos” que se deben a varios factores. “Algunos fueron presupuestales, otros que fueron
procedimientos, otras que van más apuntando a algunas organizaciones que hay
algunas complicaciones”, explicó y añadió: “Estamos todos tratando de
resolverlo y yendo para el mismo camino”.
Al respecto, la jerarca
del Mides aseguró que ya están resolviendo algunas de estas problemáticas, ya
que desde la semana pasada —antes del paro de Sutiga, gracias a que el
sindicato mandaba corresos “solicitando ver la situación de algunas
organizaciones que no estaban pagando”— se empezó a hacer un seguimiento “día a
día de cada expediente, de cada organización, llamando a cada una a ver qué
inconveniente tenían para tratar de ayudarlas o intimarlas a cumplir”. De
esta manera, Muñíz destacó que cuando el sindicato fue a la reunión de viernes “ya
había muchas” de estas organizaciones por las que se reclamaban que finalmente
pagaron, mientras que hay otras que se trabaja para “tratar de dar una
respuesta lo antes posible”.
Así, el Poder
Ejecutivo y el sindicato pactaron una nueva reunión para el próximo viernes a
modo de “continuación” de la de ayer. “Realmente nos preocupa y nos ocupa el
tema del pago de los salarios”, ratificó la funcionaria.
De todas formas, Andrada
recalcó que esta situación “afecta a la población” que atienden, y puntualizó
que “no tendrían que tener estos problemas” ya que “se podría gestionar mejor”.
De largo aliento
En tal sentido, el
sindicalista hizo hincapié en que se debe apuntalar el “problema histórico” que
es la tercerización en sí. A su entender, este modelo de gestión “ya está
caduco, es una estafa para el contribuyente”.
Andrada ahondó en que
la organización que recibe el dinero del Mides puede “manejar mal la plata”, lo
que obliga al gobierno a congelar los fondos, o también puede ocurrir que el
Ejecutivo se atrase en el pago con aquellas organizaciones que gestionen mal,
comentó. Esto “afecta directamente a los trabajadores” insistió y expresó que “históricamente”
han quedado “en el medio”.
Según planteó el
dirigente de Sutiga, el pasado gobierno de Luis Lacalle Pou “puso
organizaciones afines a ellos con ninguna experiencia y sacó [otras] que tenían
más de 10 años”. En su momento el sindicato denunció que estas OSC “iban a
tener problemas” porque “nunca habían gestionado una política pública”; “da la
casualidad, que no es tan casualidad, que algunas son las que están teniendo
los mayores atrasos ahora”, mencionó.
De tal forma, Andrada indicó
que las actuales autoridades de gobierno también se
comprometieron “a buscar una especie de herramienta” para enfrentar esto, pero “todavía
no hay nada concreto”.
Consultada al
respecto, la directora general de Secretaría del Mides replicó que es algo en lo que “se
está discutiendo dentro de los lineamientos” del ministerio. “Este mecanismo es
algo que históricamente se usa”, argumentó y añadió que el ministro Gonzalo
Civila también ha dicho que “la idea también es trabajar con organizaciones,
con trabajadores organizados [o] cooperativas”.
“También hay que ver
ahí cómo viene esa discusión y qué se va a tomar”, sintetizó Muñíz.
Por Ignacio Palumbo
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