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La exdirectora de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad, Gabriela Bazzano, renunció este lunes a su cargo en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), al no aceptar una reubicación dentro del organigrama de la institución.

Según informó El Observador, el ministro Martín Lema designó al abogado Nicolás Scarela para ocupar el cargo de director de director de Cuidados y Discapacidad, mientras que Bazzano pasaría a desempeñarse como directora de Discapacidad, quedando jerárquicamente por debajo de su actual cargo y dependiente de la secretaría que hasta la semana pasada dirigía.

Fuentes de la cartera señalaron a Montevideo Portal que la decisión de Lema responde a la necesidad de contar con alguien de su extrema confianza como nuevo secretario nacional de Cuidados y Discapacidad.

Bazzano comenzó el periodo el gobierno de la coalición al frente de Pronadis, pero tras el pasaje del exsecretario nacional de Cuidados Daniel Radío a la Secretaría Nacional de Drogas, quedó frente a la Secretaria Nacional de Cuidados y Discapacidad.

Este lunes tras la designación para volver a su cargo original, la psicologa de profesión resolvió presentar la renuncia al cargo como directora de Discapacidad.

Polémica por «familias articuladas»

La exjerarca estuvo envuelta en una fuerte polémica e diciembre de 2020, tras una publicación de La Diaria que dio a conocer que años atrás fue investigada por Crimen Organizado.

Bazzano fue directora de la Organización No Gubernamental (ONG) Seamos, que trataba con personas con discapacidad.

En la investigación se conocieron detalles sobre el programa «familias articuladas», que consistía en la entrega de hijos de personas con discapacidad a otras familias sin el control del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (Inau) ni de otro organismo estatal.

El programa tuvo como saldo la entrega de cuatro niños a familias no biológicas y dos casos que fueron frustrados.

La causa que fue desarchivada por el fiscal especializado en Crimen Organizado Luis Pacheco, pero volvió a archivarla un mes después al determinar que no había «elementos que configuren un delito en el programa de «familias articuladas» de la ONG Seamos».

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