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El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, ratificó este viernes 20 de junio la suspensión por 60 días del decreto reglamentario que modificó el régimen de licencias médicas para los funcionarios públicos.
La decisión se tomó luego del conflicto abierto con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), que incluso había denunciado la situación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Desde que se aprobó en el Parlamento, en la legislatura pasada, el nuevo
régimen de funcionamiento de licencias por enfermedad ha sido motivo de mucho
conflicto y de mucha controversia”, señaló Sánchez en conferencia de prensa.
“En función de estas características es que nosotros tomamos la decisión de
sentar una mesa de negociación al Pit-Cnt y a COFE, por supuesto, y al
Gobierno, por otro lado”.
El Ejecutivo y los sindicatos acordaron abrir una negociación por 60 días, hasta el 30 de agosto; durante este lapso se volverá a aplicar el régimen anterior. “El movimiento sindical se ha comprometido a no iniciar demandas en el marco del Pit-Cnt y el Poder Ejecutivo se ha comprometido a poner en suspenso la aplicación del decreto con respecto a
las licencias médicas”, detalló el jerarca.
Sánchez insistió en que el objetivo del gobierno es proteger a los trabajadores enfermos y evitar abusos. “Lo que nosotros creemos es que ningún trabajador o trabajadora tiene que trabajar enfermo. Y lo que hay que intentar también es evitar que haya abusos con respecto a esto”, aseveró.
“No se puede
legislar sobre las patologías. Para eso necesitamos tener un marco jurídico que
reconozca estas situaciones”, sostuvo.
Además, Sánchez agregó que “nadie debería ser obligado a
trabajar bajo enfermedad, y cuando uno está enfermo tiene que tener
determinados sistemas de protección”, y en tal respecto indicó que “hay que ver cuáles son”. También subrayó
la necesidad de controlar los casos irregulares: “El otro mecanismo es evitar a
los vivos, que muchas veces mal utilizan las licencias por enfermedad”.
Por su parte, el dirigente de COFE Joselo López valoró el acuerdo como un paso significativo: “Para nosotros es un paso fundamental porque lo que acabamos de acordar con el Poder Ejecutivo es justamente negociar
en igualdad de condiciones”. López aclaró que COFE buscará derogar la ley, aunque
está abierto a otras salidas: “Nosotros por supuesto que vamos a plantear la
posibilidad de la derogación de esta ley, pero como siempre en el marco de una
negociación habrá que ver qué es lo que plantea el Ejecutivo”.
También señaló que no existe un problema generalizado de ausentismo, pero reconoció que “han aparecido algunas situaciones que se han detectado de licencias médicas que no correspondían”, especialmente
en trabajadores con doble empleo en el sector público y privado.
“Para ese tipo
de situaciones nosotros estamos absolutamente en línea con lo que ha planteado
el gobierno anterior y el actual gobierno: que esas cosas no pueden suceder
porque no solo es una estafa al Estado, sino una estafa al propio compañero de
trabajo”, aseguró el sindicalista.
Sobre la denuncia ante la OIT, el dirigente del Pit-Cnt sostuvo que la decisión de COFE de volver a plantear el tema en la conferencia anual del organismo internacional “fue lo que desató un cambio en la postura” del gobierno.
Según López, la primera reunión formal para tratar el tema será en la primera semana de julio. “Creo que van a ser unas cuantas, porque en 60 días tenemos que resolver el tema”, adelantó.
Consultado sobre si COFE reclamará los descuentos aplicados hasta ahora, respondió: “No lo hemos pensado, pero esta [es una] señal importante que dio el Poder Ejecutivo; ojalá podamos, en definitiva, modificar esto para adelante y con eso
nosotros estaríamos conformes”.
El reclamo cuestiona los cambios en el régimen de certificaciones médicas en el sector público, vigentes desde el 1.º de abril de 2024. La norma establece que los trabajadores estatales solo podrán percibir su sueldo completo durante nueve días hábiles en todo el año si se certifican. Luego, tienen derecho a percibir el 75% de su remuneración por parte del ente que los emplee.
Los denunciantes hablan de que la ley consiste en “una medida de ajuste grave en los derechos sociales de los trabajadores públicos” y que los artículos referidos “son ostensiblemente inconstitucionales”.
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