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El pasado jueves, en el Anexo de la Cámara de Diputados del Congreso argentino, se realizó una jornada “anticampaña de vacunación” organizada por la diputada del PRO Marilú Quiroz, bajo el título: “¿Qué contienen realmente las vacunas Covid-19?”.
La actividad duró más de cinco horas e incluyó la participación de oradores autodenominados antivacunas, entre ellos la licenciada en biotecnología Lorena Diblasi, el oftalmólogo Oscar Botta — vinculado al grupo “Médicos por la Verdad” — y la médica Viviana Lens.
Durante la exposición, se presentó a un hombre de torso desnudo que afirmó experimentar supuestos efectos de “magnetismo” luego de vacunarse contra el covid-19: según los organizadores, diversos objetos metálicos se adherían a su cuerpo, lo que atribuían como secuela de la inmunización.
Las declaraciones generaron un fuerte rechazo de la comunidad científica: organizaciones médicas y expertos calificaron el evento como pseudocientífico, argumentando que no existen pruebas válidas ni evidencia científica que respalde las afirmaciones sobre magnetismo.
Además, el propio bloque del PRO se distanció del acto: aunque admitieron que la diputada tenía libertad de organizar una charla personal, reconocieron que el contenido “no representa” al partido. Calificaron el evento de “bizarro” y advirtieron sobre los riesgos de difundir información sin fundamento en materia de salud.
En respuesta al polémico acto y a la ola de desinformación, el sábado el Ministerio de Salud emitió un comunicado —respaldado por 22 ministros provinciales de Salud— en el que reafirmó la obligatoriedad y gratuidad del esquema de vacunación, y defendió la seguridad y eficacia de las vacunas del calendario nacional.
Titulado “Las vacunas son seguras y salvan vidas”, el documento sostiene que cada dosis incluida en el calendario atraviesa evaluaciones rigurosas antes de su aprobación, cuenta con décadas de uso seguro, está avalada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y evitar muertes.
El texto subraya además que la ejecución del plan de vacunación implica una responsabilidad compartida: el Estado nacional se encarga de comprar y distribuir las vacunas, mientras que las jurisdicciones provinciales y municipales deben garantizar su aplicación efectiva.
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