El gobierno anunció la extensión del contrato con la empresa Puerta del Sur SA, concesionaria de los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce por un plazo de 20 años, y concedió la explotación, administración y operación en otros seis aeropuertos, ubicados en el interior del país.

Los seis aeropuertos que la empresa administrará a partir del nuevo contrato, que se enmarca en la ley que establece la creación del Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales. Están situados en los departamentos de Rivera, Salto, Durazno, Cerro Largo, Colonia y Paysandú.

La idea de concesionar algunos aeropuertos y crear un sistema aeroportuario nacional comenzó a estudiarse en la administración anterior, proceso que culminó con un proyecto de ley enviado para su consideración parlamentaria en los últimos meses del gobierno de Tabaré Vázquez.

“Es un orgullo y una gran responsabilidad recibir la confianza para llevar adelante un proyecto estratégico para el país”, informó la empresa en un comunicado.

La empresa además anunció que proyecta una inversión superior a 300 millones de dólares, entre inversión directa, operación y mantenimiento de los seis aeropuertos del interior, en cuanto que se prevé realizar obras de infraestructura aeroportuaria en el plazo de tres años aproximadamente.

La compañía hizo saber del acuerdo alcanzado al Banco Central del Uruguay (BCU), ya que tiene deuda emitida en el mercado de valores.

A través de un comunicado, el BCU pudo saber que la empresa había suscrito un “acuerdo de ampliación y modificación del contrato de gestión integral del Aeropuerto Internacional de Carrasco con el Estado”, el cual está “al amparo de lo establecido en la Ley 19.925 (Ley de creación del Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales)”.

La mencionada norma, publicada de forma oficial el 18 de diciembre de 2020, dio potestad al Poder Ejecutivo a “otorgar mediante procedimiento competitivo y a renovar, modificar, ampliar el objeto o prorrogar concesiones o contratos de concesión para la construcción, conservación clara referencia a las expresiones de Guillermo Domenech, quien dijo que con la decisión “se entregaron varios aeropuertos a poderosos intereses regionales”.

Ante declaraciones de algunos miembros de la coalición, el prosecretario de la presidencia Álvaro Delgado explicó que “se ha informado a todos los partidos políticos”.

“En esto quiero ser muy claro porque tampoco quiero vestirme con ropas ajenas. Es un proyecto de ley que viene de 2019, que se modificó, se mejoró y el marco legal habilitante pasó por el Tribunal de Cuentas sin observaciones. Ahora lo que se firmó fue el contrato”, aseguró.

Según se anunció, el desarrollo de este sistema permitirá inyectar inversión, generar puestos de trabajo y garantizar que los aeropuertos del interior cumplan con estándares de seguridad operacional internacionales.

El tema generó declaraciones en todas las direcciones, el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, señaló que «sucedió lo que advirtió el diputado Sebastián Cal (Cabildo Abierto), y entre gallos y medianoche se entregaron varios aeropuertos a poderosos intereses regionales».

En tanto que, más cauto, el senador frenteamplista Eduardo Bonomi, señaló: «Supongo que depende de los interesados que pueda haber, porque interesados en financiar el aeropuerto de Durazno o Melo no debe haber mucho”.

El legislador y recordó que lo que estaba previsto “era que se financiaran los aeropuertos del interior con los que podrían dejar ganancias o que ya las estaban dando, que son el de Carrasco y Punta del Este”.

Bonomi se refirió los acuerdos políticos que se establecen entre las distintas fuerzas para tomar determinadas decisiones.

“Las que son políticas de Estado deben llevarse adelante con acuerdos importantes entre los distintos sectores políticos porque se trata de asuntos que trascienden a un gobierno. La decisión debe salir de un acuerdo por el cual si el gobierno cambia la política se mantenga”, concluyó

Lo cierto es que la decisión parece contar con el silencio aprobatorio de la oposición y con cierto recelo del Cabildo Abierto que sin embargo votó en el Parlamento casi todos los artículos de la ley que habilita el contrato en cuestión.



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