Gobierno retiró a experta en derechos de las mujeres de la OEA

Según el periodista Eduardo Preve, esta medida se tomó en represalia por las críticas de Herrera a la propuesta de modificación de la ley de violencia de género en Uruguay.

Preocupación del MESECVI

El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de Belém do Pará (MESECVI) emitía un comunicado el pasado 9 de mayo, manifestando su preocupación ante las propuestas regresivas para modificar la Ley de Violencia hacia las Mujeres en Uruguay. En el comunicado, el Comité señaló:

«Dichas iniciativas, aun de no concretarse, instalan un peligroso precedente al cuestionar la protección a los derechos humanos de las mujeres reconocidos por el derecho internacional.»

El Comité de Expertas también alertó sobre uno de los proyectos de modificación de la ley, que establece que: “El silencio, la falta de resistencia o la historia sexual previa o posterior de la víctima de una agresión sexual serán prudentemente analizados.”

Esta disposición es contraria a los estándares establecidos por el Comité en su Recomendación General Nº 3 sobre la figura del consentimiento en casos de violencia sexual contra las mujeres. Además, desconoce la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Penal Internacional en la materia.

La Ley 19.580

La Ley N° 19.580, conocida como la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres basada en Género, fue promulgada en Uruguay el 22 de diciembre de 2017. Esta legislación tiene como objetivo principal prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, ofreciendo un marco integral para la protección de los derechos de las mujeres.

Para prevenir la violencia, la ley implementa diversas medidas educativas y de sensibilización, además de formar a profesionales en sectores clave como la salud, la educación y la justicia. Estos esfuerzos buscan crear una mayor conciencia y capacidad de respuesta ante la violencia de género en todos los ámbitos de la sociedad.

En términos de protección y atención a las víctimas, la ley proporciona servicios de apoyo esenciales, incluyendo refugios, asesoramiento legal y atención psicológica. Estos servicios están diseñados para ofrecer un entorno seguro y de apoyo a las mujeres que sufren violencia de género, ayudándolas a reconstruir sus vidas.

También refuerza el marco legal para sancionar a los agresores, introduciendo medidas cautelares, órdenes de protección y penas más severas. Estas disposiciones buscan asegurar que los perpetradores de la violencia de género enfrenten consecuencias adecuadas por sus acciones, contribuyendo así a la disuasión de futuros actos de violencia.