Tras llegar a un acuerdo con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), el gobierno resolvió suspender por 60 días el decreto sobre licencias médicas de los trabajadores públicos que había comenzado a regir en abril de 2024, durante la administración de Luis Lacalle Pou.
La medida, que afecta el régimen de certificaciones por enfermedad de los funcionarios públicos, quedará en pausa desde el 1.º de julio hasta el 30 de agosto, con el objetivo de abrir una instancia de diálogo que permita revisar y eventualmente ajustar la normativa.
El decreto establece que los trabajadores estatales cobran el 100% del salario hasta el noveno día hábil de licencia médica, y a partir del décimo, el 75%. Esa rebaja generó el rechazo del sindicato, que ahora tendrá espacio para plantear cambios, en una nueva ronda de negociación.
Durante la 113.ª Conferencia Internacional de la OIT en Ginebra, el dirigente del Pit-Cnt Jorge Bermúdez apuntó contra la normativa y afirmó que el gobierno anterior “desvirtuó totalmente la negociación colectiva en el sector público” al imponer “un nuevo sistema de licencias por enfermedad que perjudica y quita derechos adquiridos”.
Bermúdez celebró el inicio de una mesa de diálogo y valoró positivamente la suspensión del decreto por 60 días como una señal de apertura para alcanzar consensos.
En la otra vereda, el exministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, cuestionó la decisión del actual gobierno y la calificó como “un error”. Según expresó, el decreto representaba “un cambio en la dirección correcta” al acercar el régimen de los funcionarios públicos al de los privados, y advirtió que el nuevo escenario podría “generar incentivos para un uso abusivo” de las certificaciones.
Para Mieres, la marcha atrás del Ejecutivo responde directamente a la presión del movimiento sindical.
