Montevideo Portal
El diputado Gabriel Gurméndez reaccionó ante el nombramiento en cargos de dirección de la Intendencia de Maldonado de Fernando Álvez y Carlos Flores, dos referentes colorados en el departamento. Mientras el exarquero de Peñarol será director de Deportes, Flores asumirá como subdirector de Movilidad.
Gurméndez señaló en un comunicado que las designaciones “obedecen a sus propios intereses personales y es ajena a una decisión orgánica del Partido Colorado”.
“El señor Álvez fue proclamado candidato a intendente de Maldonado por la convención del Partido Colorado y en forma inaudita se bajó a sí mismo, quedando claro en estas horas las razones detrás de su decisión. Sus votantes tomarán nota de su conducta política y de las explicaciones que dio en su momento sobre su motivación para ocupar cargos públicos”, apuntó el expresidente de Antel.
En cuanto a Flores, el dirigente colorado señaló no representa a la Lista 10 de Vamos Uruguay en Maldonado, a la que había adherido en primera instancia en el ciclo electoral anterior.
Consultado por Montevideo Portal, Gurméndez remarcó que sus expresiones son en particular por estos dos casos, pero insistió con que no representan un distanciamiento del intendente blanco Miguel Abella, a quien valoró por haber convocado al diálogo al Partido Colorado para las áreas de movilidad y ordenamiento territorial. Del mismo modo, expresó que su postura es la de apoyar aquello que entienda pertinente para el departamento.
Sin embargo, sobre Álvez y Flores, Gurméndez señaló que, cuando la Convención del Partido Colorado analice la propuesta de sanción que ya tienen por parte de la Comisión de Ética, en ese caso planteará que estos “nuevos hechos” también sean considerados.
En marzo, un grupo de afiliados al Partido Colorado denunciaron a Álvez y Flores por “incumplimiento de los deberes impuestos por la Carta Orgánica” tras la realización de un acuerdo electoral con el Partido Nacional en Maldonado de cara las elecciones Departamentales. Ante esto, pidieron sanciones, y el caso pasó a ser analizado por la Comisión de Ética y Conducta Política.
“Lo que se denuncia es un apartamiento de las normas que nuestra Carta establece para la concreción de acuerdos de carácter electoral con otras colectividades, es decir el artículo 21 y demás normas concordantes. Realizando coaliciones de hecho, o espontáneas, que stricto sensu, desde el punto de vista formal, es un apartamiento a los procedimientos previstos para tal fin”, dice el informe de la comisión ética, al que accedió Montevideo Portal.
Entre las consideraciones del tribunal, el documento hace mención de “procedimientos que se instrumentaron para los departamentos de Montevideo, Canelones y Salto, pero no para los restantes departamentos, lo que coloca a la conducta desplegada por el denunciado a la intemperie normativa”. Del mismo modo, alude a que la “disonancia” entre distintos departamentos “generó una zona de ambigüedad institucional”, aunque eso —a criterio de la comisión— no exime de responsabilidad a los dirigentes.
“Esta disonancia en el proceder pudo razonablemente inducir a error o habilitar interpretaciones dispares respecto a los límites de actuación para los referentes locales, lo que no exime de responsabilidad, pero sí obliga a una evaluación más matizada de las conductas examinadas”, señala el informe.
“Ahora bien, la reiteración de situaciones similares en distintos departamentos no puede justificar, por sí sola, el apartamiento de las normas partidarias. La existencia de otros precedentes no exime de responsabilidad individual ni habilita una lógica de ‘hechos consumados’ que debilite el marco institucional del Partido. Por el contrario, frente a la expansión de prácticas no autorizadas, cobra mayor relevancia el papel de esta Comisión en la reafirmación de las reglas comunes”, agrega.
El informe remarca que “la fortaleza del Partido Colorado reside, precisamente, en su respeto por el Estado de Derecho, tanto a nivel nacional como interno” y que “la Carta Orgánica y el Código de Ética no son meras formalidades, sino expresiones vivas de un compromiso colectivo con la institucionalidad”.
Así, tras considerar el caso, la comisión aconsejó el apercibimiento “en virtud del apartamiento normativo”. “La aplicación de un apercibimiento resulta adecuada para reprochar la conducta desplegada sin desconocer el contexto político imperante. Se trata de una sanción que permite dejar constancia de la infracción, sin menoscabar innecesariamente el derecho de participación ni afectar de manera irremediable su trayectoria política dentro del Partido”, señala.
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