Juan Pablo Decia reaccionó a las declaraciones de Eduardo
Sasson y Pablo Donnángelo —defensores de Daniela Cabral, viuda de Gasto Basso—,
en las que le sugirieron “repasar” el Código Penal después de que trascendiera
que buscara que las esposas de los socios de Conexión Ganadera dejen de cumplir
prisión domiciliaria y dijo qué prefieren las víctimas.
En este sentido, Decia calificó, en diálogo con Montevideo
Portal, las declaraciones de sus colegas como “una falta de respeto” y una
forma de “desviar el foco de lo que realmente se debe discutir” en el marco de
la investigación por la estafa millonaria.
“Habla, más bien, de ellos y de la clienta que defienden que de mí”, ratificó el abogado penalista y ahondó sobre la petición que presentará
este lunes 1° de setiembre ante la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de
Enrique Rodríguez, en la que planteará dos alternativas para Cabral y Ana Iewdiukow,
quienes cumplen prisión domiciliaria.
Decia sostuvo que el nuevo Código del Proceso Penal le
confiere a las víctimas “determinados derechos, entre los cuales se encuentra el
de ser oída”. “En el marco del derecho que tiene la víctima a ser oída,
escuchada y respetada, es que me voy a permitir solicitar una convocatoria de
una audiencia con fiscalía y con la defensa de los imputados”, sostuvo el
defensor.
El abogado afirmó que no realizó este pedido durante la
audiencia del pasado 17 de julio, en la que imputaron a Carrasco, Cabral e Iewdiukow,
debido a que la Fiscalía no notificó a las víctimas cómo las esposas de los
socios de Conexión Ganadera cumplirían su prisión preventiva.
“En lo que constituyó un hecho realmente atípico se procesó
en forma reservada el domicilio donde la señora Cabral iba a cumplir su prisión
domiciliaria y, en función de esa reserva, no tuvimos la oportunidad procesal de
pronunciarlos”, dijo Decia, quien desde un primer momento cuestionó que la
esposa de Basso cumpliera su prisión domiciliaria en el edificio Imperiale de
Punta del Este.
El abogado pedirá que se “convoque a una audiencia para que
se respete el derecho de la víctima a ser oída y, en el marco de ese derecho,
solicitarle al fiscal —que es el único titular de la acción penal y que tiene
iniciativa procesal— a que o bien cambie la prisión domiciliaria por una
prisión efectiva”.
En el caso de que Rodríguez no “participe de la visión” que
el penalista presentará, la alternativa será “solicitarle o hacerle ver al
fiscal que las víctimas estarían de acuerdo con que se le levante la prisión
domiciliaria a Cabral y a Iewdiukow a efecto de que no siga generándose un
beneficio en ellas que le permita, cuando le recaiga la condena, descontar uno
a uno la prisión domiciliaria que fueron cumpliendo”.
En su argumento, Decia insiste en que “si lo que se trata es
de evitar el riesgo procesal del entorpecimiento de la investigación, la
prisión domiciliaria, recibiendo testigos, terceros, haciendo todo lo que puede
hacer una persona desde su casa, obviamente ese riesgo no se evita en el régimen
de prisión domiciliaria”.
En ese sentido, el abogado sostiene que las víctimas “prefieren
que se le levante la prisión domiciliaria, que quede en plena libertad
ambulatoria, con las restricciones a salir del país, para que no siga
computando y por cada día de prisión domiciliaria un día de condena definitiva,
que eso en definitiva es lo que marca una profunda injusticia”.
Desde la cuenta oficial de X del bufete de Donnángelo y
Sasson, citaron una declaración de Decia publicada por el
periodista Eduardo Preve y aseguraron que, de ser “cierto el
entrecomillado”, su colega “debería repasar” el Código del Proceso
Penal y “algún que otro manual al respecto”.
Según los defensores de Cabral, debido a los artículos
221, 222 y 224 de la norma que rige para asegurar las garantías de una
causa, la víctima “no tiene facultades para requerir o modificar”
medidas cautelares sobre la “libertad ambulatoria de los imputados”.
“Las opciones saltan a la vista: o bien exhibe un desconocimiento
enciclopédico de elementales normas procesales o, lo que es peor, sus
declaraciones representan el punto de partida de un nuevo intento de
presión indebida a la labor de la Fiscalía y del Poder Judicial”,
agregaron.
Donnángelo y Sasson consideraron que, si bien no
comparten “en absoluto” la valoración que tiene la Fiscalía de Delitos
Económicos que encabeza Enrique Rodríguez sobre Cabral, reconocieron y
destacaron su “trabajo honesto y dedicado”. “La discusión
jurídica debe darse con altura”, finalizaron.
