Es importante que cada uruguayo lea esto y lo comparta, porque ha sido culpa de todos. Si no nos importa el motivo será que la sociedad uruguaya tiene una moral colectiva que repta en las cloacas.

Se llamaba Marcelo Ayala y tenía la mente de un niño en un cuerpo grande como un rancho. Una larga cadena de decisiones erróneas, arbitrarias y carentes de sentido común y humanidad, de varios sectores del Estado, lo llevaron a un penal, y del penal, a la muerte. Tenía un retraso mental de unos seis años y desde los cuatro estaba medicado. Creció al amparo de una humilde familia de Maldonado y sus padres se separaron cuando él tenía seis años. A los 17 se fue a vivir con su madre, empleada doméstica que vive en La Capuera, Maldonado, y trabaja en Montevideo.

Sus trastornos mentales lo llevaban a visitar a su padre continuamente, poniéndose violento y rompiéndole cosas de su casa, hasta que este, no sabiendo cómo sobrellevar la situación, lo denunció, sin sospechar que el remedio sería peor que la enfermedad. La Justicia le prohibió acercarse a su padre; pero el 1° febrero fue condenado por desacato a tres meses de libertad a prueba, ya que intentó ingresar sin permiso a la vivienda que aquel tiene en el barrio Cerro Pelado. Se le impuso una tobillera electrónica, la obligación de presentarse una vez por semana en la comisaría y realizar trabajos comunitarios cuatro horas por semana. Tras desacatarse, fue enviado a la cárcel por dos semanas.

Si se hubiera tratado de una persona normal, hasta aquí podríamos decir que la justicia actuó con criterio y hasta excesiva paciencia; pero no era el caso. Así comenzó el periplo de reclusión forzosa de un chico con una mente de 14 años. Debido a su desobediencia, terminó siendo condenado a 11 meses de prisión efectiva, la que comenzó a cumplir desde el 7 de marzo en la cárcel de Las Rosas. Lo que motivó esta medida fue que Marcelo se había presentado en la comisaría de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, para cargar la batería del rastreador de la tobillera electrónica, y al ver que lo estaban haciendo esperar innecesariamente, manifestó que necesitaba ir a la casa de su tía para tomar sus medicamentos. Al no recibir una respuesta positiva, insultó a los funcionarios y se fue, tirando y rompiendo el cargador, razón por la cual lo detuvieron y pusieron a disposición de la jueza, quien lo procesó por dos delitos de destrucción de dispositivo electrónico -ya que también había roto el que le pusieron la primera vez- y agravio a la autoridad policial. Ambos delitos fueron creados por la LUC.

En las actas firmadas por la jueza letrada Ana María Guzmán, en presencia de la fiscal María Elvira Olazábal y la defensora pública Sofía Pereyra Huelmo, se afirma que Marcelo cursó la secundaria completa y es “jornalero por su cuenta con caballos, maquinaria y jardinería”. Nada de eso era cierto; pero ya veremos de dónde surgió semejante fantasía.

 

¿Imputable?

En abril fue trasladado a la Unidad 4 de Santiago Vázquez (ex-Comcar) sin que se le comunicara a su familia. Allí se le confinó a una celda del módulo 12, donde van los reclusos con trastornos psiquiátricos. Marcelo se encontró solo, en un lugar donde aun en pleno invierno el agua es fría, y con un régimen limitado de visitas. El INR lo había evaluado y decidido que ése era el mejor lugar para recluirlo, ya que es gestionado por ASSE y se podría atender su patología.

En el mes de febrero, un profesional del ITF elevó un informe que decía: “Cursó primaria y secundaria completa sin repetir. Niega estudios terciarios. Cursos de cerámica, yeso, carpintería. Trabaja conduciendo maquinaria pesada, previamente trabajó de forma zafral en el rubro de la construcción”. Dicho informe fue determinante para que la jueza lo considerase imputable; pero tal como nos explicó Laura Gumber, su hermana, “el psiquiatra se limitó a poner por escrito los delirios de mi hermano”. El hecho es que jamás manejó maquinaria pesada ni fue a la UTU ni hizo la mayoría de las cosas que se plasmaron en el escrito.

Cuando la situación de Marcelo Ayala concluyó de la manera trágica que contaremos más adelante, la oficina del comisionado parlamentario se presentó en Fiscalía con un informe preliminar que señalaba: “Todo indica, y sobre el punto hemos consultado a varios especialistas, que Marcelo Ayala no tenía un trastorno de personalidad antisocial, sino un trastorno neurocognitivo del desarrollo, esto es, un retardo mental, cuyo desajuste generaba sus reacciones violentas y la incapacidad de relacionarse adecuadamente con los demás y superar las diversas adversidades materiales y afectivas que tuvo en su vida”. “El retardo de Marcelo era muy notorio, entre otros desajustes no lograba leer y escribir, realizar operaciones y apenas dibujaba su firma”. El comisionado parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit, agregó en su informe: “Su familia intentó, durante la vida de Marcelo, utilizar todas las herramientas posibles para atender su desajuste, consultando una y otra vez a sus docentes, responsables educativos, y llevándolo a diversas consultas médicas y psicológicas, viéndose desbordados por su situación, pese al gran afecto que le tenían y a los buenos momentos que tenían cuando el joven no estaba agitado.”

Por lo que antecede, Petit sugiere que a futuro “la valoración de la imputabilidad de una persona no se limite al dictamen de un perito”.

 

¿Quién se hace cargo de esto?

Pese al pedido de la familia para que lo internaran en un hospital psiquiátrico, se le aplicó la LUC sin el menor criterio. En Las Rosas sufrió quemaduras y nadie avisó a la familia ni de ese incidente ni de su traslado a Montevideo. “Ni siquiera nos dijeron a dónde lo habían llevado. Tuvimos que averiguar en todas las cárceles de Montevideo para ver dónde estaba”.

Su madre fue a verlo varias veces a Montevideo; pero no pudo verlo porque estaba castigado. Incluso se enteró de que lo dejaban a oscuras “para que no se hiciera daño a sí mismo”. El Día de la Madre habló con él desde lejos, a los gritos y ya dando muestras de un aumento de sus delirios.

Días después, los encargados del piso lo hallaron sin vida en su celda. Al momento de escribir esta nota nadie sabe el motivo; aparentemente no fue agredido por nadie, ni se suicidó, ni tenía alguna enfermedad cardíaca ni nada que pudiera afectarlo de manera fulminante.

La familia pasó mil peripecias para recuperar el cuerpo, ya que, en principio, en el penal se le dijo que el Ministerio del Interior se haría cargo del traslado a Maldonado; pero unos días después la decisión fue revocada y la familia tuvo que conseguir dinero para llevarlo. Luego de todo esto se enteraron de que al cuerpo enterrado le faltaba el corazón, que se lo habían extraído para continuar con la investigación forense.

Alguien se preguntará qué importancia tiene tal detalle; pero pónganse en el lugar de sus seres queridos y piensen en cómo este hallazgo macabro podría herir su susceptibilidad. La pregunta que me da vueltas en la cabeza es si en lugar de una familia de La Capuera o Cerro Pelado, fuera una familia de Pocitos o La Tahona. ¿Se habría tenido tan poca consideración en las comunicaciones?

El informe psiquiátrico no causó su muerte; pero inició la cadena de sucesos que desembocó en ella.

El día de su muerte, a las 8.00, dos funcionarios habían encontrado a Marcelo acurrucado contra la reja, en posición fetal, con frío, debido a que se había inundado su celda. Como no podía moverse, lo envolvieron en una frazada y en un colchón y lo llevaron a otra celda. Le tomaron la presión y el pulso y lo dejaron. Murió sobre el mediodía, aunque esto tampoco está claro.

No sabemos por qué motivo no se le llevó de urgencia a un centro médico. Una de las hipótesis más plausibles es que haya muerto de hipotermia; pero llama la atención que eso no se haya determinado en el largo tiempo transcurrido desde el deceso.

Ante tantas irregularidades y dudas, el comisionado parlamentario se presentó en Fiscalía, junto con la familia del joven, para pedir el esclarecimiento del hecho. En su informe, Petit declara algo contundente: “La afectación de salud mental de Marcelo Ayala en ningún caso puede ser debidamente atendida dentro de un sistema carcelario. Debió haber estado internado en un servicio especializado de atención de salud mental, apropiado para su afectación. Nunca en una cárcel, por mejor voluntad y dedicación que pusieran los funcionarios actuantes, iba a tener la atención que necesitaba. Mucho más aún en un sistema con hacinamiento crítico, insuficiente dotación técnica, insuficiente intervención programática y socioeducativa y locales en buena medida inadecuados”.

En cambio, la pericia realizada por el Dr. Alvaro Trindade, y por la que Marcelo fue declarado imputable, deja mucho que desear: “Examen psiquiátrico: periciado longilíneo, se presenta aseado y aliñado en ropas de calle acordes a la estación y su edad. Colabora con la entrevista, presenta un discurso con hilo conductor y finalista, sin ideación delirante actual en curso. Eutímico, sin ideas de muerte ni autoeliminación. Sin alteración de conciencia, sin elementos de exaltación del ánimo. Bien orientado en tiempo y espacio. No presenta elementos actuales de intoxicación o abstinencia para alcohol u otras drogas. Conductas basales: apetito y sueño conservadas. Nivel mental: normal, no presenta patología psíquica alienante”.

¿Cómo que “nivel mental normal” cuando una legión de profesionales, desde su infancia, declararon lo contrario y de los siete años a los 18 percibió una pensión por discapacidad? Entre otros, un escrito del Colegio Especial Creciendo Juntos informó que “su coeficiente intelectual es disminuido, no acompasando su edad cronológica, presenta problemas de conducta y toma medicación”. Las autoridades de dicho instituto manifestaron que cuando dejó de tomar sus medicamentos fue imposible continuar atendiéndole; pero medicado no presentaba problemas.

 

El ser humano detrás de la apariencia delictiva

“Tenía buenos sentimientos, aunque sus capacidades lo limitaban mucho”, me cuenta Laura. “Siempre hacía manualidades y artesanías que me regalaba. Tengo un cenicero que lo hizo con una madera. Si veía que tenías algo roto, él intentaba ayudarte, aunque siempre hacía desastres.”

“Eran cinco hermanos por parte de madre; tres mujeres y dos varones. Cuando mis padres se separaron, nosotras nos quedamos con mi madre y Marcelo y otro hermano, con el padre. Él siempre quiso vivir con nosotras; pero no había posibilidades económicas. A los 17 años se vino, tras una convivencia dificultosa con el padre, quien hizo todo lo humanamente posible para lidiar con su enfermedad. Marcelo era un niño en el cuerpo de un gigante. Era difícil controlarlo cuando no se medicaba. Los problemas comenzaron cuando decidió dejar los medicamentos”.

Los enfermeros comentaron a su familia que pasaba mucho frío. Al parecer, las cajas que le enviaban sus seres queridos con ropa y alimentos nunca llegaban a Marcelo. Cuando ingresó al sistema carcelario pesaba 125 kilos. Cuando murió pesaba 75.

La historia es más larga y más indignante de lo que pude narrar. Los hechos a investigar por las autoridades correspondientes son varios; pero está claro que:

* Las fallas se dieron en todos los niveles.

* Es inadmisible el peritaje que lo declaró imputable.

* Se hizo viajar una y otra vez, de manera infructuosa, tanto a la madre para verlo como al padre para retirar el cuerpo. Ambas personas cuentan con recursos económicos escasos.

* Se hirió a la familia de todas las maneras imaginables.

* La falta de humanidad y sentido común de varios profesionales actuantes parece difícil de explicar.

Sin importar las ideas políticas de quienes hayan leído esta nota, este no puede ser el Uruguay que soñamos. Los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo tendrán que tomar en cuenta el caso de Marcelo para poner un punto final a situaciones similares. El momento de cambiar las cosas no será dentro de un par de meses (quien piense eso es porque no está dispuesto a hacer nada); el momento es ahora y el reto va para todos los partidos. Esto debemos cambiarlo entre todos y de urgencia.

Mientras tanto, varios y en varias partes tendrán que pedir disculpas.

 

“Cuando mi madre lo fue a ver se descompensó y lloró como un niño. Decía que ya había entendido, que se quería ir con ella y que se iba a portar bien. No tenía noción de los días que llevaba ahí dentro y nunca supo que su condena era de 11 meses”. Laura.

 



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