Imputan en España a la cúpula de Hacienda de dos Gobiernos del Partido Popular

Un juez ha imputado al exministro de Hacienda español Cristóbal Montoro y a casi una decena de ex altos cargos bajo su mando, según desveló el miércoles La Vanguardia. Se les acusa de tejer una red de influencias para modificar leyes y reglamentos que favorezcan a empresas que pagaban a un bufete de abogados fundado por el exministro.

Montoro fue titular de Hacienda en dos Gobiernos diferentes. La primera vez bajo la presidencia de José María Aznar (1996-2004) y más tarde cuando dirigía el Ejecutivo Mariano Rajoy (2011-2018), ambos del conservador Partido Popular (PP).

Según el auto del juez, varios responsables del Ministerio de Hacienda de la primera etapa pasaron al sector privado cuando Montoro salió del cargo, pasando a formar parte de su despacho de abogados.

Más adelante, cuando Montoro recuperó el puesto de la mano de Rajoy, aquellos responsables continuaron en esa empresa, bajo el nombre de Equipo Económico.

Pagando por influencia para conseguir rebajas fiscales

El magistrado defiende que aquellos miembros del primer equipo de Montoro estuvieron trabajando desde el sector privado para lograr, a través de su influencia, que el segundo equipo del exministro modificase la legislación para beneficiar a empresas gasistas que habían contratado sus servicios.

En total se imputan delitos a 28 personas: altos cargos de las dos etapas de Montoro al frente del Ministerio de Hacienda, así como directivos y asesores de empresas privadas.

Se estima que las compañías gasistas, englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), lograron por medio de este esquema la aprobación de al menos dos rebajas fiscales, en 2013 y 2018.

Así, se encuentran imputados el exministro, nueve altos cargos de su segunda etapa en Hacienda y cuatro del primer período, en este caso por su actuación en el seno de Equipo Económico. En cuanto a las empresas, están imputadas Equipo Económico/Global Afteli, Air Liquide España, Praxair España, Carburos Metálicos, Abelló Linde y Messer Ibérica de Gases, así como algunos de sus directivos.

La investigación fue iniciada en 2018 aunque había permanecido bajo secreto de sumario hasta ahora. Los delitos que se investigan son cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.