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El PCC cuenta con 1.600 representantes en el exterior, que estrechan vínculos con grupos mafiosos como el clan Šaric, de Serbia, y la mafia calabresa ‘Ndrangheta (Italia), asegura el informe.
Según el informe, en Uruguay hay actualmente 116 integrantes del PCC, posiciionándose como el tercer país con más miembros en Sudamérica, solamente superado por Venezuela (617) y Paraguay (528). Mientras que en Bolivia detectaron 70 integrantes y en Argentina 28.
Los ingresos de la organización criminal fueron estimados en mil millones de dólares al año, que provienen, en mayor medida, del tráfico internacional de drogas, que ya representa el 80% de los beneficios del PCC.
El ascenso y la expansión transfronteriza se debió, para el fiscal Lincoln Gakiya, de Gaeco, a la «ineptitud del Estado». En primer lugar, el informe apunta contra el gobierno estatal de San Pablo porque «descuidó el sistema penitenciario, con las malas condiciones de cumplimiento de las penas, las penitenciarías abarrotadas, el episodio de Carandiru… Pero sobre todo porque negó la existencia de la facción durante casi una década».
Si antes el lema del grupo supuestamente era ayudar a los presos y sus familias, financiando abogados y viajes en autobús para visitar cárceles del interior, el escenario no tardó en cambiar, y el enfoque en los ingresos provenientes de diversas actividades criminales coincide con el ascenso a principios de la década de 2000 de Marcola, quien apostó sus fichas a que la principal fuente de ingresos sea el tráfico de drogas.
En ese sentido, en las últimas dos décadas, el PCC no sólo reforzó su hegemonía en las cárceles de San Pablo, sino que también expandió sus brazos por todo el territorio nacional, controlando la venta de drogas en múltiples puntos. Pero fue su último y más ambicioso paso, de echar raíces en Europa y estructurar el narcotráfico transancional, llamó la atención del gobierno estadounidense, por lo que en 2021, el PCC fue incluido en una lista de bloqueo por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de EEUU.
La internacionalización del PCC comienza hace 20 años con su instalación en la ciudad de Santos, ciudad que alberga el mayor puerto de Brasil.
Según el informe la influencia se forjó a partir de contactos con trabajadores portuarios, operadores de escáneres y otros trabajadores, que eventualmente vivieron en las comunidades en las que traficaban aseguró Gabriel Patriarca, investigador del Centro de Estudios sobre la Violencia de la Universidad de San Pablo. Patriarca subrayó que el ingreso de la facción al sector mayorista se consolidó en la década siguiente.
Aunque los barcos que salían de Santos habían sido utilizados durante mucho tiempo en el tráfico internacional de cocaína, la llegada del PCC profesionalizó el esquema, explicó el experto. El PCC consolidó el transporte de droga dentro de contenedores de carga, provocando que la escala del tráfico en Santos dejara de medirse en decenas y en cientos de kg, para pasar los actuales cargamentos de varias toneladas.
Mafias como las eslavas e italianas ya veían en Santos una ruta prometedora para obtener cocaína sudamericana, pero aún tenían que encontrar un socio ideal. Según la criminóloga italiana Anna Sergi, profesora de la Universidad de Essex (Inglaterra), el contacto con la organización brasileña no fue sólo una cuestión de oportunismo, sino que se manifestó cierta afinidad de los traficantes europeos con los miembros del PCC, por su capacidad para operar en los puertos porque, esencialmente, también operan como una verdadera mafia, como se define a los grupos que están interesados en acumular ganancias por medios ilegales y legales, así como en ganar poder y gobernanza extraterritorial, dice Sergi, puesto que, paralelamente a su expansión internacional, el grupo buscó encubrir actividades legales, incluida la prestación de servicios públicos, para lavar dinero de actividades criminales, otra práctica común de las mafias, sostuvo la especialista.
En abril, el Ministerio Público de San Pablo denunció el vínculo de la facción con el Estado en las ciudades de San Pablo, establecido hace casi una década.
Entre otros métodos, la organización criminal utilizó dos de las mayores empresas de autobuses de la capital para lavar los ingresos obtenidos del narcotráfico. El PCC, como señalan distintas investigaciones, está incrustado en el mercado formal, la política e incluso el Poder Judicial.
En los últimos años se ha producido una gigantesca expansión de la capacidad operativa, especialmente en los mercados transnacionales, con la cocaína a la cabeza, pero también con el oro, las armas y todo tipo lavado de dinero, afirmó Gabriel Feltran, investigador en sociología del crimen de la Universidad Nacional Centro de Investigaciones Científicas de Francia (CNRS) y autor de “Hermanos: una historia del PCC”.
Escrito por hiperactivafm
todaydiciembre 6, 2024
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