La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela volvió a traer al debate público algunos temas recurrentes en América Latina. Buena parte del sistema político uruguayo quedó entrampado en una perspectiva principista y legalista, pero alejada de una consideración ponderada de los hechos y de las víctimas. Peor aún, una perspectiva tributaria de un esquema de análisis funcional a los intereses de la izquierda revolucionaria. Parafraseando a Charly García, daría la impresión de que los carceleros de la humanidad lograron atraparnos de nuevo con la misma red.
Sólo así se explica que la razonable demanda de respeto a la soberanía no se haya balanceado adecuadamente, en la mayoría de los pronunciamientos, con la violación sostenida de derechos, garantías y libertades (incluida la soberanía nacional) que padecía y aún padece la sociedad venezolana, en manos aún de un régimen que comete crímenes de lesa humanidad sistemáticamente y pone al país al servicio de potencias extranjeras, como China, Rusia e Irán.
Conviene empezar por lo obvio, aunque hoy parezca incómodo decirlo: la soberanía nacional no es absoluta. El Derecho Internacional contemporáneo la reconoce como principio estructural del sistema, pero también establece límites cuando están en juego la dignidad humana y normas superiores del orden jurídico internacional. La primacía de los derechos humanos aparece con mayor nitidez cuando se vulneran normas imperativas (ius cogens) y se cometen crímenes internacionales graves que ningún Estado puede encubrir invocando “asuntos internos”.
En esos casos, se activa la responsabilidad internacional del Estado y la responsabilidad penal individual de mandos políticos, militares y de seguridad, que pueden ser perseguidos internacionalmente.
Así las cosas, la soberanía deja de operar como escudo para proteger criminales. Por eso, cuando un gobierno es ilegítimo y despótico, no puede invocar el respeto a la soberanía en su propio beneficio, ya que esta subsiste orientada a defender los derechos de su gente.
Por cierto, la intervención militar de Estados Unidos violó las normas internacionales porque no respeto los mecanismos previstos por esta, pero se aplicó de forma limitada (en su duración y afectación) y tuvo como efecto la detención de un dictador, principal responsable de un régimen criminal, y, por tanto, igualmente violador de la ley, incluyendo la que resguarda la soberanía de su país.
La disyuntiva, entonces, no era entre intervención o soberanía nacional. Mucho menos entre intervención o democracia y derechos humanos.
La disyuntiva era entre la perpetuación de semejante régimen y la apertura de una vía hacia la democracia y el respeto de los derechos humanos, al costo más bajo posible en vidas y sufrimiento humano.
Más que buscar retratarnos en nuestro principismo (“la comodidad moral puede ser una forma de cinismo”, decía ayer el periodista argentino Jonatan Viale) los partidarios de la democracia, los derechos humanos y la libertad, deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en exigirle al régimen que cese inmediatamente la violación de los derechos humanos y libere a los presos políticos, y a Estados Unidos que fuerce a la dictadura socialista venezolana a iniciar, lo antes posible, el camino hacia la democracia y la plena vigencia del Estado de Derecho.
De paso, deberíamos evitar que los carceleros de la humanidad nos atrapen de nuevo con la misma red.
