La lupa se posó demasiado tarde sobre las implicancias dañinas para Brasil en el Lava Jato y el papel que cumplió el Departamento de Estado de EE.UU.

Proscripto y encarcelado Lula, y destituida Dilma Rousseff, el huevo de la serpiente arrojó lo que ya se sabe. El acceso al Planalto de un ex militar que reivindica a la dictadura, la tortura y cuyo gobierno negacionista multiplicó las consecuencias de la trágica pandemia.

Ahora un grupo de 23 congresistas demócratas espera la respuesta del fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, para conocer de qué modo se entrometió la principal potencia mundial en los asuntos internos brasileños.

Lo que parecía imposible con Donald Trump, pasó con Joe Biden. Pero eso no quiere decir que hayan variado los intereses y la estrategia de la Casa Blanca para el país que preside Jair Bolsonaro. Quizá puedan conocerse más detalles secretos de las injerencias de Washington en la megacausa de corrupción que explotó en 2014.Algunos datos se difundieron hace tiempo. Son parte del lawfare que terminó con la hegemonía del PT en octubre de 2018 y permitió la llegada de la ultraderecha al poder.

El pedido de explicaciones al fiscal general Garland de los representantes del Partido Demócrata es una derivación de la carta que 77 legisladores brasileños les enviaron a sus pares de EE.UU en 2020.

The Nation, un medio progresista de Estados Unidos, difundió la solicitud de colaboración entre los congresistas. Citando al grupo de 23 demócratas, señaló que están preocupados porque “los recursos que deberían haberse destinado a una importante legislación estadounidense dedicada a combatir la corrupción se hayan utilizado indebidamente”.

Lawfare

Las irregularidades del proceso que llevó adelante el exjuez y exministro del actual gobierno, Sergio Moro, siguen ventilándose. Aunque todavía sin consecuencias importantes como las que espera la sociedad brasileña por los efectos devastadores que tuvo el lawfare para su democracia.

BBC News Brasil entrevistó al ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurelio Mendes, quien deslizó que si se probaran más delitos cometidos por el Poder Judicial en el Lava Jato caerían más sentencias como la que encarceló y proscribió al expresidente Lula.

Algunos de los hechos ya se conocen y tuvieron a Estados Unidos en un papel protagónico. Un trabajo publicado en la página de CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica) por la politóloga argentina Silvina Romano el 28 de mayo de 2017 señala que “la judicialización de la política tiene objetivos materiales claros. Sin necesidad de escudriñar demasiado, puede verse que el ‘árbol’ de la corrupción, parecería estar tapando un bosque: el desguace de la estructura económica brasileña”.

El objetivo así planteado perseguía mucho más que investigar las prácticas corruptas en la multinacional brasileña Odebrecht. El texto de la también investigadora del CONICET es prolífico en antecedentes del lawfare que sufrieron los principales dirigentes del PT. Explica además que “parece claro que una de las motivaciones del espionaje fue Petrobrás y el rol de Brasil en el mercado mundial de hidrocarburos”.

Una de las agentes del FBI que trabajó codo a codo con la Policía Federal de Brasil y los operadores judiciales en ese país al servicio del Departamento de Justicia de EE.UU es Leslie Backschies. Citada por Associated Press en marzo de 2019, dijo sin sonrojarse: “Vimos presidentes derrocados en Brasil”. También observó “mucha actividad en América del Sur. Odebrecht, Petrobras… Sudamérica es una región donde hemos visto corrupción. Hemos tenido mucho trabajo allí”. Nada nuevo, salvo el interés unidireccional de Estados Unidos en la corrupción de los gobiernos que no siguen como rebaño su política hemisférica.

 

Fuente: Brasil247 / Página12



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