Bajo la consigna “Alerta: trabajadores de la construcción en lucha”, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) realizó un paro en las actividades de construcción con movilización. Marcharon desde la planta hacía Paso de los Toros. Caminaron 14 kilómetros, con banderas y bombos, por una plataforma que reivindica mano de obra nacional, capacitación profesional; mejores condiciones de seguridad e higiene, salarios y beneficios; vivienda, alimentación y transporte; asistencia sanitaria; área social, criterios para los egresos de trabajadores y trabajadoras, y reinserción y categorización.

 

“En conflicto”

Actualmente, la planta retomó las actividades, pero trabajadores y trabajadores se manifestaron “en conflicto”. En diálogo con Javier Díaz, de la Dirección Nacional del Sunca, explicó que la paralización de actividades del pasado miércoles “no fue una medida aislada”, sino que responde a la falta de respuestas ante planteos que vienen realizando desde hace tiempo. “En la primera etapa de construcción, que abarca la obra civil, teníamos un convenio interno que venció a fines de agosto y la idea era, a partir de setiembre, discutir un nuevo convenio interno de cara a la segunda etapa de la obra que tiene que ver con el montaje y metal mecánico, oficios distintas a los de la primera etapa. En ese sentido, elaboramos una plataforma que discutimos a lo largo y ancho del centro de trabajo donde planteamos un conjunto de necesidades que requiere la obra en

este segundo período”.

 

Reivindicaciones

Además de la mejora salarial, Díaz detalló otros de los puntos de la plataforma reivindicativa que presentaron ante el sector empresarial, y de la cual “no obtuvimos respuestas suficientes”. En primera instancia exigen que en esta nueva fase del proyecto se concrete un acuerdo que priorice la mano de obra calificada uruguaya que, aseguró, hay disponible. “Es de público conocimiento que la industria de la construcción, en estos últimos diez años, hizo esfuerzos enormes en materia de capacitación profesional. No es la primera obra de este tipo, es la tercera pastera que se está construyendo en Uruguay y hay personas capacitadas para los oficios que se requieren. Además, venimos de realizar un conjunto de obras, como la de la refinería de La Teja, donde participaron miles de compatriotas en estos oficios”. Asimismo, plantean la posibilidad de profundizar en materia de capacitación profesional, apuntando a la reinserción de trabajadoras y trabajadores en el centro de trabajo.

Otra de las reivindicaciones refiere a los ingresos y egresos de quienes trabajan en la construcción de la planta. “No solo discutir ingresos, sino cómo nos vamos mañana de la obra. Pretendemos que la mayor cantidad de mano de obra uruguaya sea de localidades cercanas y que estas personas también sean las ultimas en retirarse”. Sobre este punto, el dirigente recordó que el proyecto de UPM 2 ha generado mucha expectativa en el centro del país y que, antes de instalarse, se desarrollaron varios cursos de Inefop con miras a la inserción en industria de la construcción. Esas expectativas no han sido colmadas porque muchos trabajadores y trabajadores no han podido ingresar. Sabemos que no todo el mundo va a poder trabajar en esta obra, pero pretendemos que tengan prioridad”, enfatizó.

Las condiciones de trabajo seguridad, higiene y salud laboral forman parte de otro capítulo de la plataforma. “Estos aspectos son muy importantes porque se van a desarrollar trabajos superpuestos en espacios confinados, por lo que consideramos que hay que reforzar al máximo posible en materia de salud laboral y medidas de seguridad. Como, por ejemplo, generar protocolos más estrictos para los días de lluvia, fortalecer atención médica (ambulancias, desfibriladores), así como profundizar en primeros auxilios. Reivindicamos el ingreso a la planta, pero no que el día de mañana no podamos volver sanos y salvos a nuestras casas”.

También están pidiendo fortalecer los servicios de transporte, alimentación y soluciones habitacionales para quienes trabajan en la obra. Con respecto al transporte, explicó que la única manera de movilizarse y llegar al sitio de trabajo en tiempo y forma es mediante un servicio de transporte centralizado. “Se hace necesario mejorar ese servicio porque, en la medida que la obra crece, se generan dificultades propias de la movilidad de miles de personas. A eso se suma que en la ruta 5 se están desarrollando obras en el puente de Durazno y en el intercambiador, y que la mayoría de los materiales que vienen para esta etapa de la obra viajan por tierra. Al haber más tráfico y aglomeración, se enlentece el tránsito de las personas que van a trabajar a la planta y también encuentran dificultades para regresar a sus hogares”.

Sobre la alimentación, Díaz recordó que hay tres comedores instalados dentro de la obra que proveen el almuerzo y que, actualmente, la plataforma apela a que puedan recibir también el desayuno y la cena. Por otro lado, reclaman soluciones habitacionales. “A diferencia de emprendimientos anteriores, este tiene la dificultad de que los trabajadores están más dispersos en las localidades cercanas a la planta, lo que dificulta acceder a la alimentación y a la vivienda. Queremos tomar medidas a futuro que garanticen la posibilidad de que aquellos que se trasladen a trabajar accedan a una solución habitacional”.

El dirigente también se refirió al ítem que plantea profundizar el ingreso de mujeres, personas con capacidades diferentes, liberados del sistema carcelario y del Inisa. “Estamos en debe porque todavía no se cubrieron los cupos acordados en la primera etapa del convenio. Pretendemos que se concrete lo establecido y, además, ver la posibilidad de ampliar los cupos”.

La plataforma también pide que se generen las condiciones necesarias para ampliar el marco de acción que realiza la Brigada Agustín Pedroza a lo largo y ancho de Uruguay. “Queremos generar un fondo extraordinario para fortalecer la solidaridad que despliega la brigada. Por ejemplo: hay una escuela en la zona cercana a la obra que atiende a gurises con discapacidad, y no tiene cerco perimetral. Queremos colaborar para mejorar la infraestructura de la policlínica de Pueblo Centenario y un conjunto de iniciativas que estamos discutiendo. El objetivo es que nuestra pasada por la localidad no sea solo en función de construir la tercera planta de celulosa, sino devolverle algo a la comunidad”.

El dirigente sindical contó que durante la movilización a pie hacia Pueblo Centenario recibieron el apoyo de del pueblo porque buena parte de las personas que habitan la localidad se sienten identificadas con los planteos realizados. “La plataforma trasciende la empalizada de la obra porque al reivindicar, por ejemplo, la posibilidad de que ingrese la mayor cantidad de trabajadores de las localidades a la planta, estás hablando de la calidad de vida de muchas vecinas y vecinos”.

 

Cuestionamientos

Díaz reconoció que la plataforma “puede ser considerada como extensa”, pero argumentó que se trata de un planteo que va del momento actual hasta la finalización de la obra y que es ahora el momento de discutir al respecto.

Consultado sobre la postura del gobierno, que entiende que las medidas que tomó el sindicato han sido “excesivas” y “apresuradas”, expresó: “No es ninguna novedad que el gobierno esté en contra de que los trabajadores se organicen y luchen. Es el mismo gobierno que apenas asumió, promovió, a través de la Ley de Urgente Consideración (LUC), un artículo que pretende reglamentar el derecho a la huelga y, además, el mismo gobierno al que más de 800.000 uruguayos y uruguayas les dijeron que no estaban de acuerdo con el articulado y ahora se tendrá que resolver en las urnas. Los trabajadores tenemos derecho a luchar y en eso no nos vamos a poner de acuerdo con el gobierno. De todos modos, considero que debería ser otra la postura en este conflicto: deberían preocuparse por generar y profundizar ámbitos de negociación para poder resolver estos diferendos”.

Uno de los jerarcas que opinó sobre las medidas de lucha del gremio fue el ministro de trabajo Pablo Mieres, quien manifestó ante la prensa que se estaba negociando un nuevo convenio laboral y que “la situación no justifica la paralización de las obras”. Por su parte, el subsecretario de trabajo, Mario Arizti, le dijo a El País que se trataba de medidas “excesivas”, ya que “hay todo un mecanismo de prevención de conflicto que hay que respetar”. “Esto es apresurado. Toda negociación tiene sus tiempos y las medidas deberían ser más graduales”, agregó.

También trascendió que para el presidente, Luis Lacalle Pou, se manifestó en contra de las medidas sindicales. Según declaraciones a los medios del titular del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Conrado Ferber, luego de una reunión que mantuvieron con el mandatario “el presidente se mostró muy preocupado, también lo considera incomprensible”.

Sobre estas expresiones, Díaz agregó: “Hemos estado discutiendo durante todo el mes con el sector empresarial y con UPM y las respuestas que nos han dado nos parecen insuficientes, por lo cual comenzamos a tomar una serie de medidas como las asambleas, paros sorpresivos y la movilización. Queremos darles estado público a nuestros planteos. “Con respecto a las medidas ‘excesivas y apresuradas’ quiero recordarle al gobierno y al pueblo uruguayo que parte de los planteos que estamos realizando en esta plataforma no son nuevos. Los venimos realizando desde hace tiempo, sin media hora de paro, y no hemos podido concretar un acuerdo. Es más, hubo comisiones de trabajo donde participó el movimiento sindical, tres años antes de instalarse la planta, en las que ya estaban presentes planteos sobre cómo se atendería el problema del transporte, de vivienda y alimentación, entre otros. Sin embargo, arrancó la obra y buena parte de esos planteos no se atendieron”.

En relación al convenio salarial, remarcó que es interno, para atender las situaciones planteadas, y que no se trata del convenio general de la construcción. “Dentro de este centro de trabajo convivimos miles de trabajadores y trabajadoras que no somos de la construcción, compañeros de otras ramas de actividad que no tienen convenio colectivo. Recordemos que el año pasado se firmó un convenio puente y que el gobierno estimó la pérdida de tres puntos de salario cuando se terminaron perdiendo seis de los que no se ha recuperado ni medio. Además, hasta ahora, muchos de esos compañeros no tuvieron ajustes de salario. No pueden pretender que no denunciemos y nos movilicemos. Tenemos derecho a organizarnos, manifestarnos y a luchar”.

Sobre la etapa que se viene, Díaz declaró que siguen en conflicto y que no se descartan ningún otro tipo de medidas, “ni siquiera la posibilidad de seguirnos movilizando la semana que viene”. A su entender, “dependerá del avance o retroceso de la negociación”.



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