Jefe de Telegram vuelve a criticar a Francia

El cofundador de Telegram, Pável Dúrov, arremetió contra las autoridades francesas, a las que acusa de librar «una cruzada contra la libertad de expresión y el progreso tecnológico» a raíz de la investigación penal que París ha abierto contra la red social X. 

«Los burócratas franceses están librando una cruzada contra la libertad de expresión y el progreso tecnológico. Utilizar investigaciones penales en lugar de normas claras para regular las empresas de Internet ahuyentará la inversión y perjudicará el crecimiento económico del país durante décadas», escribió Dúrov en su cuenta de X.

Caso penal contra X

De este modo, el empresario comentó la investigación penal a la que se ha sometido a la red social X, perteneciente a Elon Musk, por supuestamente manipular sus algoritmos con fines de «injerencia extranjera». 

La investigación se inició el miércoles, anunció la magistrada Laure Beccuau el viernes, y actualmente los fiscales están estudiando si el gigante de las redes sociales infringió la legislación francesa al alterar sus algoritmos y extraer datos de los usuarios. No obstante, las primeras investigaciones contra la plataforma iniciaron en enero, basándose en denuncias de funcionarios franceses. 

Simultáneamente, la Unión Europea también está investigando a X por las sospechas de que haya podido incumplir la normativa europea que regula las redes sociales, la Ley de Servicios Digitales.

Detención de Dúrov

Dúrov fue detenido el 24 de agosto tras bajar de su avión privado en la pista del aeropuerto de París-Le Bourget, adonde había llegado desde Azerbaiyán. Sobre él pesaba una orden de búsqueda emitida por las autoridades francesas, que lo acusan de varios cargos vinculados a «conspiración criminal» y «blanqueo de delitos», así como de permitir transacciones ilícitas a bandas organizadas y de facilitar crímenes relacionados con la criptografía, fraude o pornografía, entre otros.

Su detención temporal terminó el 28 de agosto, cuando fue imputado y puesto bajo vigilancia judicial con la condición de pagar una fianza de cinco millones de euros.