La Justicia condenó al Ministerio de Salud Pública (MSP) a
pagar una indemnización de US$ 10.000 por «daños y perjuicios» y
afectación moral al enfermero Marcelo Pereira, informó El Observador y
confirmó Montevideo Portal. Pereira y Ariel Acevedo fueron procesados con
prisión en 2012, acusados de haber asesinado a varios pacientes, y luego fueron
absueltos en 2015 por el Poder Judicial.

Ambos fueron acusados haber ocasionado la muerte a al menos
15 pacientes de la Asociación Española y del Hospital Maciel.

Pereira presentó una demanda contra el entonces subsecretario
del MSP, Leonel Briozzo, en el marco de una serie de demandas que realizó
contra el Estado. Pereira consideró que el jerarca “comenzó a dar entrevistas”
y a referirse a su persona “como que era un asesino serial, infiltrado en la
salud”.

En la denuncia, el médico consideró que el accionar de
Briozzo “le causó un perjuicio que le ha generado un gran daño moral”. “Fue
sometido al escarnio público sin medir en lo más mínimo el daño que se causaba.
Aduce que existe responsabilidad extracontractual del Ministerio de Salud
Pública”, señala el denunciante.

En el texto, al que accedió Montevideo Portal, Pereira
afirma que “el MSP lo tomaba como un asesino y la exministra de Salud Pública,
Dra. (Susana) Muñiz, decía que aconsejaba que no se acercara a la salud luego
de que recuperó su libertad”. “El Estado funcionó mal, ya que por culpa de sus
representantes, se causó un daño moral irreversible”, sostuvo.

“Debe tenerse en cuenta la repercusión de los hechos en
todos los diarios y canales de televisión, donde el subsecretario Dr. Briozzo
afirmó que se trataba de un asesino infiltrado en la salud. La esposa del
compareciente, Marcela Ramos, que trabajaba conjuntamente con él en el Hospital
Maciel como enfermera, tuvo que ser atendida por psicólogos y psiquiatras, y
estar certificada por casi 2 años. Debió abandonar su trabajo y desarrollarlo
en una policlínica en Canelones con un sueldo menor. Su familia cuando veía las
declaraciones del codemandado no tenía medios para defenderse y solo observaba
absorta lo que se estaba diciendo”, dice la sentencia judicial.

En ese sentido, se considera que “debe considerarse la
conmoción pública que produjo el accionar de la parte demandada”. El reclamo
inicial era por US$ 80.000.





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