Una campaña impulsada por el grupo australiano Collective Shout logró en pocos días lo que parecía impensado: que procesadores de pago como Visa, Mastercard y PayPal forzaran a plataformas de videojuegos como Steam e Itch.io a eliminar cientos de títulos con contenido sexual o explícito. La medida generó un efecto dominó que encendió alarmas sobre una creciente censura digital a nivel global.
La organización envió el 14 de julio una carta a varias empresas de pagos, exigiendo que dejaran de brindar servicios a plataformas que alojaran juegos que, según su denuncia, contenían “violencia sexual, incesto o violaciones”. En respuesta, Steam modificó su política interna y removió decenas de juegos. Un día después, Itch.io directamente eliminó toda su categoría de juegos para adultos, afectando incluso contenido que no estaba en la denuncia original.
“Fue una decisión urgente para proteger nuestra infraestructura de pagos”, explicó Itch.io, que pidió disculpas por no haber podido notificar previamente a los desarrolladores afectados.
La censura no se limitó a Australia. En paralelo, el Reino Unido activó su Online Safety Act, que exige filtros de edad, habilita bloqueos de contenido y ya derivó en la formación de una fuerza policial para monitorear opiniones políticas. Incluso Wikipedia fue presionada para autocensurarse.
En Estados Unidos, el Kids Online Safety Act (KOSA) —un proyecto de ley similar— fue presentado en el Congreso. Mientras tanto, en Europa se aplicaron restricciones de edad a sitios web, y los buscadores quedaron bloqueados en “modo seguro” en algunas regiones.
El caso del videojuego Mouthwashing, removido de Itch.io por presión indirecta de los procesadores, se volvió un símbolo de esta ola. Una petición en Change.org que exige a las empresas de pagos dejar de controlar el acceso a contenido legal ya acumula más de 147.000 firmas, con el respaldo público de Elon Musk, quien propuso lanzar su propia plataforma de pagos.
Los desarrolladores independientes fueron los más perjudicados. Muchos expresaron preocupación por la desaparición de contenido LGTB o por el precedente que sienta este tipo de censura privada sin marco legal claro. “Prohibir contenido sexual nunca se detiene ahí. Siempre termina afectando otras formas de expresión”, advirtió un creador afectado, según informó The Guardian.
Desde Collective Shout defendieron su accionar. Su directora, Melinda Tankard Reist, aseguró que la eliminación masiva no era el objetivo, pero que los procesadores tienen derecho a definir qué contenido permiten, según su “responsabilidad corporativa”.
Aun así, el temor persiste: ¿qué va a pasar cuando sean las redes sociales, las plataformas de streaming o los foros los que deban responder ante presiones similares? Para muchos, esta campaña marca un punto de inflexión en la lucha por la libertad digital.
