La pobreza tuvo un aumento evidente durante la pandemia. Más de 100.000 personas cayeron en ella según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, como expresión más dramática de un fenómeno de empobrecimiento general que abarca a casi toda la población. Hace tiempo que  es evidente que la mayoría de la gente ha visto reducida su capacidad de consumo mientras el gobierno se jacta del ajuste, pero algunos datos que han surgido los últimos días  ponen sobre el tapete el carácter trágico de lo que está pasando. Así, por ejemplo, supimos que la pobreza infantil en Salto creció un 44% en un año y ya hay 9.800 niños bajo la línea de pobreza en ese departamento.

La expansión de la pobreza infantil no es un proceso solo salteño y, según expresó la directora del INAU en representación del Frente Amplio, Natalia Argenzio basándose en el informe del Observatorio de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, creció a nivel nacional un 33% desde 2019, concentrándose ese crecimiento en el interior del país y en hogares constituidos por gente del interior que reside en Montevideo, y ya se cuentan más de 35.000 nuevos niños pobres con respecto a ese año.

Las cifras amargan, pero no sorprenden. Lo que tampoco sorprende, pero indigna, es la persistencia del gobierno en una política de contracción del gasto público que tiene una enorme responsabilidad en lo que está pasando. Y la tiene en un doble sentido: por un lado, el ajuste impacta en la actividad económica y en los ingresos de los uruguayos, pero además el ajuste impide que el Estado pueda atender la pobreza creciente con política sociales de contención o de mitigación de las consecuencias de este empobrecimiento. Así el Estado por un lado aplica una política económica que hace más pobre a la gente y, por otro lado, se priva de desarrollar nuevos programas o fortalecer los que existen para atender a la gente que va quedando por el camino. Incluso podríamos decir que es peor: porque no solo no despliega políticas para asistir a los más vulnerables, sino que desarma o desfinancia los programas que existían pata tales fines. En suma, un combo donde se achican los salarios, se aumentan las tarifas y, a la vez, se debilita o se retira la protección del Estado.

Este camino emprendido por el gobierno desde el arranque, y que constituye su orientación fundamental, su filosofía básica, va a seguir profundizándose con nuevos instrumentos o nuevas destrucciones. Todas las propuestas que surgen desde el Poder Ejecutivo se dirigen a eso: desde la iniciativa de ASSE sobre quitar a la Universidad de la gestión del programa de Unidades Docentes Asistenciales hasta las propuestas de la comisión de expertos sobre la seguridad social de extender la edad jubilatoria y bajar el porcentaje del sueldo que la gente accede cuando se jubila. En todo lo que hacen hay ajuste, debilitamiento de la capacidades públicas y empobrecimiento de la gente. No hay excepciones. Podríamos hablar del intento de desfinanciar el Instituto Nacional de Colonización o el discurso de los sobrecostos de Ancap contenidos en el famoso factor X que, a poco que se analiza, surge claro que lo que quieren además de desguazar Ancap es quitar los subsidios al supergás (con el que cocinamos todos) y al transporte de pasajeros.

En todo opera la misma lógica porque es un gobierno que le quita a la sociedad cosas: plata, servicios públicos, oportunidades de asistencia. Es un gobierno que gobierna contra el Estado y contra la gente que precisa del Estado que, cabe reiterar, es la inmensa mayoría. ¿Desde que comenzó el gobierno, alguien ha escuchado de algún programa novedoso que se trate de brindarle algo a la gente? Siendo generosos, solo podríamos incluir en esa lista el plan de vacunación contra la covid, pero tampoco hay que exagerar, porque bueno fuera que no hubiesen gestionado vacunas para proteger a la población en el medio de una epidemia que nos costó como 6.000 muertos y meses de suspensión de las actividades básicas que hacen funcionar a la sociedad.

Salvo ese programa de vacunación, nada. Ni un plan que se trata de dar algo o de ayudar a la gente. Todo es ajuste, retracción del gasto, supresión de programas, desfinanciamiento, debilitamiento del Estado, intentos de achicar las empresas públicas, de favorecer a su competencia, y medidas para bajar el salario real de los trabajadores activos y los ingresos de los pasivos.

No hay tampoco nada que pueda sorprender porque eso es lo que hace la derecha desde que el mundo es mundo. Apenas los protege de la repulsa el blindaje informativo y, cuando eso ya no basta, recurrirán a la represión de la protesta social. Hoy por hoy, lo único que los contiene o que los limita es el referéndum. Esas firmas juntadas los ha hecho detenerse porque saben que ahí se juegan algo grueso de su programa y hasta el propio futuro de su coalición. La izquierda tiene presente la importancia estratégica que tiene para el gobierno ganar ese referéndum, y sabe que el gobierno va a hacer todo lo que esté a su alcance para no perder. Toda la publicidad posible, toda la demagogia que se imaginen e, incluso, todas las medidas que se les ocurra para garantizar cierto humor social benévolo cuando llegue la instancia. Va a ser una campaña de distracción, maquillaje y oculatmiento, con todos los medios jugando para el poder real.



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