En enero, personal de la Dirección General de Represión al
Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) detuvo en el Aeropuerto Internacional de
Carrasco a una mujer que pretendía transportar dentro de una maleta con
compartimientos ocultos 4 kilos con 876 gramos de cocaína en un vuelo con
destino a Madrid.

Tal como informáramos, para la joven de 20 años se dispusieron
medidas cautelares por la “presunta comisión de un delito de exportación de
sustancias estupefacientes”.

A raíz de esto, los efectivos policiales lograron
rápidamente detener a otros dos hombres vinculados al hecho, ubicándolos en una
casa donde se incautaron 90,68 gramos de cocaína, 272,72 gramos de cristales,
dinero, una pistola, municiones y balanzas de precisión, informó el Ministerio
del Interior.

Además, se determinó que uno de estos individuos se dedicaba
a captar potenciales «correos humanos» para una organización dedicada
al tráfico de estupefacientes en Uruguay.

Como consecuencia de los hechos se logró la condena de un hombre
por un “delito de exportación de sustancias estupefacientes” a la pena de dos
años de penitenciaría y la formalización de otro de 38 años “por la presunta
comisión de un delito de comercialización de sustancias estupefacientes
imponiéndose la medida de prisión preventiva por un plazo de 120 días”, además,
uno de los hombres quedó en libertad.

En base a esto, Cristina Falcomer, titular de la Fiscalía de
Ciudad de la Costa de 3º Turno, dispuso el inicio de la operación “España”, la
que logró develar la mecánica utilizada por esta organización.

En principio se estableció que el grupo criminal financiaba,
a través de figuras responsables de administrar un mercado gastronómico de
renombre, la instalación y mantenimiento de un laboratorio clandestino de
producción de marihuana, dejando entrever también el acceso a una estructura
ideal para el posterior lavado del dinero.

Sin embargo, los integrantes de la organización no solo se
limitaban a financiar y llevar a cabo delitos vinculados con el narcotráfico,
sino también a la coordinación y ejecución de rapiñas a locales estratégicos de
diferentes rubros a lo largo del país.

Posteriormente, tras varias actuaciones, una relacionada a
esta operación que impidió la realización de dos rapiñas, y otras que
culminaron en diversos allanamientos, se logró desmantelar un laboratorio
clandestino, incautando todo el equipamiento, y se incautaron:

• 42 plantas de marihuana y cogollo ya empaquetado para su
distribución.

• 2.300 dólares y 142.610 pesos.

• Un revólver calibre 38, un rifle calibre 22 largo con
cargador y cinco cartuchos calibre 22.

• Tres vehículos.

• Dos celulares.

• Una balanza de precisión.

Respecto a los detenidos en los intentos de rapiña,
se condenó a cinco personas como “autores penalmente responsables de
un delito de asociación para delinquir en reiteración real con un delito de
desacato”, a la pena de ocho meses de libertad a prueba.

A los restantes 10 detenidos se los condenó por
asistencia a las actividades del narcotráfico, producción de drogas, asistencia
al lavado de activos, comercialización de estupefacientes y suministro de estupefacientes.





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