El gobierno lleva adelante un ajuste continuo que afecta desde el salario de los trabajadores hasta innumerables políticas públicas en diversas dependencias del Estado. Entre ellas, las políticas sociales y la enseñanza. Superada, por el momento, la etapa más acuciante de la pandemia, los gremios se movilizan para defender su salario, las fuentes y las condiciones de trabajo y, por supuesto, el presupuesto de los organismos. Se movilizan contra un ajuste que tiene consecuencias nefastas para el país, si se comprende que el país son, sobre todo, sus grandes mayorías, que necesitan del Estado y los servicios públicos, y no un conjunto pequeño de privilegiados que podrían prescindir de su existencia.

Pero, entonces, cuando los trabajadores se movilizan o hacen un paro de actividades en el ejercicio de sus derechos elementales, el mismo gobierno que gobierna contra el Estado, que perjudica al sector público de manera constante, carga sus baterías contra los movilizados sin ofrecer un solo argumento de fondo. Cuestionan a los que marchan por el riesgo sanitario, al mismo tiempo que ya habilitaron prácticamente todo,  cuestionan a las maestras por parar y “dejar sin comer a los niños”, a la vez que se han prodigado en afirmaciones contra los “derroches” de la alimentación escolar. Siempre operan intentando poner al pueblo contra el pueblo, deteniendo la causalidad en el punto en el que se les canta, sin observar que con idéntico razonamiento uno podría decir que el paro es consecuencia de las políticas de ajuste y, por transitiva, las políticas de ajuste son las que determinan los hechos que concluyen con los comedores cerrados.

Estas trampas argumentales no representan ninguna novedad. Se han utilizado toda la vida. Son una forma de manipulación extorsiva que busca que los sindicatos no ejerzan sus derechos. Partiendo de la base de que cada conflicto entraña siempre dificultades para toda la sociedad, siempre es posible cuestionar los paros de transporte por las personas que necesitan utilizarlo, los paros en la enseñanza por los estudiantes que quedan sin clase, los paros en la salud por los inconvenientes que producen y así con todo.

Pero soslayan que la huelga es una medida efectiva porque es la paralización la que, justamente, produce un impacto político, económico y social que excede el testimonio publicitario. Y los gobiernos y las empresas son conscientes de que esa medida de fuerza puede ser evitada siempre que no se actúe de forma flagrante contra los trabajadores que, por cierto, sacrifican parte de su sueldo para llevarla adelante, porque los paros se descuentan del salario. Esto último es crucial: los trabajadores no paran por gusto ni ante cualquier reivindicación, porque los trabajadores arriesgan sus ingresos cuando las llevan adelante y su salario es su única fuente de ingresos, nada más y nada menos.

 

Este gobierno es un gobierno netamente neoliberal y de derecha. Le molesta y mucho la oposición y, entre todas las formas de oposición, tolera muy poco la crítica pública y la movilización social. Es por eso que viven presionando a periodistas, incluso en las redes, militantes hasta cuando pintan muros, y orquestando persecuciones a los sindicatos. Es un gobierno que se lleva mal con la crítica y utiliza todo sus poder de fuego mediático y propagandístico para horadar la legitimad de sus opositores en el ámbito político y en la sociedad.

Por el momento, no ha recurrido a la represión, pero, desde que se conoció el texto de la Ley de Urgente Consideración, quedó meridianamente claro que no la descartan ni por asomo. Los gremios y sindicatos deben tener presente esa amenaza, porque es real en la medida en que las movilizaciones se incrementen y, sobre todo, si se producen flancos débiles que les permitan pegar y justificar. Ya han probado con sanciones arbitrarias, como la de los docentes de San José, sanciones a dirigentes sindicales en entes públicos, y provocaciones múltiples, como llamar a estudiantes de Magisterio por sus pintadas en el instituto Normal.

Es un gobierno que se muestra fuerte, pero cuya coalición es más débil de lo que aparenta, ha perdido mucha aceptación de la gente y enfrenta en pocos meses un referéndum que le puede derogar un tramo mayor de su programa de gobierno impuesto en una ley de tratamiento express en el medio de la pandemia y con la sociedad confinada. Las encuestas le dan mal para esa instancia, incluso las encuestas de sus encuestadoras preferidas. Ellos lo saben, anticipan el fracaso y buscan avanzar a como dé lugar mientras les queda tiempo de incertidumbre antes de que la sociedad soberana se pronuncie. Toda su estrategia es debilitar a la oposición ya. Deslegitimarla ante la opinión pública las 24 horas del día. Su mira está en el referéndum, sus adversarios los tienen bien identificados. Su estrategia es la denostación, por ahora. Pero puede profundizarse en la agresividad, si sienten que les conviene.



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